El CGPJ confirma que el miércoles abordará la renovación de las vacantes del Supremo

La Sala Penal lleva casi un año con un 25 por ciento menos de los magistrados que deben conformarla

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial debatirá y votará el próximo miércoles 30 las presidencias de tres Salas del Tribunal Supremo: la Tercera, vacante por la finalización este mes del mandato de Luis María Díez-Picazo; y la Cuarta y la Quinta, cuyos titulares Jesús Gullón y Ángel Calderón, respectivamente, se jubilaron el pasado mes de junio. Los candidatos a la presidencia de la Sala Tercera son los magistrados de esa misma Sala Eduardo Calvo Rojas, María del Pilar Teso Gamella y César Tolosa Trimiño; mientras que a la de la Sala Cuarta aspiran las magistradas María Lourdes Arastey Sahún y María Luisa Segoviano Astaburuaga. Para la presidencia de la Sala Quinta han presentado sus candidaturas el magistrado de esta Sala Jacobo Barja de Quiroga López y el de la Sala Segunda Julián Sánchez Melgar.

La reunión plenaria del órgano de gobierno de los jueces también lleva en el orden del día la provisión de tres plazas de magistrado/a de la Sala Segunda del alto tribunal, todas ellas correspondientes al turno general y vacantes desde finales de 2019 por la jubilación de los magistrados Luciano Varela, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro.

El día 13, LA RAZÓN adelantó que el CGPJ retomaría, en el Pleno del miércoles, los nombramientos principales –desde hace casi un año no realiza ninguno, algo que, en palabras de uno de los vocales es «lamentable»–, entre los que destacan tres plazas de magistrados para la Sala Penal del Supremo, las presidencias de las salas de lo Contencioso-Administrativo, Social y Militar del Supremo, o la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Para esas vacantes se exige contar con al menos el respaldo de 13 de los 21 vocales, por lo que se hace imprescindible un acuerdo entre los dos grupos o entre la mayoría de cada uno. La Sala del Supremo encargada de investigar y juzgar a los aforados está ahora mismo con un 25% menos de los magistrados que debería; vacante que en un caso llevan ya un año sin cubrir, en octubre haría lo mismo la segunda y en diciembre, la tercera.

Necesidad de consenso y candidatos

No será fácil llegar a un consenso para esas vacantes y, pese a que ha habido reuniones «más o menos formales» entre «representantes» de ambos grupos, lo cierto es que, como reconoce uno de los vocales conocedores de esa reuniones, «no se ha cerrado un acuerdo, aunque somos optimistas de que se pueda alcanzar, si no para todas las plazas, al menos para la mayoría».

Los principales escollos estarían en el sector del denominado «grupo progresista» más afín al Gobierno, quienes no están muy por la labor de que este Consejo «en funciones» realice estos nombramientos –la misma tesis que defendió, por ejemplo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo– y dejarlo para el siguiente, algo que en estos momentos es difícil de aventurar cuándo sucederá. Sin embargo, también hay vocales de este grupo que entiende que se podrán realizar esos nombramientos «si se logra un buen acuerdo para todos».

En el «grupo conservador», la inmensa mayoría sí apoya la designación de titulares para esas plazas, sobre todo porque «el Consejo sigue en plenitud y no puede hacer dejación de sus funciones».

Las vacantes por jubilación de los magistrados de la Sala Penal del Supremo Luciano Varela, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde son las que presentan a priori un mayor escollo para lograr ese consenso, aunque se confía en lograrlo. Para cada una de ellas hay más de una docena de candidatos, aunque prácticamente los nombres son los mismos. En un primer momento, el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata –quien desempeñó un alto cargo en Justicia cuando Juan Carlos Campo era Secretario de Estado– quedó fuera de los candidatos aprobados inicialmente por la Comisión Permanente del CGPJ. Pero fueron dos vocales «conservadores», Carmen Llombart y Rafael Fernández Valverde, quienes presentaron oficialmente la propuesta de que figurase entre esos candidatos, al entender que reúne los méritos; al igual que el vocal José María Macías hizo lo propio con la también magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, quien, como De la Mata, se había quedado fuera de esa primera selección.

Sin embargo, no parece que ninguno de ellos tenga muchas opciones de lograr esa mayoría que se requiere para acceder a la Sala Penal del Supremo. Pese a que «todo es posible hasta el momento de la votación», la quiniela de los que más posibilidades tienen queda reducida a cinco nombres: Jesús María Barrientos, Javier Hernández García, Ángel Hurtado, Concepción Espejel y Lorenzo del Río. Barrientos es el actual presidente del TSJ de Cataluña y puede ser el «hombre de consenso», aunque tiene el handicap de que «dejaría un hueco muy complicado para cubrir». En todo caso, su nombre está «muy bien posicionado».

Hernández García, destinado en la sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña, es el «preferido» por la mayoría de los «progresistas» y contaría con el aval del grupo «conservador». Sni embargo, a última hora, parece que ha existido “algún movimiento” para que Leopoldo Puente, miembro de Jueces para la Democracia, pueda ser uno de les nombrados. Los «conservadores», por su parte, están más divididos. Buena parte de esos vocales parecen inclinarse por Hurtado, «pero también hay quien respalda a Espejel, aunque parece que de forma minoritaria».