Casado asegura que la situación de Illa es "insostenible”

El líder del PP, Pablo Casado considera que la situación del ministro de Sanidad, Salvador Illa es “prácticamente insostenible”, tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de las medidas impuestas por Sanidad para el confinamiento perimetral de la capital y de otras nueve ciudades madrileñas, al entender que vulnera derechos fundamentales. “El tribunal da la razón” al Gobierno de Ayuso. Según indico el líder de los populares las medidas de Illa tenían “una motivación política y partidista” que llevó a cabo con el “afán de atacar a una comunidad”, en este caso la de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso. Además, dijo, Illa mandó un mensaje de miedo a la población. " Hay que tener lealtad institucional e intentar dar tranquilidad a los españoles y tener criterios científicos, basados en los médicos", ha apostillado. El líder del PP subraya que “ha tenido que venir un tribunal para decir que no era la mejor idea” el cierre total que determinó el ministro de Sanidad.

Casadoha reclamado “políticas serias” y que ningún presidente del Gobierno intente lavar las malas cifras de gestión sanitaria echándole la culpa a otros. Además, el presidente del PP ha vuelto a tender la mano al Ejecutivo para llevar a cabo una modificación para solucionar el marco jurídico a la que solo habría que añadir “dos líneas”, la que dijo, “ahora se necesitaría para contener la movilidad” en determinadas circunstancias como la de una pandemia. También le ha tendido la mano al Ejecutivo para que haya una “acción coordinada” de atención sanitaria o mejorar los sueldos de los sanitarios que dentro de unos días irán a la huelga para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo.

Plan jurídico que propone

El líder del PP lleva meses proponiendo un plan “B” jurídico que dé certidumbre a las comunidades autónomas. Lo presentó antes del fin del estado de alarma, como alternativa al mismo. Con ello, planteaba a Sánchez en la última sesión de control al Gobierno trabajar de manera conjunta para abordarlo.

El plan jurídico de los populares insistía en que había tres leyes que ya permiten al Gobierno el mando sanitario único: ley general de salud pública, ley general de Sanidad y ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud. Las tres leyes que permiten la limitación de movilidad serían la ley de seguridad nacional, ley del sistema nacional de protección civil y ley orgánica de medidas especiales en materia de Salud Pública. Una legislación que va en la línea del convenio Europeo de Derechos Humanos y Reglamento sanitario internacional de la OMS.

Si para el Gobierno esas leyes no eran suficientes, el PP planteaba dos reformas: tomar como analogía el Reglamento Sanitario Internacional de 2005 en materia epidemiológica, ratificado en sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la reforma del artículo 3 de la LO 1986 cuya redacción habilita de un modo genérico al Gobierno a tomar “las medias que sean necesarias” para control de enfermos de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos, así como limitar las entradas y salida en zonas afectadas o amenazadas y controlar o limitar el movimiento.

También proponía la reforma de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa para garantizar eficacia y agilidad sin perder garantías judiciales.