Un toque de queda imposible

La propuesta de la Comunidad de Madrid de importar a España el toque de queda que se está aplicando ya en algunos países de nuestro entorno sorprendió en Moncloa. En el Ejecutivo no acertaban a reaccionar a primera hora de la mañana, cuando trascendió el anuncio, pero sí pusieron a sus servicios jurídicos a trabajar para dar una respuesta y, sobre todo, para conocer el soporte jurídico y técnico que debe acompañar a una medida que vuelve a poner el foco en la limitación de un derecho fundamental, como es la libertad de movimientos de las personas. La resolución fue en una única dirección: obligaría a aplicar un nuevo estado de alarma.

De entrada, en el Gobierno no descartan la eventual aplicación del toque de queda que piden comunidades como Navarra, Cataluña o la Comunidad de Madrid. Reconocen que lo están «estudiando» y «valorando», pero, conscientes de que el único encaje legal pasa por decretar de nuevo la excepcionalidad y debido a la carga simbólica negativa que esta lleva aparejada, advierten de que, antes de tomar cualquier decisión, quieren una serie de garantías. La primera, que sea la Comunidad de Madrid quien tome la iniciativa, quien «sustancie» su propuesta y «pida oficialmente el toque de queda, si es lo que quiere», después de algunos pronunciamientos contradictorios de sus propios consejeros sobre este asunto. En ese caso, el Gobierno «dará apoyo total a cualquier territorio que demande su ayuda». Además de que sea el Ejecutivo de Ayuso quien dé el primer paso, se buscará el consenso global con el resto de regiones en el seno del Consejo Interterritorial que se celebrará el próximo jueves.

En Moncloa prevén que, en caso de aplicarlo, el toque de queda requerirá de un estado de alarma ampliado y, dado que se debe aprobar más allá de los 15 primeros días preceptivos para los que el Gobierno tiene facultad de hacerlo en solitario, emplazan a Pablo Casado a que comprometa por anticipado y explícitamente su apoyo a la excepcionalidad. De este modo, se vincula el avance en esta vía a «saber si el PP estaría dispuesto a apoyar» el estado de alarma, que, «por los datos que tengo –ha dicho el ministro– es necesario». «Seamos sinceros, antes habría que saber si el PP y el resto de grupos que lo solicitan ahora están dispuestos a comprometer su apoyo», advirtió el ministro de Sanidad. «Si vamos por aquí –en alusión a la posibilidad del toque de queda– necesitamos el estado de alarma y quiero saber quién está dispuesto a apoyarlo», reiteró en varias ocasiones Salvador Illa.

En todo caso, en el Gobierno aseguran que la decisión «no está ni mucho menos tomada», aunque se muestran «abiertos a explorar todos los planteamientos» y a discutirlos con todas las comunidades autónomas en el seno de la interterritorial del jueves, en la que sí se espera alumbrar una respuesta nacional coordinada y homogénea para dar respuesta a la pandemia en todas las regiones. Lo que advierten desde el Gobierno es que la situación epidemiológica es distinta en función de la comunidad autónoma, por lo que perdería fuerza la opción de un toque de queda para toda España y sería, en todo caso, en función de esa situación territorializada.

En el Gobierno de Ayuso comenzaron a estudiar la posibilidad de pedir el toque de queda tras la reunión que la propia presidenta y el consejero de Sanidad mantuvieron el lunes con representantes de los colegios sanitarios profesionales. Médicos y enfermeros trasladaron a la Comunidad de Madrid esta idea, cuyas aristas e implicaciones fueron estudiadas durante todo el día de ayer en Sol. Forma parte de las iniciativas que el Ejecutivo autonómico se plantea articular para las próximas semanas y que, en su conjunto, buscan actuar en las zonas con una mayor transmisión del virus sin tener que recurrir a un parón de la actividad económica. Sin embargo, fuentes del Gobierno regional reconocían en la noche de ayer que aún está en estudio solicitar esta herramienta al Gobierno central. No hay tomada una decisión en firme sobre esta cuestión.

El principal reparo a pedir la implantación del toque de queda se encuentra precisamente en la exigencia de aplicar al mismo tiempo el estado de alarma, según el escenario descrito por el ministro Illa. En la Comunidad de Madrid rechazan volver a otro estado de alarma o a cualquier instrumento legal o sanitario que suponga un nuevo cierre de Madrid. Defienden «medidas quirúrgicas» y actuar en un horario muy concreto en el que se multiplica el riesgo de reuniones multitudinarias que pueden acabar siendo focos de contagios. «Nosotros no queremos estados de alarma. El Gobierno de Sánchez se comprometió hace cinco meses a legislar para no tener que usarlo», argumentan en el entorno de la presidenta. Apuestan por buscar una «herramienta legal» que permita aplicar una suerte de toque de queda sin recurrir a medidas excepcionales.

De hecho, ayer mismo, el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, calificó de «expolio» competencial el estado de alarma y expresó el deseo del Gobierno de Ayuso de recuperar por completo el autogobierno este viernes al decaer las medidas excepcionales impuestas por Moncloa. López quiso dejar claro que más que por un toque de queda al uso, la Comunidad de Madrid apuesta por fijar un horario de restricción a determinados sectores: «Poner fin a la actividad económica a una hora determinada para que los ciudadanos no tengan más remedio, no por obligación, que ir a sus casas. No nos vayamos al toque de queda, que supondría la suspensión de un derecho fundamental que sólo cabe bajo el estado de excepción», aseguró.

Siempre que no suponga la activación de medidas excepcionales –como el cierre de Madrid u otro estad de alarma– Madrid contempla esa limitación horaria como una iniciativa positiva porque permitiría a restaurantes y bares poder seguir con su actividad. Y, por otro lado, también daría aire al sector de la cultura, teatros y cines fundamentalmente. El modelo que se estudió ayer entre los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid pasa por un toque de queda de seis horas, comprendidas entre la medianoche y las seis de la mañana. Con ese lapso de limitación de la movilidad, salvo por razones de urgencia, se lograría reducir al máximo la celebraciones de botellones y de fiestas privadas. En las últimas semanas, sólo en la capital, se han detectado centenares de estas fiestas en domicilios que superaban ampliamente el límite fijado para las reuniones en un máximo de seis personas.