Pablo Iglesias: el “prokupa” okupado

Según informa “El Mundo” en “LOC - La Otra Crónica” la segunda vivienda de Pablo Iglesias, localizada en Casavieja, Ávila, ha sufrido daños en una de las ventanas, lo que ha motivado la denuncia a la policía del vicepresidente por unos hechos que podrían constituir un intento de okupación.

La vivienda rústica en Ávila, valorada en 13.487,79 euros y comprada en octubre de 2013, y una motocicleta adquirida en diciembre de 2012 por 2.670 euros fueron los únicos bienes en propiedad del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, según la primera declaración de bienes que el emergente líder presentó ante el Parlamento Europeo en 2013.

No es la primera vez que la pareja Iglesias Montero denuncia ataque ante la policía. Este mismo verano el vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad, Irene Montero, denunciaron la existencia de mensajes en redes sociales en los que “claramente se incita al odio y a la violencia” contra sus hijos, así como otro incidente en su domicilio familiar. Se trata de dos denuncias distintas que se presentaron en la comisaría especial del Congreso de los Diputados.

La primera de ellas, firmada tanto por Iglesias como por Montero, denuncia la existencia de dos tuits escritos el pasado 18 de agosto, que a su juicio podrían ser constitutivos de un delito de odio penado en el artículo 510 del Código Penal.

En concreto, se trata de dos mensajes con “amplia repercusión” difundidos, respectivamente, desde la cuenta @Belonavox y @knox_es: “Me pregunto a qué colegio pretenderán llevar el coleta e Irene a sus hijos, porque van a ser carne de colleja” y “Cuando lo anuncien llevaré a mis hijos a ese colegio para que les inflen a ****”.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos y la ministra de Igualdad adjuntan capturas de pantalla de la primera de las cuentas, pero indican que no pueden aportar más datos de la segunda porque “el usuario ha cerrado su cuenta”.

“Es importante destacar la gravedad de las manifestaciones, pues no solo las mismas son claramente incitadoras al odio y a la violencia sino que se realizan respecto a tres menores, nuestros hijos, que deben gozar de una especial protección que aquí invocamos y cuyo interés debe salvaguardarse”, sostienen el vicepresidente y la ministra en la denuncia.

En ella piden “realizar cuantas investigaciones sean necesarias para esclarecer los hechos” e identificar a los autores, así como remitir al juzgado el atestado completo una vez concluido “para que sea instruido el procedimiento judicial que corresponda”.