Iglesias se aferra al cargo y el PSOE pide su cese si le imputan

Podemos votará contra el suplicatorio y el PSOE se inclina por respaldarlo. Los barones socialistas creen que la imputación obliga a que abandone el Gobierno

«Pedro Sánchez tiene en sus manos a Pablo Iglesias». La reflexión viene de la parte socialista del Gobierno. La petición del juez del «caso Dina» al Tribunal Supremo para que investigue al vicepresidente del Gobierno por tres delitos deja a Podemos «atado» al Ejecutivo de Sánchez, en un análisis en el que coinciden socialistas y oposición. Aunque la tensión lleve a la parte morada a radicalizar sus posiciones y enfrente a Sánchez a un socio de gabinete, que no romperá por su extrema debilidad, pero que sí intentara poner sordina a sus dificultades con un recrudecimiento de su campaña contra la Justicia y de todas las demás causas ideológicas, como la «guerra» contra la Corona, en la que el socialismo tradicional tiene otras posiciones de partida mucho más moderadas e institucionales.

Pero yendo a los hechos, el primer lío político que devendrá de la difícil situación en la que queda Iglesias apunta al trámite del suplicatorio. Iglesias puede aguantar, y lo hará, en el Gobierno de Sánchez hasta la imputación. Pero si llega ese momento, la parte socialista considera que es «insostenible» para un equipo que llegó con la bandera de la regeneración, y para un líder que llegó al Gobierno a lomos de la moción de censura bajo el mantra de la ejemplaridad frente al Ejecutivo de Rajoy, mantener como «número dos» del Gabinete a quien está siendo investigado por su papel en la conocida como pieza Dina, sobre el robo del móvil a la ex asesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y en cómo su contenido acabó en manos del comisario jubilado y en la cárcel José Manuel Villarejo. Debido a las contradicciones de Iglesias durante la instrucción, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, pide al Supremo que le investigue por daños informáticos, descubrimiento de secretos, con agravante de género, y denuncia falsa o simulación de delito.

Sin embargo, antes de llegar a la decisión sobre su continuidad en el Gobierno, y sobre lo que el PSOE entiende que le obliga a dejar paso a «la etapa de Montero y Díaz», por las ministras de Igualdad y Trabajo de la cuota morada en el Gabinete socialista, el Congreso tendría que votar la concesión del suplicatorio al vicepresidente, al estar aforado como parlamentario. Hay algún precedente en la historia democrática de suplicatorio que no llegó a concederse, y esto implica que el parlamentario no puede ser investigado por la Justicia, y la causa se queda parada hasta que pierde su acta de diputado o senador. Aquí el lío está asegurado por anticipado.

La respuesta política de Unidas Podemos a la decisión del juez del «caso Dina» de pedir al Supremo que abra la investigación va a ser radicalizar su campaña contra el Poder Judicial para presentarse como víctimas de una supuesta ofensiva judicial, política y hasta mediática para bloquear la revolución obrera desde las instituciones. La conjura de los poderes del Estado será el argumento, como en su día el PP intentó convencer a los ciudadanos de que el «caso Gürtel» era una «causa general» contra ellos. La mayoría de investidura es suficiente como para bloquear el suplicatorio, pero el PSOE tiene la llave. Y hasta para Pedro Sánchez, señalan en las baronías menos afines al «sanchismo», resultaría muy difícil de administrar la decisión de obligar al PSOE, como partido de gobierno, de votar en contra de la colaboración con la Justicia.

Iglesias va a radicalizarse, y abre la incógnita sobre si Pedro Sánchez se dejará arrastrar o si, por el contrario, optará por aprovechar la debilidad de su socio para centrarse. El vicepresidente del Gobierno está en manos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y del ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, subrayan fuentes socialistas. «Los dos tienen mucho que decir en el Supremo», reflexiona un ex ministro de Justicia que conoce las interconexiones que existen en esas altas esferas, al margen del principio de la independencia de poderes. De hecho, el informe de la Fiscalía no es vinculante y la sala pena puede adoptar una decisión contraria.

La oposición salió ayer a pedir la dimisión del vicepresidente. Mientras que Podemos apela a la última versión de su código ético, rebajado en exigencias, para plantar batalla por adelantado y advertir de que no hay dimisión hasta que no haya condena. «Que cumpla con su vara de medir», reclamaron desde el PP. El PSOE reivindicó respeto a la Justicia. Y Unidas Podemos desacreditó la decisión del juez y sembró el camino del argumentario: «La persecución a Iglesias puede ser por su republicanismo». «Las opiniones republicanas molestan demasiado en algunos ámbitos», proclamó el portavoz de los morados, Pablo Echenique.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló su respeto a la Justicia, confirmó su apoyo a Iglesias y dijo que no está preocupado por la situación del vicepresidente.

Los discursos oficiales seguirán las consignas de partido. Pero la realidad es que la cuota socialista del Gobierno aplaudía ayer la noticia que llegaba de los tribunales: «Sánchez tiene a Iglesias donde siempre ha querido tenerle». Y en la oposición admiten que ven complicado que Podemos rompa el Gobierno «cuando Iglesias está en manos de Sánchez».

En estos momentos, oficiosamente en el Ejecutivo se puede escuchar decir que los morados son «la primera víctima de la estrategia de Sánchez, y no les queda más remedio que asumirlo todo por mucho ruido que hagan». «Hacen el trabajo sucio. Tenemos sus escaños, no les queda otra, dada su debilidad política y territorial, y encima nos sirven para agitar a Abascal y movilizar una confrontación y polarización que nos viene bien para movilizar a la izquierda».

Este optimismo no esconde el temor a la capacidad de Pablo Iglesias de desestabilizar la situación. Podemos ya les advirtió ayer de que es un «escándalo» que el Supremo acepte investigar a Iglesias y no contempla su dimisión.