Enrique López: “Estamos dispuestos a sentarnos a negociar la renovación del CGPJ”

Es una de las piezas clave en el Gobierno madrileño que preside Isabel Díaz Ayuso. Magistrado de la Audiencia Nacional, ex miembro del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Conoce lo que se cuece bajo casi todas las «togas» y está llamado a ser ministro de un Gobierno de Pablo Casado, si el PP vuelve a recuperar La Moncloa, por la influencia que ejerce en la actualidad en Génova. Tiene experiencia y años de gestión a la espalda, lo que le falta al nuevo equipo directivo del PP. Como secretario de Justicia y Administraciones Públicas lleva todo lo que afecta a las relaciones del partido con el Poder Judicial.

–¿Qué futuro le ve a la reforma legislativa anunciada por el Gobierno para cambiar el sistema de elección del Poder Judicial y terminar con el bloqueo de la renovación del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018?

–Espero que esta iniciativa no llegue a aprobarse por el daño institucional que provocaría.

–¿Piensan que el Gobierno va de farol, para presionarles, y para que dejen de bloquear la renovación institucional?

–Es obvio que esta propuesta de reforma, a través de una proposición de ley, sólo busca presionar al Partido Popular para alcanzar un acuerdo. Acuerdo que, por cierto, el PP está deseando cerrar. El PP quiere cumplir con sus obligaciones constitucionales y con sus obligaciones legales, y sólo le hemos pedido al presidente del Gobierno que, ya que la negociación la lidera él, Podemos no esté presente y no forme parte de ella, de ninguna manera.

–Primero dijeron que Podemos no podía estar en el Gobierno. Ahora, ¿la condición es que no tenga representación en el Poder Judicial?

–Lo que pedimos es que Podemos no esté en la negociación. Y a esta petición, pensando en la defensa de la Constitución, el PSOE responde con una proposición de ley de reforma de la Ley del Poder Judicial, presentada de manera unilateral por los dos partidos que forman el Gobierno, y sin contar con nadie. Y estamos hablando de una reforma que es claramente inconstitucional.

–¿Ustedes se sentarán entonces a negociar con el Gobierno de manera inmediata si retiran esa reforma?

–El PP cumplirá con sus obligaciones constitucionales y legales. Y lo que hemos planteado al presidente Sánchez es lo más sencillo del mundo, que Podemos no esté en la negociación. A partir de ahí, cumpliremos con nuestra obligación. La reforma debería quedar fuera del Parlamento porque atenta contra la Constitución.

–Pero, ¿por qué los escaños de Unidas Podemos valen menos que los del PSOE o los de su partido, si han sido elegidos igual en unas urnas y de manera democrática? La Constitución sólo dice que los vocales de procedencia parlamentaria tienen que ser elegidos por mayoría de tres quintos.

–El PP espera que Sánchez cumpla con sus obligaciones. Nosotros estamos dispuestos a cumplir con la nuestra en la renovación del Poder Judicial y de las vacantes institucionales. Nadie pone en cuestión que Sánchez pueda conformar un Gobierno con un partido antisistema y radical como Podemos. Pero no puede obligar a otras fuerzas políticas a negociar con un partido político que cuestiona la jefatura del Estado, que pide su abdicación y que deslegitima permanentemente al Poder Judicial a través de las manifestaciones de su propio líder y vicepresidente del Gobierno. Que defiende los gobiernos con Bildu en el País Vasco o que propone soluciones jurídicas en Cataluña dirigidas a que una parte de España pueda independizarse del resto. En definitiva, que es un partido que cuestiona permanentemente la Constitución.

–Perdone que le insista, ¿en qué parte de la Constitución se dice que un partido tiene derecho a vetar a otro en la negociación de la cuota que corresponde elegir al Parlamento? Porque entiendo que está diciendo que no hay problema en renovar el Poder Judicial siempre y cuando Podemos no tenga ningún representante en el nuevo Consejo.

–Estamos dispuestos a sentarnos a negociar con Sánchez, siempre lo hemos estado, pero Podemos, como le he dicho, tiene que quedarse fuera.

–¿Es consciente de que suena a excusa para mantener el bloqueo y una mayoría que no se corresponde con su actual representación parlamentaria?

–Estamos defendiendo la Constitución de aquellos que van en contra de ella.

–En el CGPJ ha habido representantes de partidos nacionalistas, e imagino que no les importaría que vuelva a estar representado el PNV, que tampoco quiere la Constitución del 78.

–Nosotros se lo hemos dicho muy claro al presidente del Gobierno. Queremos cumplir con la Constitución y afrontar esta negociación, pero siempre que vaya dirigida a encontrar perfiles de jueces y magistrados que tengan una marcada línea de independencia respecto a los partidos políticos. Queremos fortalecer la imagen de independencia del Poder Judicial, y, por eso, obviamente, no queremos que se elija a personas que tengan vinculaciones previas con partidos políticos.

–Pero si todos tienen tanto interés de participar en el proceso lleva a pensar que todos tienen el mismo interés en elegir perfiles cercanos a su partido.

–Está claro que la reforma que han presentado el PSOE y Podemos va, precisamente, en la línea contraria a garantizar esa independencia. Hasta el punto de que nos coloca en una situación muy parecida a la de Polonia. E incluso nos puede perjudicar para conseguir acceder a los fondos de la Unión Europea, ya que una de las condiciones es que se respeten poderes judiciales independientes. Esta reforma va justo en la línea contraria.

