Alerta en la UE: “España está sumida en el caos político”

El anuncio del PP de que recurrirá ante la Comisión de Venecia del Consejo de Europa el nuevo estado de alarma supone abrir un procedimiento que en última instancia puede concluir, en teoría, en la activación del artículo 7 del Tratado, por el que se sanciona a un país con la retirada de las subvenciones y de todos los fondos comunitarios que recibe por no respetar el Estado de Derecho y la división de poderes.

Ésta es la teoría, porque siempre se intenta evitar llegar a ese extremo, incluso en casos graves como el de Polonia o Hungría. No hay comparación posible porque España tiene un sistema con plenas garantías, pero justo en la primera oleada de la pandemia Hungría declaró un estado de alarma de duración indeterminada. Y el PP lo compara con los seis meses del último Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Aquel estado de alarma no tuvo control parlamentario, que los populares identifican con el hecho de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se salte la obligación constitucional de que el estado de alarma vaya acompañado de una fiscalización cada quince días. En el procedimiento abierto contra Hungría, aquella declaración de alarma es uno de los capítulos sometidos a investigación.

Por centrarse en la cuestión doméstica, es evidente que el ruido que está acompañando al nuevo estado de alarma resulta cuanto menos inoportuno en el actual clima europeo, y el Gobierno se arriesga a volver a recibir otro toque de atención, como ya ocurrió con la propuesta de reforma legislativa para desbloquear la renovación del Poder Judicial. El PP lo sabe y por eso mueve sus hilos para hacer oír su crítica en una Europa en la que el fondo de reconstrucción sigue bloqueado, precisamente, por la discusión entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo sobre hasta qué punto el respeto al Estado de Derecho debe ser una condición para acceder a esos fondos. El Consejo se posicionó a favor de que no afecte al reparto. Pero el Parlamento Europeo no da su brazo a torcer para que sí figure como condición, y ayer hubo un nuevo trílogo europeo (Parlamento, Comisión, y Consejo como árbitro), con avances, pero sin acuerdo definitivo sobre el mecanismo que vinculará el desembolso de fondos europeos al respeto al Estado de Derecho.

También siguen manteniendo importantes diferencias con respecto al Presupuesto comunitario de los próximos siete años. Todos los representantes volverán a sentarse en noviembre, una vez hayan mantenido debates internos. Justo casi coincidiendo con este debate en el seno de Europa, en el Parlamento español se aprobaron ayer las discutidas medidas excepcionales propuestas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de tal manera que Moncloa consiguió con la mayoría de investidura, y también el «sí» de Ciudadanos, el aval para su propuesta final, que incluye la comparecencia del presidente cada dos meses, aunque sin votación, y hasta el 9 de marzo, cuando el Consejo Interterritorial de Salud –compuesto por el Ejecutivo y los gobiernos de todas las comunidades autónomas– decida su prolongación hasta el 9 de mayo.

En esta sesión parlamentaria Casado solemnizó el anuncio de que su partido acudirá a la Comisión de Venecia, una suerte de Tribunal Constitucional europeo, para que garantice la separación de poderes y que el presidente español acuda a la Cámara Baja cada dos semanas. El PP, PDCat y Bildu coincidieron en la abstención, mientras que Vox votó en contra.

La Comisión de Venecia no tiene un retraso acumulado en sus resoluciones, como sí le ocurre al Tribunal Constitucional español, y sus pronunciamientos suelen ser relativamente ágiles, siempre en función de la urgencia del asunto. Este recurso anunciado por el PP busca equilibrar la abstención, por deferencia con las necesidades sanitarias urgentes de sus comunidades autónomas, con el «no» de Vox. Es verdad que esta vez Génova ha vestido con una mayor disposición al acuerdo su posición en el debate sobre esta polémica prórroga del estado de alarma, a diferencia de lo que ocurrió en primavera, pero Gobierno y PP no han sido capaces de evitar el choque. Mientras que la formación naranja, que comparte muchas de las críticas de los populares a la gestión socialista, optó finalmente por hacer valer sobre todas sus críticas la gravedad de la situación epidemiológica y la necesidad que tienen las comunidades autónomas del estado de alarma, como paraguas con la seguridad jurídica necesaria para hacer frente a un virus que avanza sin control. Sanidad comunicó ayer 23.580 contagios, nuevo récord, y 173 fallecidos en las últimas 24 horas.

El Gobierno de coalición traslada una imagen de confianza absoluta en cuanto a la recepción a tiempo de los fondos europeos de reconstrucción, y en la cantidad necesaria. Pero desde el punto de vista más político, sin entrar ni siquiera a valorar el impacto de los Presupuestos para el próximo ejercicio, aprobados esta semana por el Consejo de Ministros, en Bruselas cunde la percepción de que «España está inmersa en el caos político: sin un mando claro, descoordinación y retraso en las medidas». Causa impacto, como ejemplo anecdótico, que en España sigan abiertos los bares y restaurantes, cuando ya han sido clausurados en países comunitarios como Francia, Alemania, Italia o Bélgica. En la capital de Europa se escucha la advertencia de que este virus es imposible de parar sin medidas drásticas y que España «está abocada al confinamiento por la evolución y la respuesta política al impacto de la segunda oleada». El frío, además, no ha llegado todavía a la mitad del país, y aun así, en la mitad sur las comunidades ya se han visto también desbordadas por la incidencia del virus.

El mensaje es claro: el sistema está desbordado, los rastreadores ya no son útiles con una incidencia tan alta, y lo único que puede funcionar es «confinar de nuevo». «En octubre vuelve a ser marzo». Y la impresión que está trasladando la cogobernanza española, en comparación con la autoridad francesa, alemana o italiana, es que aquí «no hay nadie al volante». Este pesimismo se comparte en la mayoría de las Administraciones autonómicas y municipales que están ahora mismo en primera línea del combate contra la pandemia.

Todo apunta a que, si no se consigue dar la vuelta a la situación, y controlar la transmisión del virus, habrá que poner sobre la mesa medidas todavía más drásticas, y poco queda más que importar el confinamiento domiciliario más flexible que ha impuesto en Francia el presidente Emmanuel Macron.