Ni siquiera el Frente Popular se atrevió a tanto

Una de las más ominosas consecuencias de esta interminable pandemia es que sirve de pretexto a los gobiernos para adoptar medidas restrictivas de los derechos y libertades fundamentales, pilares esenciales en los que se asientan los Estados de derecho. Aquellos en los que el poder político está sometido a las reglas del juego que impone la constitución y el ordenamiento jurídico que esta legitima. Recordemos que para ser miembro de la Unión Europea hay que respetar el principio del Estado de Derecho y que por eso se encendió la alarma en Bruselas cuando el Gobierno amagó con someter a los jueces, obviando la separación de poderes, en su ansia desmedida por controlar el Consejo General del Poder Judicial.

Pero el tándem Sánchez-Iglesias sigue erre que erre en su desbocada carrera hacia la conculcación del orden constitucional y ahora pretende declararnos el estado de alarma por seis meses. A pesar de que nuestra Constitución establece imperativamente que el Congreso de los Diputados, el órgano en el que descansa la soberanía nacional, debe autorizar la prórroga de tan excepcional situación cada 15 días. La redacción del artículo 116.2 de la CE no es la más afortunada, pero el espíritu de la norma está clarísimo. Es tan excepcional suspender los derechos fundamentales que la medida debe revisarse por el Legislativo cada dos semanas. La prueba es que este mismo gobierno la respetó al pie de la letra durante el confinamiento. Sin embargo ahora donde dijo digo dice Diego y pretende restringir permanentemente nuestros derechos fundamentales durante medio año. En esto de la limitación de los estados de alarma nuestra actual Carta magna no es original. Se inspira en el artículo 42 de la Constitución de 1931, la de nuestra Segunda República, desarrollado por la durísima Ley de Orden Público de 18 de julio de 1933, una ley de Manuel Azaña, a la sazón Presidente del Gobierno. Una norma que sirvió de pretexto a los distintos gobiernos republicanos, desde el de Lerroux a los sucesivos del Frente Popular, para prorrogar sucesivamente los estados de alarma y excepción –curiosa–mente nunca se declaró el estado de guerra durante la Guerra civil- entre octubre de 1934 y enero de 1939.

Lo interesante del caso es que en aquellas trágicas circunstancias la prórroga –imperativa entonces cada 30 días– fue siempre escrupulosamente autorizada por el Legislativo. Incluso durante toda la Guerra Civil, pues es preciso recordar que, aunque disminuidas, las Cortes republicanas siguieron reuniéndose hasta el final de la contienda. Entre el 17 de febrero de 1936 y el 16 de enero de 1939, jamás el Gobierno Popular se atrevió a plantear una prórroga que fuera más allá del plazo establecido por la constitución. Contraste salvaje con el autoritarismo montaraz de este Ejecutivo bicéfalo que pretende saltarse a la torera nuestra constitución y perpetuar a su antojo el recorte de nuestras libertades dejando a los ciudadanos al albur del poder político. Ni siquiera el Frente Popular se atrevió a tanto.