España afronta como un Reino de Taifas la segunda ola de covid

Las regiones aplican el estado de alarma a sus necesidades. Hacen y deshacen en un vale todo o un todos contra todos

Las protestas anoche en Barcelona por el toque de queda y el cierre de bares y locales acabó en altercados y enfrentamientos con la PolicíaEmilio MorenattiAP

Barra libre. Cada comunidad hace y deshace en un vale todo o un todos contra todos. La deslealtad entre Administraciones sigue superando barreras en un mapa territorial donde el problema no es la cogobernanza, sino el uso que el Gobierno central y las comunidades están haciendo de ella.

Hay medidas, pero el Gobierno declinó convertirlas en orden. Castilla y León está entre las primeras comunidades que han decido traducir esas medidas, aprobadas por el Pleno del Consejo Interterritorial de Salud, en un programa de actuación coordinada contra la Covid.

Pero otras, como Madrid, votaron en contra en aquel Pleno, y no se sienten obligadas por unos criterios que no comparten.

El virus avanza sin freno en Cataluña, y la Generalitat ya se plantea confinamientos en casa a la manera francesa. Galicia ha anunciado el cierre de sus grandes ciudades y de varios municipios y prohíbe las reuniones de no convivientes. Los toques de queda, los horarios de la hostelería, la limitación de las reuniones y todas las demás restricciones para frenar la pandemia siguen cambiando precipitadamente en todas las regiones: son decisiones que se quedan viejas casi al mismo tiempo que se aprueban. Mientras, Andalucía ha vuelto a superar los 5.000 contagios diarios.

Además, el cierre por días de Madrid está tensionando al PP, la relación entre el PP y Ciudadanos y la colaboración autonómica. Ayer, Castilla-La Mancha y Castilla y León, en este último caso con Ciudadanos ejerciendo de portavoz, elevaron el tono contra Madrid por no cumplir sus acuerdos –dicen–, y por «insolidaridad» con las demás comunidades en su gestión de la pandemia.

Si se mira con una perspectiva global el mapa territorial, la imagen es la de un país de ciegos, donde cada Gobierno autonómico va por libre en la política de restricciones, en unos casos primando la atención sanitaria con mayor o menor acierto, pero, en algún otro, atendiendo más al criterio de la política de partido. Y todos con la misma sensación, que se cuidan de no hacer pública, de que llegan tarde y de que será inevitable ir a algún tipo de confinamiento domiciliario, por más que ayer mismo, palabra de ministro, el titular de Sanidad, Salvador Illa, dijese que no cree que vaya a ser necesario llegar a ese extremo.

El caos sembrado por Pedro Sánchez

La abdicación de Pedro Sánchez en el ejercicio de una política nacional está sembrando el caos. El origen está en el primer estado de alarma, en el que la negligente gestión del Gobierno de coalición no exime totalmente de responsabilidad a la oposición en la crisis actual. La soberbia del Gobierno, la ruindad de los socios de investidura y el oportunismo de la oposición llevaron a un desconfinamiento precipitado y al abandono por parte del Ejecutivo de los Gobiernos autonómicos en la lucha contra la pandemia.

«Han sido ocho meses perdidos, y los últimos días confirman que las diecisiete autoridades delegadas, para que Sánchez intente liberarse del desgaste del segundo golpe de la pandemia, son una amenaza añadida a la necesaria eficacia para hacer frente al virus», señalan desde una consejería de Sanidad autonómica.

En medio de este caos, el peculiar estado de alarma en vigor no es válido, sin someterse a la fiscalización y el control que establece la Constitución, para imponer confinamientos domiciliarios, aunque sean más flexibles que los de la primavera pasada para intentar, esta vez, salvar la actividad económica y la educación. De tener que ponerse en marcha esta medida, que ya se plantean algunas comunidades, se tendría que aprobar un nuevo marco jurídico. También el estado de alarma amenaza con quedarse obsoleto rápidamente ante la perplejidad de quienes están en primera línea de la lucha contra la pandemia.

Y éste es uno de los principales problemas que ha generado la política. El Gobierno es responsable por asumir compromisos de reforma de la Ley de Salud Pública incumplidos. La oposición, salvo Ciudadanos, por convertir en anatema el estado de alarma, en un pulso político en el que ninguno de los dos principales referentes, ni Pedro Sánchez ni Pablo Casado, han querido dar su brazo a torcer ni se sienten en condiciones de hacerlo a futuro.

Sánchez es rehén de su mala gestión de la pandemia, y el principal partido de la oposición del «no» de antes del verano a la única medida excepcional de carácter constitucional que hoy en día blinda la suspensión de derechos fundamentales, como el de la movilidad.

En muchos gobiernos autonómicos esperan la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud con la idea, inculcada por sus técnicos, de que la propagación ha llegado a ser tan rápida que habrá que endurecer las medidas en vigor con el nuevo estado de alarma. Pero este clima choca con Sánchez en su papel de presidente del Gobierno menguante, después de que en el primer golpe de la pandemia exhibiese con firmeza la necesidad de un mando único para hacer frente a esta crisis sanitaria de primer nivel.

Sánchez no se siente tan fuerte como en marzo para defender esa apuesta, después de ocho meses en los que se ha pasado de «lo de marzo no se repetirá» a temer por un nuevo colapso de las UCIS. Los sanitarios ya no ponen la mano en el fuego por aquella hoy vieja previsión de que en ningún caso volveríamos a encontrarnos ante una emergencia de colapso sanitario parecida a la de marzo.

El ministro de Sanidad volvió ayer al camino de transmitir tranquilidad y se mostró convencido de que las medidas aprobadas serán suficientes para doblegar la curva y darán su fruto. «Estamos seguros de que si se actúa con estas herramientas se conseguirá doblegar la curva, estabilizarla y mantenerla». aseguró en la comparecencia en la que informó del Presupuesto de su Departamento. En muchos hospitales, sin embargo, vuelve a hablarse del triaje.