La Fiscalía desinfla la denuncia sobre la “caja B” de Podemos

Defiende que se acote la investigación solo a los contratos con una consultora para las generales del 28-A y descarta que dirigentes de la formación morada cobraran sobresueldos

La Fiscalía de Madrid es partidaria de que se acote la investigación por malversación a Podemos exclusivamente a los contratos que suscribió la formación morada con la consultora Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. En un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, el Ministerio Público se pronuncia por primera vez sobre el auto en el que se acordaba la apertura de diligencias de investigación relacionadas con determinadas actividades de Podemos, tras la denuncia interpuesta por el ex abogado del partido José Manuel Calvente por supuesta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias.

Sin embargo, de los hechos denunciados por el antiguo empleado de la formación política, el representante del Ministerio Público pide que solo se siga adelante con la parte de la investigación referida al contrato suscrito ente el partido y la sociedad mercantil Neurona Consulting para los referidos comicios, que ya está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas tras advertir la propia Fiscalía indicios de delito.

Sobre las otras cuestiones denunciadas -entre ellas la existencia de una supuesta “caja B” y el pago de sobresueldos a altos cargos del partido- concluye que algunas de ellas son “rumores, sospechas o suspicacias” mientras que para el resto no existen indicios que demuestren la existencia hechos delictivos. Incluso va más allá y apunta a la “clara” animadversión del denunciante respecto a Podemos (que le despidió tras presentar contra él otra letrada de la formación una denuncia por acoso que finalmente fue archivada). Para la Fiscalía, acordar la batería de diligencias solicitadas con esas premisas sería “completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática”.

Los sobresueldos no están acreditados

En cuanto a los supuestos sobresueldos, la Fiscalía subraya que fue la propia formación política la que impuso un límite salarial para todos sus miembros que no excediera de la suma de tres salarios mínimos interprofesionales. De acuerdo con la fecha de los hechos denunciados, según recoge el escrito presentado al juez, estaba en vigor esa normativa interna donde el límite se fijó para el año 2019 en 2.850 euros para los empleados sin persona a su cargo. De ahí que el Ministerio Público subraye que de las nóminas aportadas por el denunciante ninguna supera el límite fijado en 2019 por el propio partido, salvo el de una persona que tenía a su cargo un hijo de 20 meses.

“No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde”, afirma. Y pese a que admite que el cobro de cantidades por parte de trabajadores del partido por encima de las cantidades que el propio partido había fijado como límite ético podrá ser “discutible” desde su normativa interna, “no constituye hecho típico alguno”, al margen de que “ni siquiera aparece como acreditado este hecho a la vista de las nóminas aportadas y la normativa interna”, añade.

Calvente, quien trabajó como abogado para la formación política desde el 1 de agosto de 2014 al 2 de diciembre 2019, denunció a Podemos por financiación ilegal, blanqueo, administración desleal y revelación de secretos, aunque el instructor limitó la investigación a delitos de malversación y administración desleal. El letrado instó al juez a indagar en el destino de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la asociación #404 comunicación popular, en la supuesta licitación irregular de las obras de la sede morada en Madrid y en la presunta contratación fraudulenta de gastos de campaña y en el presumible cobro de comisiones en los contratos con Neurona Consulting, consultora vinculada al chavismo y que fue investigada por corrupción en Bolivia. Además, también denunció el acceso “inconsentido” al contenido del disco duro de otra abogada del partido, Marta Flor Núñez, quien precisamente le denunció por acoso.

Pero solo en los contratos con Neurona la Fiscalía aprecia la existencia de “indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo”, al advertir “elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto resultando además que es una empresa creada “ad hoc” para la prestación del servicio”. Del mismo modo explica que de la información bancaria remitida resulta que Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas (Creative Advice Interactive) por un total de 308.257,20 euros “cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores”.

Igualmente, reseña que todos los gastos que figuran en sus cuentas corrientes son los normales de prestación de servicios (Burguer King, Uber, Museo del Jamón..), así como comisiones al letrado que figura como administrador de la entidad, pero no constan “gastos de personal, medios materiales o locales” propios de una actividad empresarial”.

El Ministerio Público niega que se trate de una investigación prospectiva y rechaza la nulidad de las actuaciones que reclamaba Podemos, al tiempo que descarta que Calvente obtuviese de forma ilícita la documentación aportada a la causa, dado que su relación laboral con el partido, recalca, “no ampara el secreto profesional en lo que se refiere a la aportación de documentación relativa a cuestiones internas del partido”.

Calvente también señalaba posibles indicios delictivos en el cierre del portal de transparencia de Podemos, incumpliendo según él sus estatutos, en el nombramiento de la nueva gerente, en el cese del antiguo responsable de compras y en el nombramiento de su sustituto, en la falta de aprobación del presupuesto de 2019 y de las campañas electorales de 2019 y en el aumento de salarios del tesorero y del gerente presumiblemente por encima de los límites éticos fijados por el partido.

El letrado incidía en el descontrol de la caja de solidaridad de Podemos y denunciaba asimismo el pago de gastos “desproporcionados” y por conceptos no autorizados y la desaparición de la auditoria externa. No obstante, la Fiscalía entiende que aunque estos hechos pueden ser “discutibles” desde el punto de vista ético o de criterios de transparencia, “es claro que no revisten caracteres de delito”.

No ve adjudicación a dedo en la reforma de la sede

En relación a la adjudicación de fondos a #404, detrás de la cual según Calvente podía estar el diputado Rafael Mayoral, la Fiscalía afirma que “se trata de una asociación cuya finalidad es dar visibilidad a denuncias sociales” y puntualiza que no hay ningún indicio de que Mayoral se haya apropiado de los 50.000 euros a través de personas interpuestas “por más que se acompañen [los indicios] de relaciones y rumores obtenidos a través de internet”.

Y en cuanto a la supuesta adjudicación a dedo de las obras de reforma de la sede morada, la Fiscalía argumenta que Podemos pudo incumplir sus propias normas internas de licitación “con estándares de control muy superiores a la propia Ley de Contratos”, pero que en todo caso esos hechos no revisten carácter delictivo.

Calvente denunció que la diferencia entre el precio de adjudicación de 1.361.055 euros y el de licitación era de 649.936,68 euros porque “el presupuesto era muy inferior al valor real de las obras y que se bajó el importe para adjudicarlo a quien querían”. Pero la Fiscalía afirma que “ni siquiera el denunciante considera que el valor real de la obra no fuera el de 1.361.055 euros, sino que lo único que refiere es que la adjudicación fue a dedo” y no aprecia indicios de que existiesen vínculos personales o patrimoniales injustificados que determinaran la adjudicación “a dedo” por una cantidad superiores a la del supuesto valor real de las obras.

Por último, el Ministerio Público no aprecia tampoco indicios delictivos sobre las comisiones que habrían percibido según Calvente Mayoral y el ex diputado morado Juan Manuel del Olmo en los contratos señalados como “fraudulentos” con la consultora ABD. Se trata, dice, de meros “rumores, sospechas o suspicacias del propio denunciante”.