El CGPJ vigilará de cerca la reforma judicial “paralizada” por el Gobierno

Se opusieron dos vocales avalados por el PSOE e IU y una por el PP. Urge a los partidos, otra vez, a renovar de forma inmediata el Consejo

Imagen del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrado ayer de forma extraordinaria para examinar la polémica proposición de ley del PSOE y de Podemos que reforma el sistema de elección de los vocales
Imagen del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrado ayer de forma extraordinaria para examinar la polémica proposición de ley del PSOE y de Podemos que reforma el sistema de elección de los vocales EFE

El Consejo General del Poder Judicial vigilará muy de cerca que cualquier reforma judicial que afecte a la elección de sus vocales, como la Proposición de Ley presentada por PSOE y Unidas Podemos, sea «exquisitamente conforme con la Constitución y con el Derecho de la Unión Europea». Sin embargo, dado que la iniciativa del Ejecutivo ha quedado «paralizada» a la espera de que PSOE y PP logren un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, el Pleno optó por no realizar ningún pronunciamiento expresa de esa iniciativa, aunque en el trasfondo del mismo late el malestar con el contenido de esa iniciativa.

El acuerdo fue adoptado por 13 votos a favor, cuatro en contra y otros cuatro lo hicieron en blanco. Los vocales que se opusieron a la declaración aprobada fueron Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda –nombrados a instancias del PSOE–, Concepción Sáez –por IU– y, por motivos distintos Carmen Llombart –propuesta por el PP; mientras que los que optaron por votar en blanco fueron cuatro de los promotores el Pleno extraordinario: Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán, quienes consideran insuficiente el texto aprobado y sostenían que debía aprobarse una declaración donde constase de forma clara el rechazo al contenido de la reforma presentada por los socios de Gobierno.

Sin embargo, «en realidad estaban de acuerdo 18, sólo que cuatro discrepaban del momento», según fuentes del CGPJ.

En un primer momento se so metió a votación el texto presentado por los siete vocales que solicitaron la celebración del Pleno extraordinario, entre ellos, precisamente, los tres vocales que votaron en blanco y Llombart, donde se criticaba claramente la reforma pretendida por el Gobierno. Esta propuesta sólo obtuvo el respaldo de los siete vocales que la presentaron.

Finalmente, se entró a debatir sobre si el CGPJ debería o no pronunciarse sobre la Proposición de Ley presentada. Algunos vocales «progresistas» lo rechazaban al entender que suponía una invasión en las competencias del Poder Legislativo.

En cambio, la mayoría de los vocales sí consideraba que era necesario ese pronunciamiento, aunque algunos discrepaban de que ahora fuese el momento más oportuno para ello. Finalmente se consensuó una declaración que contó con el aval tanto de vocales «conservadores» como «progresistas».

En esa declaración, sin mencionarlo de forma expresa, se viene a expresar el malestar de la mayoría del Consejo por la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos. Así, se expresa la «preocupación» ante cualquier reforma judicial y que vigilará para que, en todo caso, se garantice que sea «exquisitamente conforme con la Constitución y con el Derecho de la UE». Por ello, advierte que el Consejo se mantendrá «atento a la evolución de los acontecimientos para expresar su opinión fundada en caso de que entienda que cualquier iniciativa que se retome o se plantee para la reforma» de la elección de los vocales del turno judicial «pueda ser contraria a la Constitución o los valores fundamentales en los que se sustenta la Unión Europea».

La declaración ha sido aprobada después de una primera votación en la que, por 14 a 7, se ha rechazado el texto presentado por los siete vocales proponentes del Pleno extraordinario: José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Nuria Abad, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona. En el borrador de propuesta presentada se criticaba abiertamente el contenido de la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos y se llegaba a considerar que la misma era inconstitucional.

Por otro lado, el CGPJ pide nuevamente que la renovación del este órgano constitucional -el cuatro de diciembre cumpliría dos años de retraso- se lleve a cabo “a la mayor brevedad posible, contribuyéndose de esta manera a la plena normalidad constitucional”