El Gobierno quiere reintegrar los ahorros incautados por el franquismo como consecuencia de la Guerra Civil

La proposición de ley presentada por el Parlamento catalán supondría un gasto de 3.000 millones

El Congreso estudiará si el Estado reintegra miles de millones de dinero de la Segunda República que fueron incautados por el franquismo como consecuencia de la Guerra Civil, después de que el bando sublevado ordenase la anulación y canje de los billetes impresos por el régimen republicano.

En marzo de 1938, el Banco de España cifró la incautación en 35 millones de pesetas, que al cambio equivalen a más de 3.000 millones de euros.

Esta cuestión llegó el martes al Pleno de la Cámara Baja mediante una proposición de ley remitida por el Parlamento de Cataluña, donde por unanimidad se pidió que desde la administración central se compense a las personas que perdieron su dinero y otros signos fiduciarios. El texto podría encontrar encaje en el trámite parlamentario de la futura Ley de Memoria Democrática.

La iniciativa, impulsada por el PSC, fue defendida por los diputados autonómicos Eduard Pujol (PdeCAT), Ferran Pedret (PSC) y Jéssica Albiach (En Comú Podem) y contó con el respaldo de PSOE, Podemos, Ciudadanos y los grupos nacionalistas. Votó en contra Vox y se abstuvo el Partido Popular.

La proposición consta de dos artículos donde se expone que el régimen franquista retiró el papel moneda republicano por vía de varios decretos que hicieron perder sus ahorros a los particulares afectados, que nunca han sido indemnizados. En el caso de que los perjudicados hubieran fallecido, tendrían derecho a ello sus “derechohabientes” –aportando la documentación que lo acredite– mediante un reglamento en el que también se concretará el “método de cálculo del resarcimiento”.

Un mecanismo similar se estableció en su momento con los sindicatos y los partidos políticos a los que se requisaron bienes y derechos.

Los “platos rotos” de Caballero y Negrín

El diputado de Vox Juan José Aizcorbe aseguró que la petición del Parlamento de Cataluña sobre el dinero republicano se enmarca en el espíritu de la “liberticida” Ley de Memoria Histórica y acusó a la iniciativa de la Cámara autonómica de estar llena de “indefiniciones”. Además se preguntó si “los españoles del siglo XXI” deban pagar los “platos rotos” de la “mala política económica” que en la Segunda República desarrollaron Francisco Largo Caballero o Juan Negrín. Aizcorbe también se refirió a que la proposición llegó a la Cámara catalana a través de una asociación detrás de la que está el ex juez Baltasar Garzón. Este mismo aspecto fue destacado por la diputada del PP María Jesús Moro, quien se refirió a que es una “evidencia” que en la Guerra Civil que “unos y otros abusaron de los instrumentos de la fuerza y la incautación”, en referencia a que el bando republicano también intervino dinero y bienes de particulares.

Se trata de una iniciativa pendiente de debate en el Congreso desde abril de 2017. El Gobierno de Mariano Rajoy vetó en ese momento que se discutiera con el argumento de que su aprobación supondría un aumento de los créditos presupuestarios.

Después de la moción de censura, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez revocó el veto, pero se convocaron las elecciones de abril de 2019, la reforma decayó y tampoco dio tiempo a debatirla en la corta legislatura siguiente.

Ahora se tramitará en el Congreso, donde también tendrá que llegar en los próximos meses la Ley de Memoria Democrática que amplía la norma para resarcir a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, vigente desde 2007: la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero.

En la exposición de motivos de la proposición de ley se recuerda que en noviembre de 1936 las autoridades franquistas decretaron que dejaban de ser válidos los billetes puestos en circulación por el Banco de España después del 18 de julio de 1936 y que los anteriores a esa fecha sólo podían circular si habían sido estampillados por las autoridades franquistas.

Después, se ordenó cambiar la moneda republicana por papel moneda válido en la zona nacional y se establecieron unos plazos y requisitos para su canje. El dinero anterior al alzamiento que no pudo canjearse por decisión de los tribunales se depositó en una cuenta especial del Banco de España, denominada “Billetes de canje desestimado”, mientras que los billetes posteriores al 18 de julio de 1936 emitidos por las autoridades republicanas se depositaron en un “Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo”.

Para canjear los billetes anteriores al 18 de julio de 1936, muchos ciudadanos hubieran requerido el aval de personas de renombre y afectos al nuevo régimen dictatorial, una condición imposible de cumplir para muchos de ellos que “se vieron forzados a entregar sus ahorros respectivos simplemente a cambio de un recibo, ya que no podían optar al cambio de los billetes”.

“Su incautación, y la de los signos fiduciarios y billetes republicanos posteriores al 18 de julio de 1936, tenía un doble objetivo: la obtención de recursos para un régimen en grave situación de crisis a raíz de la guerra y la aplicación de una medida más de represión contra los vencidos en la confrontación civil”, argumenta la iniciativa.

La norma también recoge la inclusión de una disposición adicional para que el Gobierno central y el catalán estudien y habiliten medidas para resarcir los bienes depositados en las cajas de alquiler de bancos y cajas de ahorros que fueron incautados durante la Guerra Civil amparándose en disposiciones del Gobierno de la República y del Gobierno de la Generalitat, siempre que estas incautaciones se hicieran “de manera ilegal”.