PSOE y sus socios avalan el paso directo de la política a la Fiscalía General

Rechazada la iniciativa del PP que pretendía que mediara al menos cuatro años desde que se ocupara un cargo político y que el candidato contara con el aval de dos tercios del Congreso

PSOE, Podemos y los grupos que apoyaron a Pedro Sánchez en la investidura, excepto Junts per Cataluña, impidieron ayer que se tramitara la Proposición de Ley presentada por el Partido Popular para que se tramitara una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que recogiese la imposibilidad de nombrar fiscal general del Estado a quien haya ocupado un cargo político durante los cuatro años anteriores. Y, además, se abogaba por la necesidad de que el candidato tuviese que contar con el aval de dos tercios del Congreso. Junto a ello, se establecía el que quien resulte elegido fiscal general no pueda ser renovado en el cargo, excepto en el supuesto de que haya estado menos de dos años. La iniciativa popular fue apoyada por Vox, Ciudadanos, JxCAT, UPN y Foro Asturias. La iniciativa del fue rechazada con 185 votos frente a los 160 que la respaldaron y dos abstenciones.

El diputado Luis Santamaría fue el encargado de defender la propuesta del PP. En su intervención, quien argumentó en su intervención que los objetivos de la propuesta de reformar el estatuto de la Fiscalía eran «salvaguardar la independencia judicial, defender el marco constitucional y mejorar el servicio público de Justicia».

“El ministerio 23 del Gobierno”

Tras calificar a la actual Fiscalía General del Estado como «el ministerio número 23 del Gobierno», volvió a justificar el rechazo del PP a renovar el CGPJ en que no se puede pedir «que facilitemos la entrada de Podemos en el último bastión que nos queda en el Estado de Derecho, a quienes han venido a destruir los consensos que guían nuestra convivencia».

Uno de los argumentos esgrimidos por el diputado popular fue que con esa Proposición de Ley se pretende “evitar el sonrojo a los españoles de ver a la Fiscalía General actuando continuamente como fiscal de parte”, por lo que, añadió, “proponemos desarrollar los principios constitucionales de independencia, imparcialidad y neutralidad” en la Justicia.

Junto a ello, se refirió también a la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. “No nos pidan que legitimemos con nuestro allanamiento su particular ascenso a los cielos, porque nos va en ello el Estado de derecho y nuestra libertad. No nos pidan que facilitemos la entrada de Podemos en el último bastión que nos queda en el Estado de derecho a quienes han venido a destruir los consensos que guían nuestra convivencia”, afirmó al respecto, para añadir a continuación que "¿Cómo se pueden buscar pactos mientras se amenazan los acuerdos básicos que guían nuestra convivencia democrática?”.

En la Proposición de Ley se destacaba que uno de los objetivos de la misma es “reforzar los valores constitucionales que sustentan a la Institución” de la Fiscalía General del Estado, así como la "necesidad de mejorar los mecanismos que garanticen la necesaria independencia, imparcialidad y neutralidad del máximo órgano de la Institución del Ministerio Fiscal. Junto a ello, se esgrimía que en la sociedad española existe una “percepción de debilitamiento del principio de separación de poderes” y que la Justicia necesita “consolidar su funcionamiento independiente y esto supone un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza de los españoles en la equidad y eficacia del sistema jurídico”.

“Berrinche político”

Por su parte, el PSOE, a través de su diputado Francisco Aranda, destacó que la reforma del PP había sido «elaborada en caliente» y que era más un «berrinche político» a partir de «una estrategia de deslegitimación y bloqueo».

Sus socios de Podemos han ido más allá al tildar la iniciativa de “obscenidad política” porque “si hay un partido que ha pretendido inmiscuirse en la acción del Ministerio Fiscal ese ha sido el PP” cuya propuesta “la venden como neutralidad” cuando “lo que pretende es la destitución de Dolores Delgado”.

En esa misma línea ERC ha destacado que “la ley no debe reformarse sobre la base de si nos cae mejor o peor la fiscal general, sino cual debe ser el modelo de la Fiscalía en el siglo XXI” ni tampoco su propuesta puede pasar por bloquear el nombramiento del fiscal general como hace ahora con el CGPJ.

En este mismo sentido, el representante del PNV sostuvo que al pretender el PP que el candidato a fiscal general sea avalado por dos tercios del Congreso “puede conducir a un bloqueo como el que sufrimos estos días” con el órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

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