¿Puede el Gobierno decretar ahora el estado de alarma?

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tumbado hoy las restricciones impuestas en la Comunidad de Madrid desde el pasado sábado para intentar frenar el avance de la pandemia al entender que limitan derechos y libertades fundamentales sin habilitación legal suficiente. La Justicia ha señalado el camino hacia el estado de alarma si se quiere avanzar en este tipo de restricciones, una vía que desde el Gobierno regional rechazan de plano y que en Moncloa han intentado esquivar buscando otras “herramientas legales” para conseguir el mismo resultado. En el Gobierno reconocen su preocupación por el impacto de la decisión judicial y se muestran contundentes, asegurando que se tomarán “las medidas jurídicas que mejor convengan para proteger la salud pública”.

Fuentes del Ejecutivo piden “cautela” y aseguran que se debe actuar de forma coordinada con la Comunidad de Madrid y, por esta razón, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha convocado de urgencia una reunión del Grupo Covid con el Gobierno regional para estudiar el nuevo escenario que se abre tras este varapalo judicial, que deja sin efecto la última decisión de cerrar 10 municipios sin consenso con Isabel Díaz Ayuso. En este sentido, en el Gobierno rechazan levantar el semiconfinamiento que entró en vigor la semana pasada y aseguran que trasladarán un “plan B” a la Comunidad de Madrid, para que sea el Ejecutivo regional quien decida en última instancia. En Moncloa se basan en que el criterio de los expertos sostiene mantener las restricciones en vísperas del puente de El Pilar.

Desde el Gobierno se ha apuntado en numerosas ocasiones al estado de alarma como solución. Se hizo durante la vigencia del mismo, desde marzo hasta junio, asegurando que era el único instrumento capaz de limitar la libertad de movimientos de los ciudadanos y se hizo después del verano, emplazando a que sean las comunidades autónomas quienes solicitaran su aprobación en el Congreso, en caso de necesitarlo, para lo cual contarían con los votos de los partidos que sostienen el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos).

Sin embargo, la estigmatización que se ha hecho del estado de alarma desde las regiones ha acabado contagiando a Moncloa que valora ahora que existen “otras herramientas legales” suficientes para no tener que recurrir al artículo 116 de la Constitución. En su día, Sánchez se comprometió en el Congreso de los Diputados con Ciudadanos, PNV y otras fuerzas políticas a alumbrar una legislación ordinaria alternativa para no tener que recurrir al estado de alarma en el futuro, si le facilitaban su apoyo para aprobar las últimas prórrogas. Se trataba de una reforma que se tramitaría por la vía de urgencia para lograr tenerla lista antes de que nos sacudiera la segunda ola, que se preveía inicialmente para octubre. No obstante, meses después de levantarse el estado de alarma no se ha avanzado en esta alternativa y solo se impulsó un Plan de respuesta temprana, en base al cual se han adoptado decisiones en el seno del Consejo Interterritorial de Salud.