Sánchez amenaza al PP: pacta renovar el CGPJ o cambia la Ley

Los jueces arremeten contra la pretensión del Gobierno y advierten de que denunciarán en Europa, «al igual que hicieron los jueces polacos». El anuncio del Ejecutivo llega a las 48 horas de los nombramientos para el Supremo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió ayer de forma clara al Partido Popular para que pacte de inmediato la renovación del Consejo General del Poder Judicial o de lo contrario promoverá una reforma legislativa que permita que se puedan designar los 12 vocales de extracción judicial sin necesidad de contar con el aval de los tres quintos que hoy se exigen para ello.

El sistema de elección de los ocho vocales de procedencia no judicial no se puede alterar sin un cambio constitucional.

Si el PP sigue bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aseguró ayer Sánchez tras la celebración del Consejo de Ministros, «el Ejecutivo tendrá que tomar decisiones» para desbloquear la situación. Por ello, añadió, «la mayoría absoluta del Congreso tendrá que dar una salida y renovar», ya que, afirmó, «no puede haber instituciones con el mandato ya terminado», insistió al respecto Pedro Sánchez.

Esta pretensión del Gobierno se conoce oficialmente 48 horas después de que el Consejo General del Poder Judicial hiciera oídos sordos a los mensajes del Ejecutivo de que no realizara los nombramientos que tenía pendientes, algunos de ellos desde hacía un año, especialmente las seis vacantes del Supremo. Con una aplastante mayoría –18 de los 21 votos en el peor de los casos– el órgano de Gobierno de los jueces y magistrados cubrió las seis vacantes del Alto Tribunal.

La reforma que anuncia Sánchez conllevaría reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con todos los trámites que ello conlleva –entre otros, petición de informe al propio CGPJ–, pero podría acortar los plazos a través de una proposición de Ley, «que sería una vía torticera», según fuentes jurídicas.

Las reacciones al anuncio oficial por el Gobierno de esta pretensión no se hicieron esperar en las dos principales asociaciones judiciales, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, así como de algunos vocales del actual Consejo General del Poder Judicial.

En ese sentido, el presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, además de tildar de que sería «abiertamente inconstitucional» esa posible reforma, aseguró a LA RAZÓN de que si prospera lo anunciado por Sánchez lo denunciarán ante el Consejo de Europa y la Comisión Europea, «al igual que hicieron los jueces polacos cuando su Gobierno quería politizar la Justicia –como nombrar magistrados del Supremo– y tuvo que dar marcha atrás al ser advertida de que podría ser expulsada» de esas instituciones europeas.

En esta línea, Almenar sostiene que esa iniciativa iría totalmente en contra de las «reiteradas directrices» del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, quien ha insistido «en numerosas ocasiones que los vocales judiciales sean elegidos por los jueces, y esta iniciativa va en contra, porque profundiza en la politización del órgano -El CGPJ- al disminuir la mayoría necesaria para la elección» de los vocales judiciales.

Por su parte, Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, aseguró que se trata de una propuesta «nefasta» porque avanza «en sentido contrario lo que debería ir para que el Consejo recupere al menos un poco la imagen deteriorada» que tiene.

Y ello, aseguró, porque si con el sistema actual ya existe la imagen de vinculación de los vocales con los partidos, «si se rebaja a tener mayoría absoluta y no los tres quintos, estarían más vinculados al Gobierno y a los partidos» que lo apoyasen.

Una clara «involución»

Las reacciones desde el Consejo General del Poder Judicial tampoco fueron de aplaudir esa posible reforma de elección de los vocales judiciales. Así, uno de los consejeros sostuvo que de prosperar esa reforma «sería arruinar de manera definitiva el modelo de separación de poderes diseñado en la Constitución». Sería, añadió, «una reforma empobrecedora de nuestra democracia, una involución contraria a la regeneración institucional y una merma de las garantías de derechos para los españoles».

Otro integrante del CGPJ lo vinculó también a los últimos nombramientos del Supremo. La reforma sería, dijo, «una muestra de la desesperación por su fracaso por no conseguir la renovación del consejo y no haber parado los nombramientos... y después nos quejaremos de Hungría o de Polonia».