Pablo Iglesias

Plan Garzón

El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón denunció al periodista por injurias por vincularle con un "grupo mafioso"
El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón denunció al periodista por injurias por vincularle con un "grupo mafioso"larazon

La independencia del Poder Judicial es un principio fundamental de toda democracia y en esta afirmación debería existir un total consenso. Nunca hasta ahora desde un Gobierno democrático se había permitido, incluso impulsado desde las redes sociales, que jueces y fiscales fueran perseguidos o señalados públicamente como enemigos del régimen. En estos días hemos conocido cómo el magistrado García Castellón ha denunciado públicamente que está recibiendo amenazas de muerte e insultos a través de las redes sociales por miembros de la guerrilla de Podemos, tal como la definió el exabogado de dicho partido José Manuel Calvente, formada «por un equipo a sueldo para cargarse a los jueces y personas que le atacan».

Ahora hemos podido comprobar cómo realmente funciona un partido de claro tinte autoritario, con insultos y coacciones claramente organizados y que actúan de forma disciplinada cuando desde la cúpula dan la orden. Lo último han sido las propias amenazas veladas de Iglesias al Tribunal Supremo. «Ni como mera hipótesis concibo que vaya a haber imputación», ha afirmado dando a entender que no aceptará otra decisión que el archivo de la investigación por tres delitos que pesa sobre él. A partir de ahora comenzará la presión sobre los magistrados del Supremo; para eso está la guerrilla, siempre en disposición de combate como trituradora de vida, imagen y honor.

Pero ¿cómo hemos podido llegar a esta situación? Estoy convencido de que no se actuaría con tanta seguridad y desprecio a la decencia democrática sin existir un plan bien trabajado desde hace años. Y ese plan se llama Baltasar Garzón. Ya tuvimos noticias del inicio del mismo en febrero de 2009 cuando se juntaron en una cena Garzón , el que era ministro socialista de Justicia Mariano Fernández Bermejo y la actual fiscal general Dolores Delgado, en la famosa cacería que le costó el puesto a Bermejo y que ocurrió en plena investigación del «caso Gürtel». También se supo que el entonces ministro y el expulsado Garzón cenaron en varias ocasiones previamente.

Desde ese momento el exjuez ha estado presente en todas las maniobras político-judiciales que se han producido hasta nuestros días, y así hemos conocido su familiaridad con Villarejo y la propia Delgado al hacerse públicas las conversaciones donde se hablaba de forma tan vulgar sobre temas relativos a la prostitución, la homosexualidad o el papel de la mujer en la Judicatura. Ese plan no se vio truncado a pesar de que el exjuez fue expulsado de la carrera judicial al ser condenado en 2014 a 11 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por prevaricación. Hoy en día la relación entre Garzón y Podemos está fuera de duda, como se acreditó cuando firmó el pasado abril un manifiesto de apoyo a Pablo Iglesias cuando el CGPJ protestó ante las críticas realizadas por el vicepresidente contra el Supremo por la condena de la dirigente de Podemos Isa Serra por atentado a la autoridad y lesiones. También hay que recordar que hace unos días Garzón mostró su preocupación porque Lesmes siga como presidente del CGPJ, marcando el pistoletazo de salida a las críticas de dirigentes de la izquierda radical.

Estas manifestaciones hay que ponerlas en relación con el ataque frontal que desde el Gobierno se ha puesto en marcha contra el CGPJ, acusándole de falta de legitimidad por estar en funciones. Claramente hay un plan para ocupar el Poder Judicial , como en su momento para ocupar la Fiscalía, y ambos planes han tenido como protagonistas al tándem Garzón-Delgado, aunque lo más seguro es que la fiscal general sea el peón de la partida de ajedrez que Garzón está jugando desde hace años para modelar un Poder Judicial al gusto de la izquierda radical.

No hay que olvidar que en las negociaciones de 2016 entre Podemos y PSOE para formar Gobierno se puso encima de la mesa la propuesta de que los vocales del CGPJ debían de ser nombrados atendiendo a la adhesión que tuvieran con el programa del «Gobierno del cambio». En ese momento las negociaciones no prosperaron , pero ¿ alguien puede dudar que esa propuesta no se presentó de nuevo en las negociaciones para conformar el actual Gobierno de coalición? Vistos los actuales acontecimientos, parece verosímil que forme parte del plan.