El hijo de la etarra “Anboto” se salta el confinamiento para visitarla en la cárcel

La ex jefa de ETA está encarcelada en Brieva (Ávila) y su hijo vive en el País Vasco

La ex jefa de ETA María Soledad Iparraguirre, «Anboto», en su primer juicio en España, el pasado 8 de julioPool Pool

La ex jefa de ETA María Soledad Iparraguirre, «Anboto», recibió el sábado en la cárcel de Brieva (Ávila) la visita de su hijo, Peru Albisu, procedente del País Vasco, según ha podido saber LA RAZÓN. Tanto esta comunidad autónoma como Castilla y León son regiones que se encuentran cerradas perimetralmente como consecuencia del estado de alarma en vigor por la pandemia de coronavirus. El Boletín Oficial del Estado (BOE) no especifica nada sobre este tipo de desplazamientos entre las excepciones permitidas a la población.

El caso de la etarra no sería aislado, sino que este tipo de visitas por parte de familiares se está llevando a cabo en prisiones de toda España, «tanto de terroristas como de otros presos», según fuentes de la asociación de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm).

El Gobierno vasco en concreto sí ha editado un folleto con el que pretende aclarar lo que se puede o no hacer con las medidas restrictivas que se han acordado con motivo de la segunda oleada de la Covid-19.

Se trata de una interpretación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones por el virus. Respecto a desplazamientos a centros penitenciarios estipula que sí se permiten, «siempre que cuente con la pertinente autorización emitida por la autoridad penitenciaria», y que «se permitirá el desplazamiento fuera de la Comunidad Autónoma Vasca (CAE), cuando la comunidad de destino lo permita».

No es este precisamente el caso de Castilla y León, cuyas fronteras se encuentran cerradas salvo por los supuestos autorizados, por lo que cabe pensar que Peru Albisu Iparraguirre abandonó el País Vasco por cualquiera de las numerosas opciones que hay por carretera para poder hacerlo, y llegó hasta Ávila sin impedimento alguno.

Los «comunicantes», según estas fuentes, están pidiendo justificantes para enseñar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias suspendió a finales de agosto las comunicaciones íntimas –los llamados «vis a vis»–, familiares y de convivencia en prisiones de diferentes territorios, incluido el vasco.

Según una nota de Instituciones Penitenciarias sobre las últimas restricciones en los centros penitenciarios, el 30 de octubre entró en vigor la «suspensión de comunicaciones especiales (familiares, íntimas y de convivencia)» en «todos los centros» del País Vasco y Castilla y León.

El caso concreto de «Anboto», o el de otros similares, constituye un agravio comparativo para el resto de ciudadanos a los que no se permite ir a ver a sus familiares en las actuales circunstancias de confinamiento en más de media España. Ni siquiera salir en fechas tan señaladas como la de este fin de semana, que se ha celebrado el Día de Todos los Santos, tradicional fecha de visita a los cementerios imposible de culminar este año por la pandemia.

El pasado mes de mayo tuvo lugar un incidente similar en el entorno etarra. Íñigo Gutiérrez Carrillo y su pareja, la también terrorista María Lizarraga Merino, recibieron la visita de dos familiares procedentes del País Vasco en la cárcel de Picassent (Valencia), antes de que se restableciera el servicio de visitas, siempre y cuando las personas del exterior no procedieran de una provincia distinta. Instituciones Penitenciarias accedió a que la madre y un cuñado de Gutiérrez fueran a verlo desde el País Vasco aduciendo razones humanitarias, puesto que el padre del reo había muerto en los días previos.

Fuentes del sindicato ACAIP-UGT y de la asociación Tu Abandono Me Puede Matar aseguraron entonces que se trataba «de un absoluto escándalo».

Desde la declaración inicial del estado de alarma, el 14 de marzo, las comunicaciones en las prisiones españolas quedaron expresamente prohibidas hasta finales de mayo, tanto entre reclusos de diferentes módulos como con el exterior a través de los locutorios, para frenar la expansión del coronavirus en el ámbito penitenciario. Los dos familiares de Gutiérrez Carrillo lo hicieron gracias a un salvoconducto emitido por Interior que les permitía tanto el desplazamiento entre comunidades autónomas como la entrada en el penal. Fuentes de Interior indican a este periódico que en este momento «no hay salvoconductos oficiales especiales para familiares de presos de ETA».

Respecto a María Soledad Iparraguirre no parece que afecte un caso de fuerza mayor para que se haya permitido la visita de su hijo este fin de semana. Peru Albisu es hijo de su pareja, Mikel Albisu, «Mikel Antza», fanático nacionalista y jefe del aparato político de la banda terrorista.

Ambos, con 59 años, fueron capturados el 3 de octubre de 2004 en una casa rural que ocupaban en Salies de Béarn (suroeste de Francia) junto a su hijo Peru –nacido en 1996 durante su clandestinidad–. «Antza», entregado por Francia en enero de 2019, quedó en libertad en Barajas al no tener causas abiertas en España.

La visita a presos constituye una de las excepciones más llamativas para poder traspasar los límites de una región con doble confinamiento, dado que los ciudadanos no solo no pueden desplazarse a otras autonomías sino que tienen prohibido salir de sus propios municipios de residencia. Por ejemplo, no se permite visitar a familiares dependientes o con discapacidad si no es para prestarles tareas de asistencia.

Una histórica etarra con catorce asesinatos

«Anboto», uno de los diez históricos etarras que siguen en prisión, fue condenada el pasado mes de julio en su primer juicio en España. Le cayeron 122 años de prisión por ordenar el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, en 1995 en León, al explotar una bomba lapa bajo el asiento de su coche cuando conducía junto a su hija, que resultó herida grave. A diferencia de su pareja Mikel Antza, la dirigente terrorista está acusada de haber participado en al menos 14 asesinatos a lo largo de los casi cuarenta años que lleva en la banda terrorista. Fue detenida en Francia en 2004 junto a «Antza», entonces máximo dirigente del aparato político de la organización. Ambos fueron condenados a 20 años de cárcel. Iparraguirre puso voz en 2018 al fin de ETA desde una cárcel francesa. La ex dirigente leyó junto a «Josu Ternera» el comunicado en el que se anunciaba la disolución definitiva de la banda.