Las preguntas sobre el “caso Dina” a Iglesias que el Gobierno no contesta

Los populares registraron en julio medio centenar de cuestiones en el Congreso sobre la relación del vicepresidente con el robo de la tarjeta SIM de su ex asesora. El Ejecutivo no responde directamente o se escuda en que no puede “opinar” sobre decisiones judiciales

Una demostración más que incrementa las dudas sobre la utilidad de las preguntas que los diputados registran en el Congreso con el fin de fiscalizar la gestión o las actuaciones del Gobierno. Ni todas las preguntas son contestadas, y cuando resultan admitidas, una gran cantidad de ellas no responden a las expectativas de sus Señorías.

El pasado mes de julio, el grupo parlamentario popular en el Congreso registraba una batería de preguntas por escrito con el fin de conocer más detalles y la opinión de Moncloa sobre la relación del vicepresidente en la investigación de caso Villarejo por el robo de la tarjeta SIM de su ex asesora. Pablo Iglesias reconoció haber retenido la tarjeta de Dina para “protegerla” durante varios meses y durante el verano el juez le retiró su condición de “perjudicado” en el caso Dina. El Gobierno respondió el pasado 17 de septiembre a medio centenar de preguntas de los populares con evasivas y sin reacciones concretas, o, directamente, sin contestar a las iniciativas registradas.

Según consta en el boletín de las Cortes, consultado por LA RAZÓN, la mayoría de las preguntas no se atienen a los criterios en cuestión formulados. Los populares se preguntaban, por ejemplo, si el vicepresidente “ha gozado de un trato privilegiado por la fiscalía gracias a las filtraciones producidas” en relación al caso Dina o sí el vicepresidente ocultó cuestiones relaciones con el caso Dina, o sobre si "utilizó la investigación en beneficio político al presentarse como “víctima”. Preguntas sobre si el Ejecutivo considera que Iglesias ha realizado algún tipo de obstrucción a la Justicia en el caso Dina tampoco tienen respuestas concretas. El Gobierno las despacha asegurando que el vicepresidente “ya ha dado las declaraciones correspondientes a los medios” en dos ocasiones y se limita a respaldarle. “En ambas ocasiones relató la cronología de los hechos producidos desde el robo de la tarjeta de la Sra. Dina Bousselham hasta la actualidad”, refrendan. Tampoco valora el Gobierno cuando el PP le pregunta si el vicepresidente ha “mentido” públicamente “en reiteradas ocasiones” sobre el caso Dina o sobre la evidencia de si el vicepresidente ha “maniobrado” de alguna forma para que su ex asesora cambiara la declaración ante el juez.

El PP ha tratado también de que el Gobierno aclare su valoración sobre si el vicepresidente debería asumir algún tipo de responsabilidad política por sus “actuaciones” en el citado caso o sobre si actuó con “honestidad”. También se preguntan sobre si el vicepresidente se encuentra en “condiciones de ejercer sus competencias en el Centro Nacional de Inteligencia”, así como sobre la consideración por el vicepresidente de la incidencia de las actuaciones que se siguen en el juzgado “en su labor” institucional. Tampoco hay respuesta sobre si Iglesias es “un ejemplo de transparencia en aquello que se refiere a su gestión”. A todas ellas, el Gobierno tampoco ofrece una respuesta clara, sino que se limita a las respuestas ya dadas. Una incongruencia si se compara con las preguntas de los populares.

En las respuestas de Iglesias a los medios, Iglesias se limitó a defenderse sobre su posición judicial, cuando el juez le quitó la condición de perjudicado, que ahora nuevamente le ha concedido. “Hay una serie de hechos contrastados y que no admiten discusión en este momento. A Dina Bousselham le roban el teléfono móvil a finales de 2015 y una copia de ese teléfono aparece en el ordenador de Villarejo en un registro policial a finales de 2017. Eso es un hecho incontrovertible”, señaló en julio.

No se encuentra respuesta tampoco cuando se le inquiere al Gobierno sobre su valoración ante si los “hechos y actuaciones” conocidos por parte del vicepresidente en el caso Dina son una “demostración de machismo”, ni una concreción clara sobre si era “acertada” la actuación del también líder de Podemos cuando afirmó que no devolvió antes la tarjeta de memoria a su asesora “para no provocarle más presión”. El Gobierno se escuda en la mayoría de sus respuestas en que “ni puede ni debe emitir opinión alguna relativa a decisiones de los Tribunales ni de la Fiscalía, por impedirlo el más escrupuloso respeto al principio de separación de poderes y a la independencia judicial, así como a la plena autonomía del Ministerio Fiscal, principio este esencial en todo Estado democrático de derecho”.

Tampoco se percibe una contestación clara cuando los populares piden, en varias ocasiones, una condena o una valoración ante los ataques lanzados por el vicepresidente a los medios de comunicación. En rueda de prensa desde Moncloa, el vicepresidente aseguró en julio que había que “naturalizar” que los periodistas estén “sometidos a la crítica y al insulto”. Además, su partido, lanzó toda una campaña destinada a desprestigiar a periodistas y medios de comunicación, como al periodista de Antena 3, Vicente Vallés. Ante estas preguntas, el Gobierno “reitera su indudable compromiso con los derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución Española y con el papel institucional que juegan los medios de comunicación en nuestro sistema constitucional”.

El Gobierno responde también a preguntas defendiendo al vicepresidente asegurando que el informe pericial de la policía científica en agosto, “disipa cualquier sospecha existente sobre el Sr. Iglesias como causante de los supuestos daños de la tarjeta”.