Los indultos más polémicos de la historia de España

Políticos, jueces, ex ministros, futbolistas, miembros de ETA y los GRAPO... La lista de indultados en nuestro país deja más de una sorpresa

El Gobierno tramitará la próxima semana los indultos a los presos del “procés”. Así de claro se mostró ayer el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en sede parlamentaria tras señalar que había un gran retraso en la tramitación de peticiones de indulto. Un gran atasco provocado “por la acumulación de solicitudes” mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaba en funciones”. Eso sí, habrá que seguir esperando, ya que el trámite podría demorarse seis meses más. Sobra decir que el anuncio cayó como una bomba, no por el retraso burocrático, sino por la polémica que suscita este asunto.

Aunque no serán los primeros ni los últimos en generar ruido. La historia de España cuenta con una larga lista de indultados, cuanto menos polémicos. Y es que esta medida de gracia no siempre cumple con los estándares marcados por la opinión pública. Estos son algunos de ellos:

El indulto de Franco a Jesús Gil y Gil

Mucha gente desconoce este dato pero, en 1971, Francisco Franco indultó a Jesús Gil y Gil tras ser condenado a cinco años de prisión por un delito de homicidio involuntario por la muerte de 58 personas en el restaurante de un complejo turístico del que era promotor.

En 1994 llegó el segundo indulto para el que fuera presidente del Atlético de Madrid. Esta vez, el Gobierno del PSOE, le concedió esta medida de gracia pese a estar condenado a dos meses de cárcel por estafa. Según explicaron desde el Ejecutivo, era la única forma de que Jesús Gil, entonces alcalde de Marbella, se presentara a las elecciones y argumentaron que la pena impuesta era muy pequeña.

Militar condenado por el 23-F

En diciembre de 1998, el PSOE, entonces al frente del Ejecutivo, concedió el indulto a Alfonso Armada, un militar condenado a 26 años de cárcel por el intento de golpe militar del 23 de febrero de 1981. Se convertía así en el primer golpista condenado al que se le concedía esta medida de gracia, que solicitó hasta en cinco ocasiones.

Entran en escena los GAL

También en 1998, pero ya con el Gobierno de José María Aznar, se concedió el indulto parcial (la reducción de un tercio de la pena) y el tercer grado penitenciario al ex ministro del Interior, José Barrionuevo, el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera y otros condenados por el secuestro de Segundo Marey. Todos ellos implicados en la trama de los GAL y de los que quedaron al margen los expolicías Amedo y Domínguez.

Gómez de Liaño y condenados por Filesa

El ex magistrado Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación y apartado de la carrera por prevaricación, fue indultado en 2003 por el Ejecutivo de José María Aznar. Precisamente, fue el presidente del Gobierno quien anunció la concesión de esta medida de gracia para Gómez de Liaño y otros 1.442 reos, entre los que se encontraban socialistas condenados por la financiación irregular de su partido, vinculados al caso Filesa.

Indulto a Veloso, el GRAPO que mató a un empresario

El 5 de septiembre de 1984, el miembro de los GRAPO Sebastián Rodríguez Veloso asesinó al empresario y presidente de la patronal sevilllana, Rafael Padura. El magistrado le condenó a 84 años de cárcel. Durante su condena en prisión, el terrorista protagonizó una huelga de hambre que le dejó en silla de ruedas. En abril de 2007, el Gobierno le indultó y sólo se le exigió que pagara las indemnizaciones pendientes.

Apenas seis meses por colaborar con ETA

El 19 de mayo de 1987, ETA secuestraba al empresario vasco Andrés Gutiérrez Blanco. Tras pagar 190 millones de las antiguas pesetas, le dejaron libre. Su encierro duró casi dos meses y entre los implicados en el secuestro se encontraba el ex jugador de la Real Sociedad José Antonio de la Hoz Uranga. Pese a ser condenado a ocho años de prisión por colaboración con banda armada, apenas cumplió seis meses en prisión. En enero de 2009 era indultado.

