El Gobierno “reflexionará" sobre el derribo de la Cruz del Valle de los Caídos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la nueva Ley de Memoria Democrática, que ampliará y mitigará las carencias de la normativa creada por el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, y que se prevé que pueda entrar en vigor en el primer semestre de 2021. De este modo, se permitirá la creación de fondos para reabrir fosas en un ambicioso plan de exhumaciones; un banco de ADN para las víctimas del franquismo; la retirada de los títulos nobiliarios y las condecoraciones vinculados a la dictadura; la anulación de las sentencias dictadas durante este periodo o la “resignificación del Valle de los Caídos” como un cementerio civil, entre otras cuestiones.

Esta resignificación del Valle de los Caídos provocará de facto la “extinción de la Fundación de los Benedictinos”, ya que, según el Gobierno, “no tiene sentido” con la nueva orientación que se quiere dar al lugar. Sin embargo, uno de los planteamientos que habían generado más controversia, la retirada de la Cruz de la basílica no tiene un destino claro. En Moncloa aseguran que se abre ahora un “periodo de reflexión” sobre qué hacer con la misma, aunque reconocen que su demolición “no está sobre la mesa en este momento”. La “resignificación” que quiere hacer el Ejecutivo del lugar supone un ejercicio de “explicación” de lo que fue y las circunstancias que rodearon su construcción. Dentro de esta idiosincrasia, la gran cruz tiene un “significado” como símbolo de lo que fue el nacional catolicismo y la vocación del Gobierno es que se “explique el monumento en su conjunto, incluida la cruz”.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha sido la encargada de explicar hoy el contenido de la norma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La nueva ley tendrá 66 artículos y cinco títulos con dos objetivos fundamentales: la defensa y la necesidad de conocimiento de nuestro pasado y el reconocimiento, la reparación y la dignidad y justicia para las víctimas.

Además, la ley tendrá como punto más destacado la persecución e ilegalización de aquellas actitudes u organizaciones y asociaciones que hagan apología de la dictadura, entre ellas, la Fundación Francisco Franco, que no podrán contar con recursos públicos. “No podrá haber fundaciones que enaltezcan totalitarismos o figuras totalitarias que son todo lo contrario a la Memoria Democrática que nos ha traído hasta aquí”, aseguró la vicepresidenta primera. En el caso de la Fundación Francisco Franco se precisa que, aunque no reciba fondos públicos, sí cuenta con “elementos no acordes o contrarios a los intereses generales” por la apología del franquismo, por lo que se perseguirá su extinción por esta vía.

Para paliar este tipo de actitudes habrá un importante capítulo de medidas punitivas, con sanciones que oscilarán entre los 200 y los 150.000 euros para quienes incumplan la ley, incurriendo en comportamientos de apología o de desprecio a las víctimas, con especial atención a la publicidad que se haga de ellas a través de las redes sociales. Las multas irán de los 200 a los 2.000 euros en el caso de las infracciones leves; de 2.000 a 10.000 euros en el caso de las graves y de 10.000 a 150.000 euros en el caso de las muy graves. De máxima gravedad se tipificarán conductas como el traslado de restos de víctimas sin autorización, la destrucción o menoscabo de fosas o lugares de memoria. También los actos de exaltación con publicidad o de humillación y de descrédito de las víctimas.

Y es que el objetivo de la norma es poner a las víctimas del franquismo en el centro, para enmendar el perjuicio al que se han visto sometidas durante años. La vocación del Gobierno es que “nunca más” España pueda perder sus libertades. “Ahora nos toca profundizar y mejorar una ley para la democracia, que tiene que ver con el pasado pero también con el presente y el futuro”, ha señalado Calvo. En este punto se señala además que la ley incorporará tres visiones innovadoras: perspectiva de género, por la que el Panteón de Hombres Ilustres pasará a denominarse Panteón de España y se reivindicará a la etnia gitana y la identidad sexual, como condicionantes que promovieron una particular represión durante la dictadura.

Sin “Comisión de la Verdad”

De la nueva Ley de Memoria Democrática ha quedado fuera uno de los aspectos más controvertidos de su anuncio inicial: la promoción de una “Comisión de la Verdad”. En 2018, la entonces ministra de Justicia y hoy Fiscal General, Dolores Delgado, la presentó con el objetivo de “asegurar el acceso a la verdad mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo”. La idea era que estuviera integrada por expertos en una suerte de órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido. Sin embargo, esta idea generó cierta polémica por lo que se acabara entendiendo por “verdad” y finalmente el Gobierno ha decidido no darle cabida en la ley. “No está como tal”, han confirmado fuentes del Gobierno, apuntando que sí se garantizará la “investigación sobre las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante la dictadura”.