Moncloa: “Los benedictinos se lo han ganado a pulso”

Huérfano de los restos de Francisco Franco, el Valle de los Caídos afronta casi un año después de la exhumación un futuro muy distinto. El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado por el Consejo de Ministros prevé que el complejo, donde descansan 30.000 víctimas de la Guerra Civil de los dos bandos, se convierta en un cementerio civil.

El Gobierno, según ha podido confirmar LA RAZÓN, no va a hacer nada con la inmensa cruz, cuyo derribo planteó Unidos Podemos hace dos años, petición que amplió esta primavera a todo el recinto el Grupo de Izquierda Confederal –que integran las formaciones de Ada Colau e Íñigo Errejón–. De hecho, la intención del secretario de Estado, Fernando Martínez López, es precisamente que siga en pie para utilizarla como elemento pedagógico visible sobre lo que supuso el nacionalcatolicismo, dentro del gran centro de interpretación de la Guerra Civil y la Dictadura que quieren levantar en el recinto.

Quien sí está sentenciada es la comunidad benedictina, abocada a una próxima salida, al fulminar la fundación que gestiona el Valle, propiedad del Estado. La vicepresidenta primera Carmen Calvo ha asegurado que la orden religiosa «se extinguirá automáticamente» porque, según sus palabras, «ya no tiene ningún sentido en relación al nuevo objetivo del Valle de los Caídos en términos de Memoria Democrática». En los pasillos de Moncloa se ha llegado a afirmar incluso que «se lo han ganado a pulso después de su resistencia a la exhumación de Franco».

Los monjes se muestran superados , aunque ya han vivido tiempos convulsos. Llegaron a Cuelgamuros el 17 de julio de 1958 con la misión de rezar por los caídos en la contienda civil. No se sabe exactamente cuántos viven en el Valle de los Caídos, pero la cifra podría rondar la veintena. La existencia allí de una comunidad de benedictinos se reguló en función de un Decreto-Ley, con fecha de 23 de agosto de 1957 por el que se establecía la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. En el artículo quinto se estipulaba que la abadía benedictina tendría «carácter independiente» y debería contar «con un mínimo de 20 monjes profesos con el correspondiente Noviciado».

Los monjes dependen de la Abadía de Solesmes (Francia), y el Arzobispado de Madrid –al que pertenece territorialmente la comunidad–, aunque no se va a pronunciar hasta que no estudie a fondo el anteproyecto de ley, sí ha negado que vaya a haber extinción alguna, y asegura que en todo caso los benedictinos serían trasladados a otros monasterios de la orden entre la veintena que hay en España, entre ellos el de Santa María del Paular en Madrid, el de Montserrat en Cataluña o el de Santo Domingo de Silos en Burgos.

Fuentes del entorno de la comunidad monástica aseguran que oficialmente no se van a pronunciar por ahora, pero su sensación es que es inaudito que en medio de la crisis económica producida por la pandemia de coronavirus se esté perdiendo tiempo y dinero en estas iniciativas, en su opinión, algo que no solo piensan ellos.

Tienen claro los monjes que lo que se busca es la desacralización de la basílica, aunque tal vez se le ponga a la Iglesia el cebo de su salida para que el Arzobispado de Madrid se haga cargo de la gestión del culto, indican estas fuentes, que consideran que ese gesto sería un engaño y los fieles no se lo perdonarían al cardenal y arzobispo Carlos Osoro. Todo para que, unos pocos años después, echaran también al Arzobispado y culminara el proceso para anular el sello religioso del recinto.

Estas fuentes apuntan que abandonar a los monjes a su suerte ante el Gobierno pasaría a la jerarquía eclesiástica una factura todavía mayor que la desafección sobrevenida en muchos católicos tras el silencio de la Iglesia con la exhumación de Franco.

Una vez los religiosos fuera, Patrimonio Nacional podría hacerse cargo directamente del lugar. Otra opción sería modificar los estatutos de la Fundación del Valle, y que un nuevo patronato público asumiera la gestión.

El Gobierno podría entonces centrarse en exhumar a víctimas enterradas contra su voluntad en Cuelgamuros y trabajar en la resignificación del monumento. Calvo ha adelantado que ello implicará «mover algunos elementos» y reflexionar «sobre cómo puede ser el espacio que vaya a quedar», además de transformarlo en un cementerio civil «para la paz, el perdón y el descanso de las víctimas».

Entre los planes de futuro está la reubicación de los restos de José Antonio Primo de Rivera. El fundador de la Falange sí fue un caído en la contienda, por lo que tiene derecho a permanecer en el Valle, pero no en lugar tan destacado de la basílica, según el Ejecutivo. La alternativa es que sea reinhumado en una capilla lateral o en otra zona no tan «preeminente» como la que ocupa.

Respecto a lo que pueda pasar en Cuelgamuros, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), muestra su preocupación ante el anuncio de «resignificación» del recinto, por lo que examinará «la argumentación en la que el Gobierno intente sustentar jurídicamente» su actuación y, «por supuesto nos opondremos en los tribunales a lo que esta asociación considere improcedente o contrario a la ley», según un comunicado.

Considera la ADVC que la aprobación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática supone «una discriminación y persecución por motivos de opinión e ideológicos insoportable para la ciudadanía y contraria a los artículos 14 y 16 de la Constitución, a los artículos 1, 7 y 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea».

La asociación defiende que el complejo, «pese a quien le pese, se erigió como lugar de paz, reconciliación y concordia», y considera que «proyectos de ley como el que nos ocupa obedecen a un espíritu contrario».

La ADVC, que lleva desde 2009 defendiendo Cuelgamuros y una vez consumada la exhumación de Franco denunció que a continuación tocaría la «destrucción del mismo Valle», anuncia además «cualquier iniciativa de tipo legal, incluyendo las que competan a organismos y tribunales internacionales en defensa de las familias de caídos inhumados en el Valle de los Caídos cuya representación legal ostenta».

La entidad que preside Pablo Linares se niega a que esos restos sean «removidos, trasladados y ni mucho menos sometidos a proceso de identificación forense de cualquier tipo». Estas familias –unas 150, «y subiendo por la polémica», según Linares– «ya pusieron de manifiesto su negativa de permiso, por escrito, ante Patrimonio Nacional». La asociación expone además la «extrema dificultad» que supondría la retirada e identificación de los restos desde el punto de vista jurídico y técnico, algo recogido en informes encargados por el propio Gobierno.

La ADVC lamenta que para el Ejecutivo «parece haber muertos de primera y de segunda», y cree que no ha sido «mínimamente ecuánime», porque «al parecer las miles de víctimas en la retaguardia republicana no son motivo de preocupación para un Gobierno que se cuelga el cartel de democrático».

Por su parte, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, considera que la hipotética demolición de la gran cruz que preside el Valle de los Caídos sería una acción «al más puro estilo talibán». Ante la idea de convertir el Valle en un cementerio civil y expulsar a los benedictinos, Chicharro afirma que le gustaría conocer la opinión de la Conferencia Episcopal o incluso del Papa, porque esa acción supondría desacralizar un cementerio religioso. «Es una pena la actitud de la jerarquía eclesiástica», lamenta.

Chicharro aseguró contar con el apoyo de Santiago Abascal en contra de la Ley de Memoria Democrática y la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, confirmó ese respaldo este jueves. Vox va a recurrir una norma que considera vulnera «derechos fundamentales».

Mientras, los monjes con su abad Santiago Cantera al frente, aguardan acontecimientos, entre la incredulidad y la amenaza cierta de mudanza.