El PSOE “premia” a los piquetes violentos: el Congreso avala suprimir el delito de coacciones

El Congreso tramitará eliminar el tipo penal que castiga las coacciones de los piquetes huelguistas con el apoyo de Unidas Podemos, ERC, Bildu, el Grupo Plural, BNG y la CUP

Gabriel Rufián de Erc y Edmundo Bal de Ciudadanos ayer  en el Pleno Congreso.
Gabriel Rufián de Erc y Edmundo Bal de Ciudadanos ayer en el Pleno Congreso.ANGEL DE ANTONIO

El PSOE consigue luz verde en el Congreso de los Diputados para despenalizar las acciones violentas de los piquetes. Una de las reivindicaciones con la que los sindicatos han presionado de manera continua a los socialistas y que se produce ahora, a las puertas de una previsible época de gran conflictividad social debido a la situación precaria en la que se encuentra sumida España a causa de las consecuencias económicas que deja el coronavirus.

El PSOE registró en el mes de septiembre una proposición de ley con el objeto de derogar el artículo 315 apartado tres del Código Penal en el que se contemplan penas de entre un año y nueve meses hasta tres años de cárcel para quienes “actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras presionas a iniciar o continuar una huelga”. Los socialistas han contado con el voto a favor de Unidas Podemos, de ERC, Bildu, el Grupo Plural, BNG y la CUP, mientras que el PP, Vox y Ciudadanos han rechazado la iniciativa. De esta manera, la proposición de ley será tramitada por el Congreso, por lo que el comportamiento de los piquetes huelguistas que coaccionen a otros en protestas, no serán objeto de sanciones.

El respaldo a la demanda de los sindicatos ha sido amparada de manera histórica por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que , asumió el compromiso desde su llegada a la secretaría general en el año 2014. Además, forma parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos que firmaron en noviembre de 2019.

En su exposición de motivos, el PSOE critica que en 2012, con la llegada del PP al Gobierno se inició un “desmantelamiento de las libertades y especialmente a las que afectan a las manifestaciones públicas del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”. A su juicio, con la aplicación de la ley “se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y en consecuencia su libertad sindical”. Para los socialistas, la reforma del PP en el 2015 de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como “ley mordaza” desplegó “un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno”.

Los socios del Gobierno han calificado la pena impuesta para los piquetes que coaccionen a otros como “desproporcionada”. Han defendido que no se le puede poner ningún tipo de trabas al derecho de huelga y han pedido “sensibilidad” a las demandas de los trabajadores, mientras que desde PP, Vox y Ciudadanos han augurado que suprimir este delito penal puede ser “contraproducente”. Además, recordaron, que a partir de ahora, las coacciones sindicales pasarán a estar castigadas por el artículo 172, donde se contemplan penas superiores.

Para defender la propuesta socialista, la diputada Andrea Fernández explicó que el artículo 315.3 es “desproporcionado” y “abiertamente represivo”. También se refirió a que hay que ser “sensible” a las demandas de los trabajadores y que “cada vez que se calla un sindicalista muere la democracia”. “Esta Cámara debe proteger la expresión democrática del conflicto social, los conflictos que da lugar a huelgas afectan a aspectos muy sensibles que afectan a la vida de los trabajadores”, defendió.

Desde Unidas Podemos, el secretario de Organización y diputado Alberto Rodríguez señaló que la huelga es la “herramienta más poderosa” de los trabajadores. Desde ERC, Jordi Salvador, explicó que él actuó como piquete sindical antes de ser diputado y que hay más de 250 representantes de los trabajadores que están a la espera de sentencia en aplicación del artículo 315.3. Por parte del PNV, Mikel Legarda añadió que su formación cree que las coacciones sindicales no pueden quedar “impunes"·, aunque aún así apoyaron la medida.

Desde la oposición, el diputado del PP, Ángel Jerez recordó que el artículo 315.3 fue introducido con el Código Penal de 1995, que se aprobó bajo el Gobierno de Felipe González y que lo que hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy fue rebajar el castigo contemplado en este apartado, informa Ep. A su juicio la medida es “humo y ruido” porque al eliminarse el citado artículo se corre el riesgo de “endurecer las penas” para los piquetes que usan las coacciones. Además, señaló que es una contradicción que se quiera suprimir este tipo penal cuando la legislación castiga este tipo de presiones cuando se habla de proteger la libertad religiosa.

Desde Vox aseguró su portavoz Patricia de las Heras que el “PSOE pretende permitir que grupos de violentos, estómagos agradecidos de los sindicatos subvencionados, pueda impedir coactivamente a trabajadores y autónomos decidir si quieren trabajar”. Ciudadanos también votó en contra de la despenalización. Su portavoz Pablo Cambronero aseguró que su partido rechaza que el Código Penal no tenga nada que decir cuando en una huelga opera “la ley de la selva”, en referencia a que no se respete los derechos de quienes no secundan un paro.