Casado se libera de la presión de cerrar antes de fin de año un acuerdo

La decisión del PSOE y de Unidas Podemos de avanzar en una reforma unilateral del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) libera a Pablo Casado de las presiones y tensiones dentro de su partido para que retomasen la negociación con el PSOE y llegaran a un acuerdo antes de que terminara el año. Con esta previsión trabajaban también en ámbitos judiciales. El último supuesto punto de inflexión era la moción de censura de Vox, que se debate la semana que viene en el Congreso de los Diputados.

Casado estaba «atado» por la posición de Ciudadanos y de Vox, sobre todo de este último partido, y por las críticas que temía recibir de la derecha más cercana a Vox en el caso de que desbloqueara esta negociación. Aunque, al mismo tiempo, dentro de su partido también advertían de la debilidad del argumento de condicionar la negociación a la salida de Unidas Podemos del Gobierno legítimamente investido. En el mismo sentido, desde el Poder Judicial también habían trasladado sus reservas al principal partido de la op osición por el bloqueo.

Sin embargo, el «asalto» legislativo de los dos socios de coalición libera a Casado de las presiones, e incluso da la vuelta a la situación para dirigir todas las críticas contra la «maniobra» de la izquierda. El bloque de la derecha ya ha anunciado que recurrirá la reforma en bloque. Y el líder del PP, Pablo Casado, reaccionó acusando al presidente del Gobierno de pretender liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia de su vicepresidente investigado».

El discurso de la izquierda decía que el PP no quería renovar el Poder Judicial para mantener el control de la Sala Penal del Supremo y de los nuevos nombramientos, que el presidente del Alto Tribunal y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha seguido ejecutando. Pero ahora el argumento es igual de válido para la derecha. El PP cree que el «asalto» legislativo tiene como objetivo tomar el control del Poder Judicial para proteger al vicepresidente Pablo Iglesias, pendiente de que el Tribunal Supremo decida si le investiga por el «caso Dina». Todo muy pedagógico desde el punto de vista de la teórica independencia judicial.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial está dirigida a rebajar la mayoría de tres quintos necesaria actualmente, lo cual es, según la mayoría de las asociaciones judiciales, inconstitucional por el procedimiento utilizado para afrontar una modificación que afecta a la Carta Magna. Pero también quiere que el CGPJ en funciones no pueda seguir tomando decisiones ni realizando nombramientos. «Si perpetran este atropello a la legalidad lo recurriremos al Tribunal Constitucional y a las instituciones y tribunales europeos», sentenció el jefe de la oposición.

Desde el PP hablan también de «conductas dictatoriales» por intentar cambiar por la puerta de atrás las reglas del juego democrático. «Cada día avanzan un paso más en el deterioro de nuestro sistema constitucional». La crisis económica y sanitaria se cruza con una profunda crisis institucional, y éste siempre ha sido uno de los objetivos que Unidas Podemos se ha marcado para su paso por el Gobierno. El descrédito de las instituciones como puente desde el que impulsar el cambio de régimen. El bloqueo de las renovaciones pendientes tampoco ha ayudado a cuidar las instituciones.

El PP advierte de que, si la estrategia del Gobierno de coalición ha optado por presentar una proposición de ley, en lugar de un proyecto de ley, es porque sabía que no podía contar con los informes preceptivos de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.

«La proposición de ley es un fraude. El Gobierno no tiene ningún tipo de límites con tal de saciar su objetivo, el poder absoluto y sin ningún tipo de control ni contrapeso», señaló ayer la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra.

Con la misma contundencia se pronunciaron los portavoces de Ciudadanos y de Vox. Para el partido de Santiago Abascal, se trata de un ataque directo al Estado. Mientras que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, lo calificó de «mazazo sin precedentes a la Justicia».