El juez investiga si hubo denuncia falsa en el “caso Dina” tras escuchar al ex abogado de Podemos

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García ha ampliado el objeto de la investigación a posibles delitos de simulación de delito, denuncia falsa o estafa procesal tras escuchar la declaración del ex abogado de Podemos José Manuel Calvente el pasado día 10, cuando el letrado aseguró al magistrado que el «caso Dina Bousselham» –la publicación en julio de 2016 de las conversaciones de la ex asesora de Podemos con dirigentes del partido, entre ellos Pablo Iglesias– era una «montaje» porque en realidad se trató de «una filtración interna».

Así lo asegura el instructor en la resolución en la que rechaza la querella planteada por Vox contra el propio Iglesias, Bousselham, su abogada Marta Flor Núñez y uno de los fiscales del caso, Ignacio Stampa. García Castellón recuerda en esa resolución que el objeto de esta pieza 10 del “caso Villarejo” está “perfectamente delimitado” en torno a la investigación de un delito de descubrimiento y revelación de secreto, tal y como acordó en marzo del pasado año, y de posibles daños informáticos causados en la tarjeta (que en un principio la ex asesora de Podemos aseguró que le entregó dañada el actual vicepresidente del Gobierno tras tenerla en su poder seis meses), un delito por el que se amplió la instrucción el pasado mayo.

Pero, añade, tras el auto del pasado 31 de agosto “y a la vista de la declaración judicial prestada” por Calvente en calidad de testigo (recuerda que había sido citado con anterioridad a la presentación de la querella de Vox), “el objeto de la presente pieza debe entenderse ampliado a la presunta comisión de un delito de simulación de delito y denuncia falsa o estafa procesal”.

La decisión del instructor se produce después de que la Sala de lo Penal devolviese a Iglesias la condición de perjudicado en la causa que García Castellón le negó cuando Bousselham admitió que hizo capturas de esas conversaciones comprometidas (entre ellas una con el líder de Podemos en la que afirmaba que “azotaría” a la periodista Mariló Montero “hasta que sangrara”) y que las compartió con más personas. Una revelación que, según argumentó el instructor, impedía señalar únicamente al ex comisario José Manuel Villarejo (a quien se incautaron archivos con esos pantallazos) como el origen de esas filtraciones publicadas por OK Diario en julio de 2016, lo que arrojaba dudas en el juez sobre la supuesta operación de las cloacas del Estado denunciada por Iglesias para perjudicarle políticamente, que se habría encargado de ejecutar Villarejo.

En esa resolución, García Castellón recoge los argumentos de la Fiscalía y concluye que el objeto del “caso Dina” no se extiende “a los demás hechos objeto de la denuncia y querella de Vox” y califica incluso de “inadmisible” la pretensión del partido de Abascal de que se investiguen nuevos delitos (entre ellos, precisamente, los de denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito) en relación a unos hechos que -coincide con Anticorrupción- “no son, por sí mismos, competencia de la Audiencia Nacional, ni pueden ser considerados conexos con los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y otros que en este procedimiento se investigan”. Y es que el magistrado ve esa presunta conexidad delictiva de “imposible apreciación en el caso de la querella interpuesta por Vox”.

Y como subrayaron los fiscales del caso, incide en que “ninguno de los hechos relatados en la querella permiten atisbar cualquier tipo de concierto de los cuatro querellados” (Iglesias, Bousselham, su letrada y el fiscal Stampa) a los que se atribuyen los nuevos delitos que constituyen el objeto de la querella (además de los citados, los de estafa procesal y tráfico de influencias) con los tres ya investigados por revelación de secretos: Villarejo y los dos periodistas de Interviú que habrían facilitado al ex comisario una copia de la tarjeta del móvil de Bousselham en enero de 2016.

Para García Castellón “resultaría ridículo plantear siquiera que la propia titular del teléfono móvil”, su abogada, Iglesias o el fiscal se hubieran concertado desde 2016 con Villarejo y los otros dos imputados “para cometer todos los delitos que ahora se quieren investigar, ni físicamente reunidos, ni en distintos lugares o tiempos, ni como medio para facilitar la ejecución de unos y otros delitos, ni para facilitar la impunidad de unos respecto de los otros”. De ahí que el magistrado concluyese que los nuevos delitos que puso sobre la mesa Vox en su querella son “del todo ajenos y autónomos al delito de descubrimiento y revelación de secretos objeto de esta pieza”.

Además, insistía en la “palmaria” falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar tanto a Iglesias (aforado ante la Sala Segunda del Supremo) como al fiscal Estampa (en su caso, aforado ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid).