Los «capotes» de la Fiscalía de Delgado al Gobierno

La actuación de la Fiscalía está escrutada con lupa desde que Pedro Sánchez eligiera para sustituir a María José Segarra al frente de la institución a Dolores Delgado, quien pasaba así sin solución de continuidad de ministra de Justicia del Gobierno socialista a fiscal general del Estado. La decisión generó una oleada de críticas desde diversos sectores del mundo judicial, que alertaban de que en nada iba a contribuir a disipar las perennes críticas a la falta de independencia de la institución. Sobre todo, cuando como ha sucedido finalmente, la Fiscalía ha tenido que pronunciarse sobre la gestión del Gobierno (en la pandemia de la Covid-19) o alguno de sus miembros (el vivepresidente Pablo Iglesias en el «caso Dina») o de los socios del Ejecutivo de Sánchez (la investigación de la supuesta «caja B» de Podemos).

Tras el lapsus del presidente del Gobierno afirmando que la Fiscalía «depende» del Ejecutivo, la fiscal general del Estado se esforzó en insistir –en el pasado acto de apertura del año judicial– en que el futuro de la institución pasa por «conquistar mayores cotas» de autonomía. Un anhelo que no le ha librado de las críticas a la posición que ha mantenido el Ministerio Público en las ocasiones en que el Gobierno de Sánchez se ha cruzado en su camino. La última, y la que ha generado más polémica, la petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo de que se archiven una veintena de querellas presentadas contra el Ejecutivo por su gestión de la pandemia. Pero no ha sido la única.

Ya en la investigación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar las marchas del 8-M pese a la situación sanitaria, la Fiscalía solicitó el archivo de la causa al no apreciar indicios de delito. Aunque en ese procedimiento –que al final archivó la instructora– fue fundamentalmente la Abogacía del Estado la que defendió las decisiones adoptadas por el Ejecutivo –reprochando incluso a la juez Carmen Rodríguez-Medel de lanzarse a «una búsqueda voraz de indicios» contra el Gobierno– la Fiscalía pidió que se revocara el auto de apertura de diligencias al no ver indicios de prevaricación.

Entre otros argumentos, expuso que dado que la OMS declaró la pandemia el 11 de marzo, tres días después de las concentraciones feministas, resultaba «prácticamente inverosímil» pretender que Franco conociese que de no haber permitido el 8-M «habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad».

En otro tribunal, la Audiencia Nacional, la Fiscalía –en este caso Anticorrupción– también se vio salpicada por la controversia cuando solicitó al juez Manuel García Castellón el pasado mayo la comparecencia de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham para que exculpara a Pablo Iglesias de la destrucción de la tarjeta SIM del móvil que le robaron en noviembre de 2015. El magistrado no solo rechazó esa posibilidad, sino que expulsó al líder de Podemos de la causa –donde estaba personado como perjudicado– después de que Bousselham reconociera que había compartido los pantallazos de sus conversaciones con Iglesias (entre ellas una en la que afirmaba que «azotaría» a la periodista Mariló Montero «hasta que sangrara»).

En esa misma causa (en la que Iglesias podría incluso terminar imputado por denuncia falsa tras denunciar una operación contra él de la Policía patriótica ejecutada por Villarejo), los vínculos de uno de los fiscales Anticorrupción del caso con la abogada de Podemos cuestionaron también la actuación del Ministerio Público y acarrearon incluso una investigación por parte de la Fiscalía de Madrid.

Antes de abogar por dar carpetazo a las querellas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia, la Fiscalía también ha abogado por acotar la investigación sobre la supuesta financiación irregular de Podemos –denunciada por un ex abogado del partido– a los contratos que suscribió con la consultora Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

Aunque el juez instructor aún no se ha pronunciado, el Ministerio Público redujo a «rumores, sospechas o suspicacias», o a la «clara animadversión» del letrado hacia Podemos– el resto de denuncias sobre la presunta «caja B», el presumible pago de sobresueldos y la supuesta adjudicación «a dedo» de las obras de reforma de la sede morada en Madrid.