España enfila el retroceso a una Fase 1 flexible y con colegios abiertos

Nadie lo dice en público, pero en el runrún político se escucha hablar cada vez más de la necesidad de que algunas comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza, den importantes pasos hacia atrás y regresen a una especie de Fase 1, pero flexibilizada, es decir, con significativos matices en las restricciones.

A diferencia de marzo, esta vez hay consenso en que la prioridad debe ser salvar los colegios, por ejemplo, además de que se mantenga, en la medida de lo posible, la actividad laboral, pero con generales restricciones a la movilidad. Un confinamiento de Madrid como el de primavera ahogaría a España económicamente. Esto nadie lo pone en duda. Pero, de igual manera, también hay consenso en que, si las medidas más drásticas no comienzan en la capital, y se activan con urgencia, será imposible contener la pandemia en las provincias limítrofes y, en general, en el conjunto del territorio.

Todos los gobiernos están recibiendo la presión de los técnicos sobre la necesidad de actuar con más rapidez y más contundencia para evitar males mayores. Desde otras comunidades autónomas advierten categóricamente de que Madrid debe ser la punta de lanza «porque lo que haga Madrid salva vidas en otras provincias». La presión viene del lado socialista, pero también del lado popular, aunque cuiden más las formas.

Todo el circo político sigue avanzando con aparente normalidad, pero la inquietud y el pesimismo se perciben sobre todo en los segundos niveles del Gobierno central y en todos los gobiernos autonómicos por la evolución en su conjunto de la crisis sanitaria en los últimos días. Ahora bien, nadie quiere colocarle el cascabel al gato, es decir, ser el primer presidente de un Gobierno autonómico en solicitar en el Congreso de los Diputados el estado de alarma. Por esa necesidad de taparse unos a otros las negligencias la política sigue instalada en el mantra de que «no podemos adelantarnos, hay que esperar».

Hay algún Gobierno autonómico que ya ha llegado a debatir con discreción, según ha confirmado este diario, la decisión de activar el estado alarma en su territorio por la evolución de las cifras de los contagios. Pero como en el juego político esta decisión carga con un sobrecoste de desgaste, al final las comunidades parece que se han conjurado para dejar que sea Madrid la primera en retratarse. Aquello de «tonto el último» pese a que esta estrategia les obliga a moverse en un campo de inseguridad jurídica que «nos coloca en el filo del alambre».

El pasado viernes Moncloa ya advirtió, fuera del circuito oficial, de que las primeras medidas restrictivas anunciadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso iban a ser insuficientes.

Ayer, la presidenta madrileña anticipó, en una entrevista con Carlos Alsina en «Más de Uno», en Onda Cero, que estudiaba ya extender a otras zonas las restricciones por Covid y que no descartaba más medidas para todo Madrid. La limitación de horarios en la hostelería serán generales, por ejemplo. La situación es crítica, y por la tarde fuentes del Gobierno regional confirmaban que las UCI están ya rozando el cien por cien de ocupación. Y mientras, las comisiones de trabajo creadas entre el Gobierno central y el Gobierno regional seguían dando vueltas a la cuantificación de la petición de sanitarios y de ayuda de las Fuerzas Armadas para labores de desinfección o como rastreadores, por ejemplo. Continúan las reuniones, y las buenas palabras, pero no están a la altura de la urgencia del problema.

El orden lógico apunta a que las actuaciones deben tomarse al menos de semana en semana, y no antes para dar tiempo a que se calibren los efectos de las medidas adoptadas con anterioridad. Y deben ir acompañadas, además, de recursos sociales para las poblaciones afectadas.

El pronóstico es que las medidas tendrán que ser generalizadas e intensificadas con la vista puesta en esa referencia a una especie de Fase 1, pero matizada, para responder a los efectos en la expansión del virus de la operación regreso a la oficina y a los colegios. En aquella Fase 1 los ciudadanos tenían libertad de circulación para las actividades comerciales, practicar deporte o reunirse. Pero los centros comerciales seguían cerrados al público. No estaba permitida la movilidad entre provincias.

Los negros pronósticos epidemiológicos que se manejan en los gobiernos y en las sedes de los principales partidos no serán bálsamo para rebajar la tensión política. Ni siquiera, aunque el PSOE haya hecho el gesto de desmarcarse de las manifestaciones de este fin de semana en Madrid contra la gestión del Gobierno de Ayuso. Antes del próximo miércoles Vox oficializará su moción de censura al Gobierno y el debate se cruzará con la negociación presupuestaria.

Ayer España registró 241 fallecidos en 24 horas, la peor cifra desde principios de mayo. Unos datos que explican lo que se mueve bajo la línea oficial de los discursos. En comunidades como Castilla y León llevan implementando medidas desde julio, con restricciones duras como las de Valladolid o Salamanca, que ahora saltan a Palencia. «El Gobierno debe tomar las riendas y coordinar todas las restricciones con criterios homogéneos», advierten.