Los vocales del CGPJ creen que se renovará en diciembre

El centro del debate político en el ámbito judicial ha estado centrado en los dos últimos meses en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras la ruptura a finales de agosto de las negociaciones entre PSOE y PP poco antes de la apertura del año judicial; una ruptura que provocó que el Gobierno presentase una Proposición de Ley para rebajar la mayoría necesaria para el nombramiento de los 12 vocales del turno judicial, que finalmente optó la pasada semana por «parar» para propiciar un acuerdo.

Sin embargo, prácticamente ha pasado desapercibido que hay otro órgano de relevancia trascendental que tiene pendiente también desde noviembre del pasado año la renovación parcial de su composición: El Tribunal Constitucional, donde cuatro de sus 12 magistrados –el presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; Andrés Ollero y la plaza de Fernando Valdés, quien presentó su renuncia hace pocos días después de que el Tribunal Supremo apreciara indicios contra él por un supuesto delito de maltrato en el ámbito familiar, en concreto, sobre su mujer– vencieron su mandato el pasado mes de noviembre. Esta renovación parcial del TC, en todo caso, irá ligada en buena parte a la del CGPJ.

Los sustitutos para el TC se encontrarán temas tan relevantes como el recurso de amparo presentado contra la sentencia del Tribunal Supremo por los condenados del “procés” o el recurso de inconstitucional que lleva más tiempo esperando una decisión: el interpuesto por el PP contra la Ley Aído del aborto, y cuyo ponente, Andrés Ollero saldrá del TC sin tan siquiera haber podido presentar un borrador de sentencia.

De momento, los cuatro nombres que entrarán en lugar de quienes han vencido su mandato en el Alto Tribunal no han trascendido. Pese a ello, todas las fuentes consultadas coinciden en que hay dos que están “más que bien posicionados”. En concreto, por parte del PSOE su apuesta sería el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Pablo Lucas, hermano de Enrique Lucas, actual vocal del CGPJ. Pablo Lucas también estuvo entre los quinielables para presidir el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, pero finalmente parece que su destino será el Tribunal Constitucional. Por parte, del PP, uno de los elegidos, según las citadas fuentes, sería Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional, actual letrado de las Cortes y ex vocal del CGPJ.

En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, fuentes próximas al órgano de gobierno de los jueces y magistrados señalaron que confían en que a finales de diciembre “o principios de diciembre» como muy tarde se haya alcanzado el acuerdo. "En los nombres de los vocales no debe haber muchos problemas, a no ser que alguien se descuelgue con un candidato que por su clara ideología y su poca apariencia de neutralidad, sea del todo inasumible por la otra parte”. Por ello, uno de los ejes centrales de la renovación que puede causar más discrepancias es la “coincidir en el perfil de presidente que se quiere y no tanto en el nombre”.

También hay ya quienes suenan ya con mucha fuerza para vocal del próximo Consejo. Así, los tres magistrados del Supremo que lo han solicitado serán designados, ya que la propia Ley Orgánica establece que como mínimo serán designados vocales tres magistrados del Supremo como vocales turno judicial. Por tanto, Ángel Arozamena, Inés Huerta y José Antonio Montero serán designados vocales a propuesta del PSOE el primero de ellos y del PP los otros restantes. Los tres son magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Otros nombres que están muy bien situados para ser elegidos dentro del turno judicial son los de Ester Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, e Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior Justicia de Andalucía. Montalbán ya fue vocal del CGPJ, donde ocupó la presidencia del Observatorio contra la Violencia de Género. Las dos serían propuestas por el PSOE y pertenecen a Juezas y Jueces para la Democracia.

Junto a ellas, desde el ámbito «conservador» uno de los que mejor situados están hasta el momento es Alejandro Abascal, quien estuvo coma magistrado de refuerzo en la Audiencia Nacional, done instruyó una parte del «caso Púnica» e inició el de la “Operación Lezo”. Pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura.