Unión Europea

El PP impulsa una reforma de la euroorden para incluir el delito contra la integridad constitucional

Propone que se pueda aplicar automáticamente la euroorden a los acusados de atacar la integridad constitucional de un Estado miembro de la UE. El objetivo es que los delitos graves impunes

Vista general de la sala de plenos del Parlamento Europeo
Vista general de la sala de plenos del Parlamento EuropeoOLIVIER HOSLETEFE

El Partido Popular y Ciudadanos han hecho frente común en la Eurocámara para poner en marcha modificaciones en el sistema de euroórdenes europeas. Tras los varapalos recibidos en diferentes tribunales europeos en el caso del ex president Carles Puigdemont, el eurodiputado del Partido Popular Javier Zarzalejos propone ampliar la lista de delitos en los que le entrega de un acusado se produce de manera automática.

En el dictamen presentado ayer en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Zarzalejos propone que el listado actual incluya otros cargos como “el ataque a la integridad constitucional de los Estados miembros; los delitos contra el orden público, la usurpación de identidad, los crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad, los abusos sexuales y determinados delitos relacionados con el medio ambiente”.

Actualmente, el procedimiento de euroorden entre los países europeos contempla una lista de 32 delitos que exigen una entrega automática a las autoridades del país que así lo reclamen. En el resto de los cargos , las autoridades judiciales del Estado que realiza la entrega deben dilucidar si existe la conocida como doble tipificación y este delito está también incluido en el ordenamiento jurídico del país que ejecuta la euroorden.

De esta forma, un prófugo de la justicia sólo puede ser juzgado en el país que le reclama, una vez ejecutada la euroorden, por el delito acotado por los tribunales del país de huída. Ante las dudas sobre la doble tipificación de los delitos de sedición y rebelión dentro del código penal belga, esto llevó al Tribunal Supremo español a retirar la primera euroorden contra Puigdemont en el año 2018. Por eso, el texto presentado ayer defiende “una política coherente en materia de reconocimiento mutuo para evitar respuestas diferente ante las mismas cuestiones”.

Aunque en este informe Zarzalejos considera que la euroorden “es una historia de éxito y por lo tanto no está en cuestión, sí existe margen para su mejora”. Dentro de estas propuestas para hacer más eficiente y sencillo el proceso, el eurodiputado del partido popular también aboga por “una lista negativa” en la que cada Estado miembro establecería los delitos respecto a los cuales no pondría en marcha la entrega, esto podría incluir asuntos de máxima sensibilidad política como el aborto o la eutanasia. Esta “listas negra” podría sustituir al listado actual de tan sólo 32 delitos.

Además , este texto pide que el ejecutivo comunitario tenga mayor capacidad para castigar a los países que no cumplen las normas de aplicación de la euroorden. Un estado europeo también puede denegar la entrega si puede fundamentar que el Estado peticionario va a conculcar los derechos fundamentales del acusado durante el periodo de detención y el juicio. Además, el texto también propone que determinados delitos como el trágico de seres humanos, la explotación sexual de menores o la pornografía infantil pasen a estar castigados con un umbral mínimo de 3 años de pena, lo que conllevaría la ejecución automática de la euroorden.

Este proceso de entrega entre países europeos está operativo desde el año 2004 y sustituye a las órdenes de extradición que tienen lugar con los países que no pertenecen al bloque comunitario. Desde el año 2005, han tenido lugar unas 56.000 órdenes de entrega entre los Estados europeos. En 2017 se ejecutaron 6.317 órdenes y en 2018 casi 7.000. En 2017 se denegaron 796 peticiones y tan sólo 109 respondieron a la supuesta vulneración de derechos del detenido.

Tras la presentación de este informe, los diferentes grupos políticos podrán enmendar el texto hasta el voto en el pleno del Parlamento Europeo en noviembre. Aunque la iniciativa legislativa corresponde en exclusiva al ejecutivo comunitario, la Comisión Europea puede incluir alguna de estas ideas en cualquier propuesta de reforma. El comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, participó ayer en la presentación de este informe.