División en el PP por el plan de Génova de bloqueo judicial

La estrategia de bloqueo de la dirección nacional del PP con la renovación del Poder Judicial no ha tenido un apoyo unánime en el partido. En estos últimos días había vuelto a reactivarse el sector que pedía que se virara de posición y se accediera a negociar en cuanto se pasara la presión de la moción de censura de Vox. En esta cuestión, como en tantas otras, Génova está atada de manos por el miedo a la crítica de sus propios satélites. Y esto dentro del partido se ve como una prueba de la debilidad del liderazgo de Pablo Casado, de quien se quejan dentro de su formación de que se deje marcar la agenda por los «voceros» que apoyan más a Vox que al partido.

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que lanzará una reforma para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial deja al PP con poco más margen de maniobra que el del endurecimiento de sus andanadas en el discurso público. Los populares recurrirán la reforma ante el Tribunal Constitucional, pero esto no la paraliza una vez aprobada, y cuando el Alto Tribunal quiera pronunciarse, puede hasta haberse vencido el plazo para otra renovación institucional.

El PP ha sostenido este bloqueo en una supuesta razón de Estado para evitar que la izquierda radical y el independentismo tomen también posiciones en la Judicatura. Y con su bloqueo lo que está haciendo es mantener en la cúpula de la Justicia una mayoría absoluta que la derecha ya no tiene en el Parlamento y que permite nombrar a jueces en el Tribunal Supremo.

En lo que es otro pulso de partidos, la reforma legal dejará al PP sin el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los nombramientos, pero también mucho más desprotegido para hacer frente desde la oposición a las causas de corrupción que todavía tiene pendiente de que queden saldadas en la Justicia. Dentro del partido han advertido de que decir que no se renovaba el Poder Judicial mientras Podemos estuviera en el Congreso era un disparate, por más que esos satélites externos presionaran en el argumentario y taponaran la posibilidad de flexibilizar posiciones en aras de un entendimiento y de que se cumpla el mandato constitucional de la renovación.

El PP vuelve a enfrentar aquí al ala moderada y al ala dura, donde ya no está Cayetana Álvarez de Toledo en el mando, pero, sin embargo, sigue siendo una pesada sombra a las espaldas de Génova. La ex portavoz y diputada ha redirigido su vida política a hacer de oposición a la oposición desde dentro del partido. La pandemia, y la justificación de que no puede estar en plena actividad todo el grupo parlamentario en las sesiones plenarias, está facilitando a Génova aplicarle su propio confinamiento, y que no entre en el cupo de diputados presentes en el Pleno. Aunque ella se venga a traves de sus «catilinarias», vídeos con cada vez mejor calidad técnica, para lo que ha buscado asesoramiento, y de sus apoyos mediáticos.

Álvarez de Toledo es el «cinturón» de Casado contra la tentación de volver a sentarse a negociar la renovación institucional, como lo hizo hasta el verano. Pero quienes dentro del partido no veían la estrategia de bloqueo, más dudas tienen todavía de ceder por completo el terreno a la imposición de la izquierda por la vía de su mayoría parlamentaria. Al PP le preocupan los nombramientos en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala Penal por la que pasan todos los casos de corrupción, y la que tendría que juzgar al Rey emérito, si llegara a darse esa circunstancia. En la actualidad, esa Sala es mayoritariamente conservadora. Esta reforma «ad hoc» de la ley, anunciada por el presidente del Gobierno, tiene su punto más débil en su aplicación de manera retroactiva para renovar el actual Consejo o que incluso el nuevo Consejo pueda tomar decisiones retroactivas como la de no ratificar los nombramietnos hechos por Carlos Lesmes, su actual presidente.

Por ahora, el anuncio de Sánchez de sus intenciones reformistas es leña para que el PP endurezca el discurso contra una Gobierno al que acusa de ser «una amenaza para el juego democrático por su afán de colonizar todas las instituciones». Más ruido para una polarización que a Moncloa le es útil para movilizar a su parroquia y poner sordina a su gestión de la pandemia.