–¿Por qué cree que el Gobierno quiere forzar con urgencia el desbloqueo del Poder Judicial? ¿Diría que les urge recuperar el control de los futuros nombramientos?

–No voy a hacer un juicio de intenciones. Pero sí es absolutamente sospechoso que una reforma de este calado se haga de esta manera, con precipitación, sin escuchar a nadie y sin contar con los informes preceptivos de los órganos consultivos. ¿La razón de tanta prisa? No voy a aventurar, aunque es evidente que estamos ante urgencias políticas totalmente contrarias a un mínimo de responsabilidad en el respeto a los principios y valores constitucionales.

–La izquierda sí dice que ustedes «bloquean» porque quieren mantener el control del Consejo y de los nombramientos, que siguen haciéndose pese a que el Consejo esté en funciones.

–En absoluto. Insisto, no tenemos ningún inconveniente en facilitar la renovación de los órganos judiciales. Respetamos profundamente estos órganos constitucionales, igual que respetamos a todos los jueces. Y, obviamente, creemos que tienen que ser renovados, pero basándonos en los principios constitucionales.

–¿Qué piensa de lo que se va conociendo por ahora del «caso Kitchen»?

–Estamos ante una fase muy primaria de la investigación y respetamos el principio de presunción de inocencia.

–Se está hablando del uso de fondos reservados desde el Gobierno de Rajoy para obstaculizar presuntamente una operación policial que perjudicaba al presidente en primera persona. ¿No le parecen hechos muy graves?

–En el PP la ejemplaridad es una regla básica. Pero también tenemos como regla el respeto a la presunción de inocencia, y la situación exige prudencia hasta ver hacia dónde se encamina esa investigación judicial. Estamos hablando del presunto mal uso de fondos reservados, que ahora mismo está siendo investigado. La presunción de inocencia vale por igual para todos los ciudadanos. Y, por eso, sorprende la diferencia que hay en el tratamiento de este asunto, bajo investigación judicial, y el que se hace con el «caso Dina», en el que ya hay unos hechos acreditados.

–El vicepresidente Iglesias está en una situación parecida a la que estaba Pablo Casado con su máster, salvando la distancia del contenido de los asuntos. Casado estuvo pendiente de que el Tribunal Supremo decidiera si le imputaba para investigarle, y no dimitió como presidente del Partido Popular.

–No era vicepresidente del Gobierno y los hechos no tienen nada que ver. En el caso del vicepresidente del Gobierno, omitió hechos de forma deliberada, faltó a la verdad. Esto es una falta de ética en sí misma que debería llevar a que cualquier responsable político dimitiera.

–¿Cree que el Gobierno de coalición es una amenaza para la Corona?

–El problema es que el Partido Socialista ha desistido como partido de Estado y para poder sostenerse en el poder depende del apoyo político de los partidos independentistas, de los republicanos y de los herederos de Batasuna. Estamos ante el Gobierno más débil de la democracia y esto es lo que pone en peligro a las instituciones. Sánchez llegó al poder gracias a una moción de censura que fue una moción de censura al Estado en sí. Pero el PP defenderá a las instituciones, a la Constitución, y, por supuesto, a las leyes básicas del Estado, que en estos momentos están en peligro por las concesiones que Sánchez se ve obligado a hacer para mantenerse en el poder. Por eso queremos que cuanto antes haya una oportunidad electoral para poder convertirnos en partido de Gobierno y volver a defender las leyes básicas del Estado. En estos momentos están amenazadas no por quien quiere acabar con ellas, sino por quien para mantener sus acuerdos políticos está haciendo concesiones inaceptables.

–¿Qué importancia le da a la sentencia del Supremo del «caso Gürtel»?

–Desde el punto de vista penal, es la solución definitiva, al margen del recurso de amparo que pueda presentarse. En cuanto a las consecuencias politicas, para el PP, ninguna.

–Pero la sentencia ratifica que el partido se lucró con la trama y no es exactamente cierto que niegue la caja B, cuestión que está pendiente de resolverse en otra causa, ¿no?

–La condena a título lucrativo es porque nadie participó, ni conoció ni tuvo relación alguna con los hechos que fueron objeto de juzgamiento. En la sentencia también se deja claro que hubo una extraña praxis judicial por parte del magistrado ponente, y el segundo magistrado, que apoyó el voto mayoritario cuando se introdujeron alusiones a la presunta caja B del partido. Esos párrafos, hiperbolizados, fueron la base para una moción de censura con pies de barro, basándose en una mentira que ha tenido, como todas las mentiras, las patas muy cortas. La sentencia dice que el Partido Popular sólo obtuvo ciertos beneficios electorales en dos campañas electorales, y nada más.

–De acuerdo con su interpretación, ¿la sentencia resta legitimidad al Gobierno de Sánchez?

–Sánchez está legitimado toda vez que ya ha habido dos elecciones de por medio. Pero no cabe ninguna duda de que la moción de censura se basó en una mentira plasmada en una sentencia judicial.

–Sin embargo, hasta la Fiscalía ha dado por «acreditada» la caja B del PP y el Supremo corrigó ayer la nota de prensa que daba a entender que la cuestionaba por «excesiva», cuando en realidad aludían al voto particular de Ángel Hurtado, que pidió la absolución del partido.

–La sentencia certifica que el PSOE y todos los partidos que le acompañaron de «palmeros» en la moción de censura se basaron en unas afirmaciones que el Supremo ha desmentido. Y el PP, como he dicho, sólo tuvo algún beneficio económico en dos campañas electorales y no conoció ningún tipo de hecho relacionado con los condenados.