Era post Torra: diálogo con Sánchez y elecciones el 31-E o el 7-F

El Supremo ratifica la condena por desobediencia y el vicepresidente Aragonés asumirá el cargo. Los catalanes volverán a las urnas el 31 de enero o el 7 de febrero

El Tribunal Supremo hacía público el fallo al mediodía de ayer. Sin apenas tener tiempo para la digestión de la confirmación de la inhabilitación de Joaquim Torra, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el tribunal sancionador, remitió la sentencia a las partes e hizo pública la interlocutoria que abre la ejecución de la sentencia. Torra evitó que se la entregaran por la mañana, pero a primera hora de la tarde le fue notificada. A las 18 horas, realizó una declaración institucional. La enésima de su mandato, con la que empieza su periplo victimista que finalizará en unos días en una intervención en el Parlament, ya como ex presidente de la Generalitat.

Torra se negó a resistencias numantinas o folclóricas y negó la posibilidad de que JxCAT presentara un candidato para sustituirle porque sería tanto «como acatar la decisión del Supremo». Eso sí, Junts per Catalunya ha hecho ímprobos esfuerzos por atar corto al presidente provisional, el actual vicepresidente Pere Aragonés Ahora a Torra solo le cabe esperar para dejar de ser presidente efectivo que la sentencia del Supremo sea publicada en el Boletín Oficial del Estado y el de la Generalitat.

Aragonés no podrá hacer remodelaciones en el Govern y no protagonizará el mensaje de fin de año a los catalanes. No ocupará el despacho del president, pero sí el suyo porque Aragonés tiene un despacho en el Palau de la Generalitat, aunque su día a día lo realiza desde la calle Altos Hornos, en pleno barrio de la Zona Franca barcelonesa, una vez el Gobierno catalán vendió la sede de Economía, famosa por los hechos del 20 de septiembre de 2017.

El primer movimiento de Aragonés será convocar al Consell Executiu una vez Torra lea en el BOE su inhabilitación. Este Consell aprobará el decreto que marca la Ley de la Presidencia de nombramiento. A partir de este punto, Aragonés será presidente provisional, con funciones muy tasadas y con el aliento en la nuca de JxCat, y Torrent pondrá en marcha el reloj electoral.

El presidente del Parlament tiene diez días para constatar que no hay candidato. Si no lo hay, Torrent puede convocar un pleno o simplemente hacer una resolución de «acto equivalente» en la que constate que no hay candidato y que abre un periodo de dos meses para comprobar que los partidos no se ponen de acuerdo en investir a un presidente. Dado que JxCAT no lo va a presentar y el resto de los partidos tampoco porque quieren elecciones, el periodo de dos meses se consumirá. Aragonés en ese momento, con el Parlament autodisuelto, firmará el decreto de elecciones. Torrent no tiene intención de marear la perdiz y ajustará los tiempos para que la jornada electoral se celebre o el 31 de enero o el 7 de febrero.

A pesar de que el discurso ante la sentencia tiene puntos en común «porque la resolución del Supremo es un ataque a las instituciones catalanas», la realidad es que las diferentes fuerzas independentistas han sido incapaces de alcanzar un acuerdo para hacer frente a esta situación. Junts per Catalunya y la CUP han pedido respuestas contundentes, pero ante la pasividad de ERC que considera que las elecciones son la mejor solución, han cedido a la realidad y se han difuminado en las protestas callejeras que jalonarán pueblos y ciudades catalanas y que tienen a las brigadas de intervención de los Mossos d’Esquadra movilizadas. En las negociaciones, la única aspiración de Junts per Catalunya era tener fuera de foco a Aragonés, que será presidente en funciones al tiempo que candidato de ERC.

Por su parte, los republicanos han cedido en temas menores –los asesores de Torra seguirán en sus puestos con sus sueldos– con el objetivo de no demorar más las elecciones. No se descarta que Junts per Catalunya intente que estos tiempos se dilaten para ganar tiempo en la consolidación del partido, que finaliza su fundación el 3 de octubre, pero el presidente del Parlament no tiene intención de dilatarlos y se ha blindado jurídicamente con los letrados de la Cámara catalana.