El “kamikaze” de Valladolid

Sin duda este episodio es uno de los que más indignación provocó en la opinió pública. En octubre de 2001, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero concedía el indulto a Carlos Anzúlez Carreras. Se trata del “kamikaze” que acabó con la vida de otro conductor en Valladolid e hirió a otros tres, tras saltarse una barrera de la Guardia Civil e impactar contra ellos. El terrible suceso se produjo en 1997,pero no sería juzgado hasta años después. La Audiencia Provincial de Valladolid le condenó a 12,5 años de prisión por conducción temeraria en concurso con un delito de homicidio y otros dos de lesiones. Sólo cumplió siete años en la cárcel.

Indulto al banquero Alfredo Sáenz

Condenado a tres meses de arresto e inhabilitación temporal por un delito de acusación falsa, el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, fue indultado en 2011 por el entonces gobierno en funciones de Rodríguez Zapatero. La decisión permitió a Sáenz continuar en su cargo, pero apenas dos años después, el Tribunal Supremo anulaba el indulto al considerar que el Gobierno no podía extralimitar la normativa bancaria que prohíbe ejercer de consejero delegado de un banco a alguien con esos antecedentes penales.

Yak-42: “Intolerable” para las familias

La Asociación de Víctimas del Yak-42 lo tachó de “golpe de Estado”. El comandante José Ramón Ramírez García y el capitán médico Miguel Ángel Sáez García fueron condenados a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación especial y una multa de 900 euros por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo del Yak-42. El Gobierno de Mariano Rajoy les concedió la medida de gracia abril de 2012, pero afectaba únicamente a la pena de inhabilitación que les fue impuesta por la Audiencia Nacional. Los familiares de las víctimas señalaron que “no había derecho moral ni ético” y que era algo “intolerable”. No en vano se trata de una de las tragedias más dolorosas de nuestra historia reciente.

Mossos d’Esquadra acusados de torturas

Ese mismo año el Ejecutivo de Mariano Rajoy se vio envuelto en otra polémica tras conceder el indulto a cuatro Mossos d’Esquadra que habían sido acusados de torturas. El Ejecutivo no tuvo en cuenta ni los informes en contra que elevaron los jueces de la Audiencia de Barcelona ni los de la Fiscalía.
La Audiencia Provincial de Barcelona se opuso a su liberación y decidió decretar su ingreso en prisión pese a que no tenían antecedentes y la pena no superaba los dos años. Sin embargo, el Ejecutivo decidió nuevamente conmutar ese mismo año la pena de prisión por una multa con una cuota diaria de 10 euros, durante dos años para eludir la cárcel.

Alarma Social por el indulto a un “kamikaze”

En 2012, año intenso en lo que a indultos se refiere, el Gobierno concedió el indulto a un kamikaze condenado a trece años de prisión por la muerte en 2003 de un joven conductor contra el que estrelló su coche cuando circulaba en sentido contrario por la autopista AP-7. La acompañante de la víctima resultó herida. El Ejecutivo decidió conmutar al acusado la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por otra de dos años de multa.

Además de la “alarma social” que esta decisión provocó en la opinión pública, el indulto saltó a las páginas de todos los diarios por otro motivo. El abogado del kamikaze era hermano de Ignacio Astarloa, un exalto cargo del PP en el Ministerio del Interior, y además trabajaba para el despacho Uría y Menéndez, en el que también está empleado un hijo del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

Meses más tarde, el Tribunal Supremo anuló esta decisión al consider el indulto “arbitrario” y no hallar su “lógica jurídica, excluyente de la arbitrariedad”. El 21 de marzo de 2014 el acusado tuvo que reingresar en prisión.

Guardia civil que grabó una agresión sexual

En junio de 2011, una mujer fue agredida sexualmente por un hombre mientras el amigo del agresor grababa la escena entre risas. Ocurrió en un vagón de tren, rumbo a Oviedo. El acompañante que filmó la escena era el agente de la guardia civil Manuel Arbesú, condenado a seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y al pago de la mitad de las costas procesales por un delito de “omisión del deber”.

En mayo de 2014, el Ejecutivo le concedió el indulto y en lugar de perder su plaza de funcionario se le impuso una multa de apenas 500 euros. El guardia civil pudo seguir así en el Instituto Armado.