Los otros juicios que ya ha perdido Pablo Iglesias

Las denuncias que han llegado a los juzgados contra las personas que se manifestaban en la casa del vicepresidente han sido archivadas. “Es un fuerte varapalo para el líder de Podemos porque él quería meternos en la cárcel a todos”, dicen los afectados

Las denuncias llovieron durante meses en los alrededores de la casa del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuando se puso fin al confinamiento y decenas de personas decidieron acercarse hasta Galapagar para protestar por la gestión gubernamental de la pandemia. Desde entonces, la Guardia Civil no ha dejado de multar a todos aquellos que pasean por las inmediaciones de la finca «por orden de Iglesias», dicen los afectados. Centenares de sanciones de 600 euros, como mínimo, cada una por cantar el himno de España, portar banderas patrias y realizar algún que otro exabrupto contra el líder de Podemos.

Dos de estas personas, Ascensión y Claudina, tuvieron que pasar por los juzgados acusadas de cometer un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Sin embargo, la causa ha sido archivada, lo que supone un varapalo para Iglesias que quizá pretendía que una sentencia condenatoria sirviera de elemento disuasorio para aquellos que a día de hoy continúan yendo a su residencia para protestar. Hablamos con Claudina Gutiérrez, que nos detalla cómo ha sido el proceso y el sobreseimiento de su causa. Nos aporta toda la documentación, pero para analizar su experiencia se remonta al origen, a aquel 29 de junio cuando ella y dos amigas acudieron hasta la casa de Galapagar para pasear bandera de España en hombro.

«Lo recuerdo con claridad porque ese día era el cumpleaños de mi hija y fuimos un poco antes de lo habitual. La Guardia Civil no nos dejó pasar del perímetro de seguridad que habían instalado, así que nos sentamos un buen rato en la acera. Antes de marcharnos decidimos dar un paseo con el himno de España en el móvil. Entonces, vinieron los agentes y nos retuvieron durante dos horas. Estaba claro que recibían órdenes, su teléfono no paraba de sonar. Al final nos pusieron una multa para un juicio rápido argumentando que habíamos querido saltarnos la valla de seguridad, lo cual es totalmente falso, era una excusa, querían multarnos y punto», relata esta vecina de Galapagar que trabaja como guía turística.

Sin rastro de criminalidad

El 1 de julio se celebró el juicio, «en principio era a las 12 y luego nos lo cambiaron a las nueve de la mañana. Presté declaración y allí no había nadie en representación de la otra parte. Me preguntaron qué había ocurrido, conté todo ante la jueza. No llamaron ni a los testigos que llevábamos», relata. Poco después, la magistrada emitió su resolución en donde se subraya que «de lo actuado no se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad en la persona investigada, no apareciendo de lo actuado debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 641.1º y 798.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el archivo de las presentes actuaciones». Y así se zanjó el tema, «una derrota en toda regla de Iglesias», dice Claudina. Sin embargo, tanto ella como otras personas que han sido multadas han decidido «contraatacar» y han presentado una querella contra el vicepresidente por un delito de coacciones y otro de falsa denuncia con el agravante de cargo público. «Lo que quieren es callarnos y no lo van a conseguir», espeta Claudina.

Otro de los casos más significativos y en el que Pablo Iglesias se ha involucrado directamente es el de Miguel Frontera. De hecho, aunque los anteriormente mencionados también fueron dirigidos por vía penal, en el caso de este hostelero madrileño, los cargos que se le imputaban «eran mucho más serios, me quería meter en la cárcel sí o sí», dice. Y es que en la denuncia consta la acusación contra el derecho a la intimidad, la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, así como un delito por descubrimiento y revelación de secretos, «curiosamente el delito que ahora quiere imputarle el juez a él en el ''caso Dina''», dicen los afectados. Y no es un delito menor, ya que, según su abogada, Polonia Castellanos, de haber prosperado podría haberse enfrentado a entre uno y tres años de prisión y una multa económica de 12 a 24 meses.

Los hechos ocurrieron el 12 de julio, «yo creo que Iglesias estaba cabreado por sus malos resultados en las elecciones gallegas y quiso pagarla con alguien», asegura. Miguel acudió con su hija a las inmediaciones de la casa del líder morado, «me encontraba en una zona donde el terreno se eleva como unos 20 metros y me puse a grabar, aunque realmente no se veía nada del interior de la vivienda. De repente salió de la casa Iglesias y dejé de grabar. Le acompañaban sus escoltas. Escuché a un señor que decía que Pablo había dicho que quería detenciones ya y que rodaran cabezas. Imaginé la que se venía», recuerda.

Doble querella contra Iglesias

Cuando la gente que había allí empezó a dispersarse, la Guardia Civil le dijo a Miguel que él no podía irse y que les diera su teléfono. «Sin una orden judicial ni nada. Se lo quedaron y no me lo devolvían, de hecho, aún lo tienen y no hay manera de recuperarlo», protesta. «Entonces me dijeron que me iban a detener y que les dijera qué quería hacer con mi hija, porque yo no podía volver a casa. No me esposaron, la verdad que los agentes se portaron muy bien conmigo. Me llevaron a la comandancia de Galapagar y tras cinco horas allí me soltaron después de firmar unos papeles», cuenta.

Y ahí comenzó el periplo judicial que su abogada Castellanos resolvió con premura pese a las «trabas que quiso poner Iglesias», matiza. Y es que, según la documentación aportada, el juez desestimó el caso, lo archivó, argumentando que «según el artículo 201 del Código Penal, para proceder por el delito de descubrimiento y revelación de secretos es necesaria la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, salvo que se trate de alguno de los hechos descritos en el artículo 198 o cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas, que no es el caso. Y, en consecuencia, en vista de que los supuestos agraviados, Pablo Iglesias Turrión y Enrique Santiago Romero, no han formulado, expresamente, una denuncia, ni es posible hablar de una denuncia tácita».

Es más, consta que Enrique Santiago Romero, que también se encontraba en casa de Iglesias el día de lo ocurrido, les refirió que presentaría una denuncia formal al día siguiente», «denuncia de la que no existe constancia» por lo que «a día de hoy, hemos de concluir que no se cumple el requisito de perseguibilidad legalmente previsto, lo que determina la incoación de Diligencias Previas y el sobreseimiento provisional de las actuaciones, de conformidad con lo prevenido en los artículos 641.1, 774 y 779-1-1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Días más tarde, Iglesias quiso ampliar la denuncia, lo cual también fue desestimado por el juez. En los documentos consta la petición de inhibición del juez sobre el que no hay más información al respecto ni se lo comunicaron a la parte acusada. «Con todo esto, Pablo debe de haberse quedado quemadísimo, me debe odiar, porque no ha conseguido nada. Le han archivado todas las causas», dice Frontera, que ahora confía en que la querella doble que han puesto contra Iglesias «prospere, para que se dé cuenta que no nos puede acosar judicialmente de esta manera». También reclama la devolución de su móvil cuatro meses después. «Esto es muy grave, no tenemos noticias sobre su paradero desde julio. Se lo quitaron sin orden judicial. Tampoco sabemos si ha cumplido rigurosamente la cadena de custodia, a saber lo que han hecho con él», sentencia su abogada.