El juez acusa a Iglesias de “fingir ser una víctima” para lograr rédito electoral

García Castellón pide al Supremo que le investigue por denuncia falsa, daños informáticos y revelación de secretos

Pablo Iglesias instrumentalizó políticamente el «caso Dina» presentándose como «víctima» de una persecución política orquestada por las «cloacas del Estado» con el objetivo de obtener un botín electoral. Ésa es la conclusión a la que ha llegado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tras 19 meses de investigación en la que el líder de Podemos ha pasado de perjudicado a estar al borde de la imputación, sobre la que ahora deberá decidir el Alto Tribunal dada su condición de aforado.

En su exposición razonada –en la que a lo largo de 63 folios desgrana los indicios contra Iglesias– el magistrado reclama al Supremo que investigue al actual vicepresidente del Gobierno por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con la agravante de haberse cometido por razones de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito.

¿Por qué motivo? García Castellón –que ya amagó al retirar la condición de perjudicado al líder morado, aunque después la Sala de lo Penal le obligó a rectificar– cree que Iglesias atribuyó de forma falsaria el robo del móvil a su exasesora Dina Bousselham, en noviembre de 2015, a una supuesta operación encargada por el PP al comisario José Manuel Villarejo para desprestigiarle políticametne. Y lo hizo, dice el magistrado en un auto en el que no ahorra calificativos al comportamiento del vicepresidente de Pedro Sánchez, «fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado» haber sido víctima de un hecho «que sabía inexistente pocas semanas antes de unas elecciones generales». Presentando en definitiva el robo del móvil –en cuya tarjeta de memoria había guardadas conversaciones de altos cargos del partido, entre ellas una en la que Iglesias aseguraba que «azotaría» a la periodista Mariló Montero «hasta que sangrara»– como «un encargo realizado por el Gobierno del PP al ex comisario Villarejo para publicar información procedente del mismo» en el digital OK Diario «en el contexto de una campaña para perjudicar a Pablo Iglesias y por ende a Podemos».

Para sustentar su imputación del delito de denuncia falsa contra el político ha sido clave, reconoce, la declaración del ex abogado de Podemos José Manuel Calvente –quien denunció la supuesta financiación irregular de la formación–, que califica de «minuciosa» respecto a «cómo se orquestó y desarrolló el ardid» de vincular el robo del móvil a una operación de la «Policía patriótica» contra el líder de Podemos.

El instructor extiende además esa petición de imputación a la que fuera responsable de los servicios jurídicos de Podemos Gloria Elizo, ahora vicepresidenta tercera del Congreso, y a los letrados de esta formación Marta Flor Nuñez y Rául Carballedo, así como a la propia Bousselham y a su pareja, Ricardo Sa Ferreira, estos dos últimos por falso testimonio.

Al mismo tiempo, en otra resolución el instructor propone juzgar por estos hechos a Villarejo –en cuya vivienda se intervinieron parte de los archivos del móvil de Bousselham– y a el ex director y subdirector de Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles, respectivamente (que facilitaron supuestamente aVillarejo esa copia) por revelación de secretos.

García Castellón deja claro que no se cree la versión de Iglesias, quien tras el hallazgo de esos pantallazos en la vivienda del ex comisario en noviembre de 2017 –más de un año después de que OK Diario publicara esa conversaciones– se presentó como víctima de una persecución política pese a que, al igual que la propia Bousselham –subraya el juez–, «eran conscientes de que las imágenes publicadas eran el resultado de una filtración»» interna del partido.

Y es que la ex asesora de Podemos (a quien atribuye, como a su pareja, un delito de falso testimonio) terminó reconociendo ante el instructor que compartió con varias personas, a las que no identificó, esos pantallazos.

En su escrito, el juez recuerda que Bousselham denunció el robo de su móvil el 1 de noviembre de 2015 y que dos años más tarde, el 3 de noviembre de 2017, en el registro de la vivienda de Villarejo los agentes hallaron archivos con una copia de la tarjeta SIM del teléfono de la exasesora de Podemos. El vicepresidente del Gobierno, mantiene, vio en el hallazgo de los archivos en casa de Villarejo una «oportunidad» para «lograr un rédito electoral aparentando ser víctima de una actuación del ex comisario.

Antes, el 20 de enero de 2016, el presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, entregó la tarjeta de memoria original a Iglesias, quien pese a comprobar que almacenaba «archivos personales y de carácter muy íntimo», se la guardó «sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas» y sabiendo que no sabía nada de su móvil desde que se lo robaron meses atrás.

García Castellón aventura que esa ocultación pudo deberse «al conocimiento que Iglesias tuvo, al observar el contenido de la tarjeta, de las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que él aparecía».

Para el magistrado, resulta determinante que el líder morado devolviera a Bousselham la tarjeta «inoperativa» en fecha sin determinar pero, en todo caso, antes del 23 de agosto de 2017 (cuando la pareja de la ex asesora ya gestionaba la recuperación de los datos con una empresa informática). Y da por cierto que «cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento». De hecho, ve indicios de que fue Iglesias el responsable de esos daños.

Aunque Iglesias sabía que las imágenes publicadas por el medio digital habían sido «enviadas a terceros mandadas por la asesora» –recalca en su argumentación– «con la única finalidad de desprestigiar» a OK Diario «insta a los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial formulada por Bousselham, tratando de disimular falsariamente una conexión» entre las imágenes publicadas y la desaparición del teléfono. Su finalidad, dice, era «estrictamente de oportunidad política».

Para el juez, Iglesias «faltó a la verdad» en su declaración de marzo de 2019 «construyendo un relato en el que el aparecía como víctima de una persecución política». Ahora, el Tribunal Supremo tiene la última palabra.