La Fiscalía, en contra de que el Supremo investigue al ministro Ábalos por el “Delcygate”

La fiscalía no ve indicios para que el Tribunal Supremo inicie una causa por prevaricación contra el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, en relación con el conocido como “caso Delcygate”, relacionada con la escala que realizó en Barajas el avión en el que viajaba la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Por ello, pide que se inadmita las querellas presentadas por los partidos partidos políticos Laócrata y Vox.

En todo caso, señala el Ministerio Público, se pide esa inadmisión “sin perjuicio del resultado de las investigaciones que se están llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid”, relacionadas también con esos mismos hechos y si ese magistrado observara la presunta comisión de algún delito por el ministro Ábalos remitiese al Tribunal Supremo la correspondiente exposición razonada.

Las querellas atribuían al ministro Ábalos haber prestado autorización para que la Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, “atravesara el espacio aéreo español y aterrizara en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras”, pese a que “tenía prohibida su estancia y tránsito por el espacio europeo”.

Sin embargo, la Fiscalía del Supremo señala en su informe que las querellas están “basadas exclusivamente en artículos de prensa y en la “declaración notarial” de un trabajador que ni siquiera especifica su puesto de trabajo, todo ello sin concretar mínimamente la participación del querellado en los hechos imputados”.

De hecho, señala en su dictamen el Ministerio Público, se desconoce si el titular de Transportes, “pese a su presencia en el lugar de los hechos durante cierto tiempo, tomó alguna decisión, es decir, no se individualiza la conducta concreta y personalmente despegada por él”. Tampoco existen indicios, añade al respecto, la Fiscalía de que su supuesta intervención “fuera mas allá del ámbito estrictamente diplomático” .

De hecho, se sostiene al respecto, “al parecer”, la Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no llegó a entrar en territorio español, “sino que se mantuvo en la zona de tránsito hasta que partió en avión con destino fuera del espacio europeo” en el que, de según los acuerdos del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de noviembre de 2018, los ciudadanos de Venezuela están exentos de visado.

En relación con el delito de prevaricación imputado por los querellantes, el informe señala que “pese a la naturaleza de este delito, los querellantes, al margen de sus opiniones y sospechas, no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada” por el ministro Ábalos, ni cuáles son los indicios de participación del mismo en la decisión que cuestionan, “desconociéndose incluso quién la tomó, ni mucho menos las razones de la misma, defecto de especial trascendencia dado que el delito de prevaricación se reserva para sancionar supuestos límite, en los que la actuación administrativa no sólo es ilegal, sino además injusta y arbitraria”.

Por este motivo, añade la Fiscalía, de las querellas presentadas contra el titular de la cartera de Transportes, “no se evidencia ni el dictado de una resolución administrativa, ni mucho menos su injusticia y arbitrariedad, como tampoco basta la existencia de distintas versiones de los hechos por parte del querellado para concluir necesariamente que actuó a sabiendas de la supuesta injusticia por lo que insta a la inadmisión de las mismas.

Ahora, corresponderá a la Sala de Admisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo la decisión definitiva de admitir o no a trámite las querellas contra Ábalos, aunque con un informe contrario al fiscal lo previsible es que se inadmitan.

Prohibición de entrada

Los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando la ‘número dos’ de Nicolás Maduro hizo una escala en Barajas de camino a Turquía. En el avión también iba el ministro de Turismo, Felipe Plasencia, que encabezaba la delegación venezolana para FITUR.

Rodríguez es uno de los altos cargos del Gobierno de Maduro que tiene prohibida la entrada al espacio Schengen por las sanciones emitidas por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos y actuaciones o políticas pensadas para menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.

Durante esta parada técnica, Ábalos se vio con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto madrileño --según explicó él posteriormente-- para asegurarse de que no entrara en territorio Schengen