Dignidad y Justicia critica que haya recursos para investigar crímenes de la Guerra Civil y no los de ETA sin resolver

La Asociación Dignidad y Justicia arremete contra el distinto rasero que aplica el Gobierno con las víctimas del terrorismo frente a las de la la Guerra Civil. Ante el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros ayer, por el cual inicia la tramitación del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, la asociación que preside Daniel Portero lamenta que, las víctimas del terrorismo se vean “ninguneadas” una vez más, en esta ocasión con este anteproyecto. “Vemos como, en la Audiencia Nacional, lo más que hemos conseguido es el nombramiento de un fiscal coordinador de los casos de asesinato sin resolver cometidos por la organización terrorista ETA, sin haber conseguido los objetivos propuestos”debido a la escasez de medios materiales y humanos para “poder revisar los más de 370 casos sin resolver” muchos de los cuales, aún no han prescrito. Sin embargo, critican que sí que hay recursos suficientes para crear una Fiscalía de Sala para la investigación de hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución, con funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.

Dignidad y Justicia critica “el despliegue de medios para la creación de esta fiscalía en el Tribunal Supremo, en la que se le atribuyen al fiscal, funciones más propias de un historiador que de un investigador del Derecho”,- teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos que son objeto de regulación en este anteproyecto y la prescripción de los mismos-. Sin embargo, advierten de la “falta de voluntad” por parte de la Fiscalía General del Estado, de impulsar la causa por delitos de lesa humanidad por los crímenes cometidos por la organización terrorista ETA, abierta en la Audiencia Nacional, a pesar de haberse dictado Auto de procesamiento desde el año 2015, y siendo imprescriptibles estos delitos, concluyen.