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Una ex senadora de Podemos pide al juez de la “caja B” que investigue si se inflaban las donaciones al partido

Cánovas imputa a la formación un delito de blanqueo y esgrime que el pasado año le remitieron un certificado fiscal por una aportación de 5.000 euros que en realidad fue de 3.000

El juez reabre la investigación por administración desleal contra Daniel de Frutos, tesorero de Podemos (en la imagen) y la gerente Rocío Val
El juez reabre la investigación por administración desleal contra Daniel de Frutos, tesorero de Podemos (en la imagen) y la gerente Rocío ValCongreso de los Diputados1

La ex senadora de Podemos Celia Cánovas ha denunciado ante el magistrado Juan José Escalonilla, que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos, que la formación “infló” una donación suya de 3.000 euros a la caja de solidaridad del partido remitiéndole posteriormente un certificado a efectos fiscales en el que figuraba que la aportación fue de 5.000 euros.

En un escrito en el que solicita al instructor su personación como acusación particular en la causa en calidad de perjudicada, Cánovas invoca su “doble condición” de afiliada y de cargo público (fue senadora por Tarragona por En Comú Podem-Guanyem el Canvi entre 2015 y el pasado año) que efectuó donaciones a Podemos por un total de 25.000 euros.

La letrada se queja de que pese a que la normativa del partido de Pablo Iglesias estipula que los cargos públicos deben contribuir, mediante donaciones, “tanto al mantenimiento del partido como a la Caja de Solidaridad, para su aplicación a funciones sociales”, Podemos “no ha explicado ni las cantidades invertidas en cada proyecto ni los colectivos que se benefician de este dinero”. Una labor, añade, que debería haberse realizado a través del Portal de Transparencia, donde, no obstante, “las cuentas publicadas por el partido no incluyen estos datos en ninguna de sus páginas”, añade.

La ex senadora hace hincapié en que aunque al principio “eran los propios militantes los que tenían la opción de votar aquellas actividades que les pareciesen más adecuadas o convenientes”, en la actualidad “son los dirigentes los que eligen el destino del dinero, sin comunicar después su decisión y sin dar cuentas a nadie”.

Por eso pide al juez que se lleven a cabo las diligencias necesarias para “esclarecer el uso y destino de los fondos del partido” dado que, subraya, “en momento alguno” se ha sabido “el destino dado por Podemos al conjunto de las donaciones recibidas”. Entre ellas, los 25.000 euros que aportó la letrada, por lo que se considera perjudicada de la posible malversación que investiga el instructor en este procedimiento originado por la denuncia del ex abogado de Podemos José Manuel Calvente.

Cánovas explica que era el entonces responsable económico-financiero de Podemos Denis Thomas quien contactaba con ella y el resto de senadores morados para reclamarles las donaciones mensuales al partido y asegura que pactó con la Ejecutiva del partido que su donación ascendería a 1.000 euros mensuales. Sin embargo, añade, en agosto de 2017 la entonces secretaria de Acción Institucional del partido Gloria Elizo, actual vicepresidenta tercera del Congreso, le comunicó que tenía que aumentar su donación para equipararla a tres salarios mínimos. Al no ponerse de acuerdo, explica, dejó de pasarle los recibos mensuales de esas donaciones para así “intentar poner en evidencia” que la senadora “incumplía el Código Ético, condición ésta que impediría que pudiese presentarse a ningún cargo interno o público”.

No fue hasta diciembre cuando Elizo, continúa, la cuenta donde debía efectuar las transferencias, donde en enero de 2018 ingresó dos transferencias por un total de 3.000 euros, “sin que hiciese ninguna otra donación más ese año”.

Sin embargo, el 1 de abril del año siguiente recibió un certificado emitido por Daniel de Frutos, responsable de Finanzas y Transparencia Estatal de Podemos, en el que se hace constar que su aportación en el ejercicio anterior había sido de 5.000 euros, “apostillando que tal donación se considera realizada con carácter irrevocable”.

Tras conocer la investigación judicial por la denuncia de Calvente y el informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas electorales moradas, y ante “la nula información y transparencia sobre el destino dado por el partido a las donaciones”, la denunciante entiende que el montante que indica ese certificado “no ha sido debido a un error tipográfico, sino que, pudiera ser debido a un presunto encubrimiento de una operación de blanqueo”.

Por tanto, concluye su representación letrada en el escrito, “se considera no sólo engañada por la falta de información sobre el destino de 25.000 euros, donados por la misma, sino por el hecho de que dichas cantidades, presuntamente, o han desaparecido, no se sabe dónde, o han sido aplicadas a fines que nada tienen que ver ni con los intereses del partido ni con los supuestos fines sociales pregonados por Podemos”. Y apunta a la “rumorología” que atribuye el gasto de las cantidades aportadas “a pequeñas extracciones” para “disimular el extravío de grandes sumas, cuyo fin último nos es desconocido”.

Cánovas solicita al instructor que tome declaración tanto a De Frutos como a Thomas y le insta a reclamar a Podemos certificación de las donaciones hechas por cargos públicos, de diputados y senadores entre 2016 y 2019, la cuenta bancaria donde se ingresaban, el libro contable que detalla las operaciones y la documentación acreditativa “del destino dado a las aportaciones dinerarias”.