La cárcel de Estremera, en el punto de mira

El centro ha recibido esta semana una inspección de Instituciones Penitenciarias. Desde 2013 ha multiplicado en un 400 por ciento las denuncias por malos tratos

El centro penitenciario de Madrid VII, Estremera, tiene alrededor de 1.200 internos

El centro penitenciario de Madrid VII, Estremera, está siendo investigado por sospecha de malos tratos hacia los internos.

La Justicia ordinaria y el Defensor del Pueblo ya están indagando en dos episodios ocurridos este año en la prisión madrileña y ahora se ha sumado una inspección de Instituciones Penitenciarias (II PP), que esta misma semana enviaba una comisión a comprobar varias cuestiones.

Según fuentes cercanas a la investigación, los mandos de Prisiones están revisando vídeos, cámaras, sujeciones mecánicas y documentación. La inspección se desplazó hasta el centro penitenciario los pasados lunes y martes y aprovechó para entrevistarse con varios internos del módulo 2, donde están los presos que sufrieron posibles malos tratos.

Según fuentes cercanas, les preguntaron si habían sufrido algún episodio violento. Al parecer, los presos señalaron a varios funcionarios, además de algunos que ya estaban «marcados» por los episodios en investigación.

Instituciones Penitenciarias tendría que poner en conocimiento del juzgado de guardia (en este caso del partido judicial de Arganda) todos los nuevos casos bajo sospecha. También se interesaron en saber si las comunicaciones al juzgado informando de la aplicación de medios coercitivos (esposas, defensas de goma...) estaban dentro del plazo estipulado.

Y es que sobre el centro planea la duda de la aplicación de la fuerza por parte de algunos funcionarios en, al menos, dos ocasiones. Uno ocurrió el 9 de septiembre y fue denunciado por «El País». El preso tenía un televisor en su celda pero no pudo demostrar a los funcionarios que era suyo por lo que los trabajadores se lo retiraron. A partir de aquí, las versiones difieren. Los funcionarios aseguran que el interno se dirigió a la cabina y comenzó a golpear los cristales pero el interno asegura que ellos le buscaron a él mientras estaba en el patio y le llevaron al cuarto de cacheos, donde no hay cámaras. Allí los funcionarios aseguran que el interno se puso violento y él sostiene que le habrían golpeado.

Tras aplicarle el 72.1 (aislamiento provisional) le cambiaron de módulo. Fue cuando otro funcionario notó que no podía andar y el preso le mostró las lesiones en glúteos y plantas de los pies. Tras dar parte a la dirección del centro, un juzgado de Arganda ha abierto diligencias para investigar lo sucedido.

También lo ha hecho II PP, que tomará declaración a los funcionarios en noviembre. Pero no es el único caso a investigar. El pasado 12 de enero también ocurrió uno de máxima gravedad, cuando un grupo de seis reclusos decidieron organizar un motín porque se quejaban de que llevaban semanas sin tener consulta.

Ocurrió cuando una auxiliar de enfermería se presentó en el módulo 2 para hacer entrega de unos antigripales y varios internos lo impidieron y exigieron «ver a un médico y no a una simple auxiliar», según el parte al que ha tenido acceso este diario.

«No somos perros»

Los reclusos comenzaron a alterarse y a proferir gritos como «¡No somos perros!» «¡Nos tratan como a animales, estamos hartos de esta puta cárcel!» y comenzaron a lanzar los sobres de antigripales contra la cabina del funcionario.

También pusieron una mesa de ping pong a modo de barricada para impedir su entrada, según se aprecia en las imágenes. Los funcionarios que lograron intervenir sufrieron lesiones (uno tiró una barra de pesas) y, tras pasar por aislamiento, varios internos denunciaron lesiones en las plantas de los pies.

Más de una veintena de funcionarios ya han declarado ante II PP por estos hechos, que también investiga el Defensor del Pueblo. Este cúmulo de incidentes ha puesto en tela de juicio la gestión del director de la cárcel, Enrique Valdivieso. Desde que tomó posesión del cargo en 2013 se han multiplicado las denuncias por malos tratos un 400%: ya se han cursado 48 denuncias, mientras que los cinco años anteriores solo se cursaron 13. Muchos barajan la posibilidad de que sea uno de los cesados en diciembre, cuando podría haber una reestructuración en la dirección de varios centros.