De la escolta de Montero a las costas del juicio del padre de Iglesias

La abogada Mónica Carmona declara sobre las irregularidades que detectó en la actuación de los cargos de Podemos

Francisco Javier Iglesias junto a su hijo Pablo Iglesias en una imagen de archivo
Francisco Javier Iglesias junto a su hijo Pablo Iglesias en una imagen de archivoMariam A. MontesinosEFE

La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona declara este miércoles como testigo a las 9:30 horas por videoconferencia en el marco de la investigación sobre la presunta financiación irregular de la formación morada que lleva a cabo el juez de Madrid Juan José Escalonilla. Fuentes conocedoras del caso explican a LA RAZÓN que esta abogada tiene intención de informar sobre nuevos hechos que presuntamente reforzarían las acusaciones del ex coordinador jurídico José Manuel Calvente contra los cargos del partido ya imputados.

Carmona pretende relatar otras actuaciones de los dirigentes de Podemos, que no han sido comunicadas al instructor, y que esta abogada investigó junto a Calvente, explican las citadas fuentes a este diario, que concluyen que estas nuevas pruebas podrían apuntalar el delito de administración desleal, atribuido a los dirigentes de la formación morada.

El primero de estos hechos fue la contratación de una escolta para la actual ministra de Igualdad, Irene Montero. Este acuerdo fue criticado por la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad, cuyos responsables anunciaron su intención de emprender acciones legales contra Podemos.

Como coordinador jurídico, Calvente fue requerido por la dirección de la formación morada para que realizara un dictamen sobre la legalidad de este acuerdo. Y tras analizar el caso, este abogado alertó de que «ningún empleado de Podemos» podía realizar directamente funciones de escolta privada para el acompañamiento, defensa y protección de personas físicas, según consta en un informe de 20 de julio de 2016, al que ha tenido acceso este diario.

Las sospechas de que la contratación de la escolta podría haber sido irregular se acrecentaron cuando esta trabajadora denunció al partido. En la demanda aseguró que le habían obligado a «hacer compras de carácter personal, como productos de parafarmacia y droguería para bebés, así como de alimentación en supermercados». También dijo que había tenido que «comprar y llevar la cena después del horario de trabajo establecido», especifica la demanda, presentada el 12 de septiembre de 2019 en el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid.

El segundo hecho que también tiene intención de explicar Mónica Carmona al juez Juan José Escalonilla, completan las fuentes consultadas por esta redacción, es el supuesto pago por parte de Podemos de los gastos vinculados a la defensa legal de Francisco Javier Iglesias, padre de Pablo Iglesias, en sus querellas contra el periodista Hermann Tertsch, ahora eurodiputado de Vox.

Según esta versión, tanto los gastos derivados de la actuación de la abogada como los de la procuradora habrían sido sufragados por Podemos. Este partido habría pagado el desplazamiento de la letrada a Zamora, lugar de residencia de Francisco Javier Iglesias.

Además Carmona explicará al juez, según fuentes cercanas a la testigo, que ella informó en diciembre de 2019 a Iglesias de que el despido de Calvente era «una represalia por haber detectado una serie de irregularidades graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional», según consta en un mensaje de Telegram.

En la misiva esta letrada también advirtió al secretario general de Podemos de que si no se daba marcha atrás al despido de Calvente, el partido se enfrentaba a una posible acusación por «encubrimiento» u «ocultación de pruebas», ya que este abogado y la propia Carmona estaban investigando las supuestas irregularidades detectadas en el seno del partido. Sin embargo, Iglesias no le contestó.

En la actualidad Podemos está imputado como persona jurídica, al mismo tiempo que el juez ha citado como investigados a los dos administradores mancomunados de la coalición con IU: Daniel de Frutos y Carlos García Ramos. También está imputado, entre otros, el secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo.