El 90 por ciento de los jueces respalda la elección directa de los vocales judiciales del CGPJ, sin participación política

Los jueces y magistrados españoles tienen una percepción muy positiva de la Justicia en España, que consideran independiente del poder político. En concreto, el 99 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial afirman sentirse totalmente independientes para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional. Sin embargo, el 83 por ciento cree que todos los Gobiernos, sea cual sea su ideología, muestran más interés en controlarla que en proporcionarle los medios que la hagan más ágil y eficaz. Y también existe una casi unanimidad entre los miembros de la Carrera Judicial en favor de que los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial del turno judicial sean designados directamente por los jueces y magistrados, sin participación alguna de los partidos políticos.

Así se desprende de los resultados de la encuesta que Metroscopia ha realizado por encargo del Consejo General del Poder Judicial entre los pasados 8 y 22 de septiembre mediante entrevistas telefónicas a mil jueces/zas y magistrados/as en activo -la muestra supone casi el 20 por ciento de la Carrera Judicial- seleccionados aleatoriamente de acuerdo con la distribución real por sexo, edad y órganos jurisdiccionales.

La encuesta revela un claro interés por erradicar cualquier apariencia de contaminación política en la acción judicial, que se manifiesta en un apoyo mayoritario, el 90 por ciento, a que los doce vocales del turno judicial que forman parte del CGPJ sean designados mediante elección directa por los miembros de la Carrera Judicial. El mismo porcentaje cree necesario un nuevo pacto de Estado por la Justicia para remodelar a fondo su organización y funcionamiento.

Los jueces también respaldan reformas para restringir el ejercicio de la acción popular (68 %) o prohibir que los partidos políticos la ejerzan en los procedimientos con significación política o en los que se investiguen delitos de corrupción.

Los miembros de la Carrera Judicial también coinciden (86 %) en rechazar la idea de estar interviniendo con sus decisiones en materias de naturaleza exclusivamente política, pero sí creen (88 %) que con frecuencia los políticos eluden su responsabilidad y optan por judicializar los asuntos más complejos en lugar de esforzarse por alcanzar pactos y acuerdos.

Aval minoritario a la instrucción por los fiscales

Menos apoyo encuentra la posibilidad de que los fiscales pasen a instruir las investigaciones, en combinación con el juez de garantías. Solo un 41 % se muestra a favor, mientras que el 55 % está en contra.

En cualquier caso, el 90 por ciento de los encuestados afirma no haber recibido nunca indicación o sugerencia alguna sobre cómo resolver un caso concreto por parte del Gobierno, las Comunidades Autónomas o el CGPJ; el 88 por ciento, tampoco de partidos políticos, otros jueces o grupos de presión económicos o sociales. El porcentaje desciende hasta el 72 por ciento cuando la pregunta se refiere a la presión mediática. Hasta un 9 por ciento responde que “con frecuencia” se siente presionado por los medios de comunicación, de los que una gran mayoría (84 %) piensa que no reflejan adecuadamente el quehacer judicial.

Aun así, el 84 por ciento de los integrantes de la Carrera Judicial dicen que, a la hora de dictar sentencia, nunca (32 %) o raramente (52 %) tienen en cuenta las presiones que pudieran llegarles.

La encuesta revela que los jueces españoles, con independencia de su sexo, edad u orientación ideológica, comparten un mismo sentido de la profesión: el 92 por ciento cree que su función es velar por el cumplimiento de las leyes y el 98 por ciento siente que la Justicia es la última salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Por otro lado, también afirman que la forma en que se desarrolló el juicio por el proceso separatista en Cataluña celebrado en el Tribunal Supremo -que fue transmitido en directo a través de la web del Consejo General del Poder Judicial ha reforzado la imagen de la Justicia en España (68 %) y en Europa (59 %).