El juez del “caso Dina” denuncia que desde el Gobierno se le “señala” tras pedir imputar a Iglesias

El juez Manuel García Castellón ha puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo que considera una campaña de desprestigio personal y profesional y de intimidación que está sufriendo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación y que, denuncia, le sitúan en una situación de indefensión y de descrédito profesional.

En su escrito dirigido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el magistrado se queja de que se intenta trasladar el mensaje de que su petición de imputación de Pablo Iglesias por tres delitos es “una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar” a Podemos.

Estos mensajes, lamenta, “son repetidos y amplificados” por determinados dirigentes políticos, “entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado” y conscientes de la repercusión de sus palabras, le colocan “intencionadamente en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional denuncia la campaña pública que se ha iniciado contra su persona en medios de comunicación y en redes sociales desde que se hizo pública, el pasado miércoles, la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo por la que se somete a consideración del alto tribunal la investigación de dos aforados, el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria María Elizo, así como de otras cuatro personas: la ex asesora de Podemos Dina Bousselham, su pareja y dos abogados de la formación morada.

García Castellón explica que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada , deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de “una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política”.

García Castellón adjunta la denuncia que ayer presentó ante la Policía por la naturaleza y la gravedad de los mensajes vertidos contra su persona y que, entiende, podrían revestir carácter de infracción penal.

Por último, el magistrado manifiesta que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel y recuerda que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo “no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida”.