Casado veta que sus autonomías pidan el estado de alarma

Las comunidades reclaman criterios comunes en confinamientos y aforos y más ayuda de la Policía. En Madrid el foco está en cómo blindar de forma eficaz 37 zonas

Los máximos responsables de los gabinetes de Moncloa y del Gobierno de Madrid, Iván Redondo y Miguel Ángel Rodríguez, han estado coordinando durante el fin de semana las decisiones que tendrán que ponerse en marcha a partir de hoy para garantizar en esta comunidad los confinamientos selectivos y el orden público. La segunda ola avanza bajo la sombra de la alarma y en un contexto social que no tiene nada que ver con el de los meses del primer confinamiento general del país. Hay tensión, hay malestar y el clima de protesta está también al alza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó el sábado por la noche, en «La Sexta», que no prevé volver a declarar un estado de alarma a nivel nacional. La vía es otra, y pasa por las decisiones autonómicas. Si estos Gobiernos regionales aciertan en sus estrategias o, si hiciera falta, que pidan el estado de alarma en el Congreso. Pero este otro camino está vetado para las comunidades del PP por su líder nacional, Pablo Casado. Supondría incurrir en una contradicción consigo mismo. El Gobierno no se mueve de su negativa a modificar la legislación ordinaria. Génova tampoco se mueve del pulso jurídico y nominativo sobre quién y de qué manera se activa el instrumento necesario para garantizar la máxima eficacia en las medidas de restricción de movimientos que exige el recrudecimiento de la pandemia.

En las últimas horas previas a la cumbre de Sol, la atención está puesta en el despliegue policial, incluso de efectivos del Ejército, para blindar y rastrear el confinamiento de casi un millón de habitantes, repartiros en 37 zonas de 6 distritos y en 8 municipios. Un consejero del Gobierno regional con competencias en el dispositivo necesario confirmaba anoche a este diario que confían en que el Gobierno de la Nación «dará todos los recursos que se pidan».

Hay dos «patas» clave, la de la seguridad, y la sanitaria, ya que la saturación de la atención primaria y hospitalaria exige de más sanitarios y más rastreadores para afrontar la segunda ola de la pandemia. Los contagios están en niveles récord no sólo en Madrid, y el interrogante sobre cómo evolucionará en el futuro inmediato el virus en cada territorio dificulta también la solidaridad interterritorial y la movilización de recursos de unas comunidades a otras. «Si no frenamos Madrid, nada de lo que se haga fuera acabara siendo útil por nuestra posición radial», advertía el mismo alto cargo del Gobierno de Ayuso.

En Madrid se añade el problema de la alta tensión política. La movilización de la izquierda es máxima y está dispuesta a utilizar ahora contra el Gobierno regional la «pancarta» de que Ayuso «alentó las concentraciones en Núñez de Balboa contra el estado de alarma, y ahora que son contra sus medidas le parecen mal». Pero todo lo que se pierda en la discusión política son energías malgastadas en hacer frente a la crisis sanitaria. En el ámbito político nadie se atreve a poner el cascabel al gato, pero las dos partes, la del Gobierno de Sánchez y la regional, trabajan sin excluir el escenario de que pueda ser necesario el cierre total de Madrid. Los expertos epidemiológicos así se lo están advirtiendo.

En el conjunto del territorio hay un mismo problema, aunque el foco principal esté puesto en el Gobierno de Ayuso por la grave situación de la pandemia en esta comunidad y porque fue uno de los Gobiernos más feroces en criticar a Pedro Sánchez por retrasar el desconfinamiento de su autonomía cuando se empezó a levantar el estado de alarma.

El problema está en que «las comunidades hemos ido por libre y vamos a pagar caro la estrategia de descargar la autoridad en el otro». Desde el lado popular y el lado socialista se escucha el mismo reclamo: la necesidad de que se establezcan más criterios comunes para los confinamientos restrictivos y para las limitaciones de aforo, y mayor apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado. «Del confinamiento más estricto se pasó a una relajación exagerada y demasiado rápida en las normas del ocio y de la hostelería, sin el refuerzo necesario, además, en el ámbito sanitario, vía rastreadores, y en la coordinación entre los gobiernos».

La desaparición del Gobierno ha tenido un coste alto y la tensión política entre Gobierno y principal partido de la oposición agrava la urgencia de la nueva crisis. «Esperemos que al menos la situación sirva para que Vox deje morir en el olvido su moción de censura porque España no está en estos momentos para pegarse sobre los cadáveres de las víctimas», reflexionaban ayer tarde en la dirección de Ciudadanos.