El Gobierno multiplica por cuatro el traslado de etarras sanguinarios

Los gestos del Gobierno de coalición a los batasunos de EH Bildu y PNV en medio de la negociación de los Presupuestos Generales no cesan. Nunca el sí a las cuentas del estado tuvieron un precio tan elevado: el olvido. La desmemoria de este Gobierno indigna a las víctimas y razón no les falta. Sánchez e Iglesias olvidan los 857 asesinatos de ETA a cambio de 11 escaños.

Esta semana, Instituciones Penitenciarias decidía el traslado de seis presos etarras a prisiones cercanas al País Vasco, entre ellos, destaca el acercamiento de Antonio Troitiño –perteneciente al sanguinario «Comando Madrid»– y el de otros dos terroristas implicados en el intento de atentado contra Juan María Atutxa, además del asesinato de José Ramón Recalde, también ex consejero de Gobierno. Se trata de la última decisión tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez que, desde su entrada en La Moncloa, ha permitido el traslado de al menos 80 los presos, según los datos facilitados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) a LA RAZÓN.

Los delitos de sangre hasta hace unos meses limitaban el acceso a esos beneficios penitenciarios, una situación que ya ha dejado de ser determinante para el Gobierno de Pedro Sánchez ya que en su determinación por mejorar las condiciones penitenciarias de los asesinos de ETA está mirando hacia otro lado y acercando a los reclusos sin escrúpulos y con el rechazo de las asociaciones de víctimas que observan con preocupación este baile de celdas a cambio del apoyo de Bildu en las próximas cuentas, y quizás, a cambio de su apoyo a la renovación del CGPJ, si finalmente se tramita el Proyecto de Ley en el Congreso

Con los traslados aprobados el pasado miércoles, ya son 80 los presos de la banda armada que han sido acercados desde que Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno en junio de 2018. No obstante, desde que el presidente aterrizó en Moncloa dejó bien claras cuáles eran sus intenciones. Desde Bruselas, en su primer Consejo Europeo tras su investidura, confirmó lo que ya había antes en su primera entrevista como presidente en TVE habrá cambios en la política penitenciaria. «ETA fue derrotada por la democracia y, en consecuencia, lo que tenemos que plantear como Gobierno, esa es nuestra responsabilidad y para eso pido apoyo de la Cámara, es revisar la política penitenciaria y adecuarla a una nueva realidad»

Dicho y hecho. A los tres meses, se produjo el primer gesto de los socialistas hacia los reclusos de ETA. El Gobierno trasladó a los presos de ETA Olga Sanz y Javier Moreno desde la cárcel asturiana de Villabona a la de Basauri. Si bien es cierto que la pareja pidió perdón y no cometió delitos de sangre, este acercamiento fue el preludio de lo que vino después.

Desde septiembre de 2018, ha habido un salto, tanto cuantitativo como cualitativo, en lo que a los traslados se refiere. De 17 traslados en 2018, hemos pasado a los 11 en 2019 y a los 47 en lo que llevamos de año, habiéndose producido un verdadero éxodo durante los últimos meses de verano ya que desde junio son 39. Es decir, en los últimos cuatros meses se ha multiplicado por cuatro el traslado de presos, respecto a los seis primeros meses del año.

«Observamos con preocupación como hemos pasado de lo que eran unas decisiones puntuales, –por delitos menores–, a como desde el mes de junio de 2020 ha habido una progresión tanto cuantitativa –porque hemos duplicado el número de traslados pasando de una treintena a más de ochenta– , y sobre todo ha habido una progresión cualitativa porque no encontramos ante condenados por delitos muy graves, incluso, delitos de sangre con muchas víctimas a sus espaldas», describe la abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara.

La angustia y desasosiego invaden al colectivo de víctimas. Desde la AVT pusieron en marcha el Observatorio de Política Penitenciaria para hacer un seguimiento puntual de la situación de los presos condenados por delitos de terrorismo, tanto para solicitar información como para llevar a cabo una contabilidad rigurosa y precisa de las decisiones que se van adoptando con el objetivo de informar a las víctimas. «Queremos evitarles los daños psicológicos, sufrimientos y dolores añadidos que supone enterarse a través de la Prensa o la radio», explica Ladrón de Guevara.

El punto de inflexión sucedió a partir del 30 de diciembre de 2019 con el acercamiento de José María Arregi Erostarbe, alias «Fiti»,el que fuera jefe de «logística» de ETA en una de las épocas más sanguinarias de la banda.

Desde entonces, el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, está cediendo también a una de las viejas reivindicaciones de ETA sin que ninguno de estos reclusos haya pedido perdón a las víctimas. Basta un poco de memoria. El día 10 de julio de 1999, el concejal Miguel Ángel Blanco fue secuestrado. A cambio de su liberación, los terroristas exigían el acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco en un plazo máximo de dos días. El ultimátum terminó y las peticiones no se habían cumplido, por lo que los terroristas llevaron al joven concejal a un descampado y le pegaron dos tiros.

Al acercamiento de etarras, muchos con muertes en su curriculum, se suma ahora la transferencia efectuada por el Gobierno de Pedro Sánchez al PNV del control de las cárceles en el País Vasco. A partir del próximo mes de marzo, el juez de vigilancia penitenciaria de las progresiones de grado se basará en funcionarios de prisiones, dependientes del Gobierno vasco, tal y como sucede solamente hasta ahora en Cataluña. El temor a que de aquí al final de la Legislatura las cárceles se queden vacías crece al igual que la decepción.