El choque Ayuso-Aguado por Illa agita la moción de censura en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, optó ayer por avanzar en solitario en su decisión de recurrir –como adelantó LA RAZÓN–, la resolución del Ministerio de Sanidad, difundida por la mañana en el BOE, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que se apliquen nuevas restricciones en Madrid, y ciudades de más de cien mil habitantes, con incidencia acumulada de Covid superior a los 500 casos. Ciudadanos (Cs), socio de coalición, no apoya el recurso, pero Ayuso puede ejecutar su decisión de judicializar estas nuevas restricciones porque la impugnación no pasa por el Consejo de Gobierno, sino que se formaliza directamente desde la Consejería de Sanidad, que lleva Enrique Ruiz Escudero, Partido Popular.

La ruptura entre los dos socios de coalición es total, aunque hasta ahora hayan mantenido más o menos las formas. Son dos estrategias tan opuestas como la del Ministerio de Sanidad de España y la de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El vicepresidente, Ignacio Aguado, actúa de acuerdo con la dirección nacional de su partido, y al desmarcarse del recurso da un paso más allá en las llamadas al entendimiento y al consenso que viene haciendo desde que estalló esta última crisis sanitaria y política entre Moncloa y la Puerta de Sol.

Ayer tarde, fuentes del Gobierno regional confirmaban que estaban «cerrando» el recurso, y que la discusión estaba en si pedir medidas cautelares o cautelarísimas. La diferencia está en el tiempo, la cautelarísima es para que se adopte de manera inmediata la suspensión del acuerdo impugnado. La primera reacción del miércoles del Gobierno regional, ante el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, apuntaba a un recurso ante el Tribunal Supremo, pero la forma elegida por el Ministerio para oficializar la instrucción llevó después a estudiar si recurrir la orden ante la Audiencia Nacional.

En la disposición quinta de la resolución de ayer se especifica que puede presentarse contra la misma un recurso de reposición ante el ministro en el plazo de un mes o bien un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses tras su notificación.

Además de la publicación en el BOE, el Gobierno ha enviado una orden ministerial a todas las comunidades para que implanten las medidas en un plazo máximo de 48 horas. Como la competencia es autonómica, para que tenga validez sobre el ciudadano cada autonomía tiene que trasponer a su diario oficial de sesiones las instrucciones del Gobierno de Sánchez. La gestión de esta crisis con el Ejecutivo central la están llevando directamente en Presidencia y en el Gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

Pero mientras, en paralelo, el vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado, ha seguido manteniendo contactos diarios con el Ministerio de Sanidad, como confirman en el departamento que dirige Salvador Illa, igual que también hay contactos del consejero de Sanidad con el ministro para buscar una salida a la crisis. Las nuevas restricciones, que deben estar en vigor el sábado, necesitan de la colaboracion máxima entre las dos Administraciones, la nacional y la autonómica, para que puedan implementarse con seguridad y eficacia. La orden del Gobierno impone restricciones severas a la capital y a nueve municipios madrileños. Obligan a un importante despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado y a una mayor coordinación policial y sanitaria. De ello depende que haya un cumplimiento ordenado de las medidas por parte de los ciudadanos.

Por otro lado, la tensión política está dando aire una vez más a la presión de la moción de censura. Primero tiene que controlarse la crisis sanitaria, nadie discute este punto, pero en la izquierda ven en la crisis del Gobierno regional, y en «el desgaste político» de Ayuso, «la puerta definitiva» para conseguir desalojar a la presidenta madrileña «de su despacho». «Estamos en semanas determinantes para el futuro político de Ayuso», aseguran también en Ciudadanos a nivel nacional, aunque sigan negando que vayan a participar en una moción de censura contra su socio de coalición.

La presidenta madrileña aclaró ayer en la Asamblea que su Gobierno acatará la orden de Sanidad, aunque vaya a los tribunales, porque «Madrid no está en rebeldía». Andalucía, que también votó en contra del acuerdo interterritorial, no presentará recurso. Y las presiones de la dirección nacional acabaron por transformar en un «no» la abstención de Murcia. La estrategia de Pablo Casado era forzar un frente común en apoyo de su «baronesa», y Murcia es el feudo del secretario general del partido, Teodoro García Egea. Sólo la insinuación de un amago de rebeldía era intolerable en Génova, y de decir que se habían equivocado en la votación, ayer terminaron por corregir la abstención para convertirla en un «no» a las restricciones.

El líder del PP, Pablo Casado, incluso acusó a la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, de Ciudadanos, de haber actuado de manera unilateral en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud y votar «sí» al acuerdo de Illa en contra del criterio de su Gobierno, que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco. Esas manifestaciones de Casado fueron corregidas después por Fernández Mañueco, quien en una entrevista con Carlos Alsina, en «Más de Uno» de Onda Cero, solemnizó su respaldo al plan que el ministro Illa llevó al Consejo Interterritorial. «La aplicación de estas medidas es lo mejor que le puede pasar a los ciudadanos de España». También pidió al Gobierno un esfuerzo de diálogo para llegar a un «consenso» con todas las comunidades autónomas.