PSOE y Podemos se saltan la negociación con el PP para renovar el CGPJ

Presentan una proposición de ley para cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces para que solo se requiera mayoría absoluta y no tres quintos del Congreso

La negativa del PP a promover la renovación del Consejo General del Poder Jucial (CGPJ) ha llevado al Gobierno a idear una puerta de atrás para conseguirlo sin la connivencia del principal partido de la oposición. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya lo avanzó hace dos semanas desde Bruselas y hoy se ha materializado en el Congreso de los Diputados con el registro por parte de los partidos que sustentan el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) de una proposición de ley para cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. La intención del Ejecutivo es promover la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para rebajar las mayorías y no tener así que depender del aval del Partido Popular.

Durante toda la semana el Ejecutivo ha tratado de buscar una manera de saltarse la negociación con los populares y así evitarse los posibles obstáculos para elegir a los doce magistrados que conforman el órgano judicial. La forma la han presentado esta misma mañana, pasadas las doce y media, y lo han hecho mediante el registro por parte del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley para acelerar la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y bajar el umbral de la mayoría parlamentaria requerida para su renovación, es decir rebajarlo de los 3/5 requeridos actualmente (210 diputados) a la mayoría absoluta (176 diputados). El objetivo de este giro es el de conseguir saltarse la negociación de la renovación de los órganos con el PP, con quien de momento las conversaciones no han avanzado y no existen visos de acuerdo.

Con la propuesta registrada, el objetivo del Gobierno es rebajar la mayoría necesaria para elegir a 12 de los veinte miembros que conforman el órgano. Según la Constitución, esta designación se regula a través de una ley orgánica y requiere una mayoría de tres quintos de cada cámara para la elección de los seis vocales que corresponden a cada una por el turno judicial. Según la propuesta de ambos partidos, el objetivo es que cada cámara designe a seis vocales pero cambiando el proceso. En una primera votación se tendría que obtener el respaldo de tres quintos. En el caso de no superar el requerido aval, en una nueva votación, 48 horas después se elegirían a los seis vocales del turno judicial por mayoría absoluta.

Hasta ahora, la renovación de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial -que lleva dos años en funciones- requiere del aval de una mayoría de tres quintos del Congreso, lo que hace fundamental el voto a favor de los populares. Con la proposición de ley que PSOE y Unidas Podemos acaban de registrar, pretenden atar la renovación de los seis vocales del turno judicial del órgano contando con la mayoría absoluta de la Cámara, lo que haría prescindibles los apoyos del partido de Pablo Casado.

En el seno de la coalición son conscientes de que poseen estos apoyos, ya que hace semanas ya lograron atar 188 firmas para presionar al PP a promover la renovación. En la proposición de ley, además de rebajar el sistema de mayorías también se avanza en una fiscalización y limitación de las facultades del CGPJ durante el periodo que esté en funciones. En concreto, el órgano de gobierno de los jueces lleva dos años en esta situación de interinidad y se han promovido nombramientos del Tribunal Supremo, que no cuentan con el beneplácito del Gobierno, pues su composición obedece a la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

El Gobierno ha decidido optar por la vía rápida para conseguir la reforma del CGPJ, al tramitarlo en el Congreso de los Diputados y no hacerlo como un proyecto de ley del Consejo de Ministros. De esta manera se evita la petición de informes al propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. La propia portavoz del grupo socialista, Adriana Lastra, en rueda de prensa conjunta con el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha descartado la opción de pedir informes no vinculantes, amparándose en que “es una competencia del Congreso de los Diputados”, y ha aventurado que en tan solo dos meses, podría entrar en vigor la modificación de la reforma del CGPJ.

Ambos han amparado su propuesta de reforma de la ley orgánica en el argumento de que “el PP ha roto en dos ocasiones un acuerdo para la renovación del CGPJ”, en palabras de la portavoz socialista. Ambos emiten como justificación que tanto el presidente del órgano, Carlos Lesmes y la comisión europea han pedido al Congreso de los Diputados que se tramite la renovación. Lastra ha criticado al PP, a quien achaca “cálculos partidistas para alcanzar objetivos que no responden al interés general sino que dañan a las instituciones”. Por su parte, Pablo Echenique ha acusado a los populares también de “llevar incumpliendo la Constitución española como mínimo dos años en lo que respecta a la renovación del CGPJ” y ha respaldado que la PNL se presenta con el objeto de “que se cumpla la Constitución” y el principio de “legitimidad democrática”.

Tras anunciar el registro, desde Más País, su portavoz Íñigo Errejón ha advertido al Gobierno que se encuentra en “minoría” y ha avisado de que si quiere sacar adelante su reforma debe “negociar y cuidar” a las formaciones que le facilitaron su investidura, pues las mayorías -ha dicho- no se activan con “solo tocar el silbato”. Desde ERC, el diputado Gabriel Rufián, ha apelado, por su parte, a la “discreción y a la prudencia” sobre las conversaciones para renovar el órgano y lanzó una crítica hacia el CGPJ: “No solamente hablamos de unos jueces que van en contra de una idea política, sino también de otras ideas relacionadas con la izquierda española”, finalizó. Desde el PP han vuelto a avisar hoy al Gobierno que no participarán de la renovación si Podemos forma parte de ese proceso, al defender que el partido de Pablo Iglesias “erosiona las instituciones”. En palabras del secretario de Comunicación, Pablo Montesinos, es el Ejecutivo quien tiene la “llave” para desbloquear el Consejo y pasa por “avanzar en la despolitización”.