Un juez investiga al comisario clave de “Kitchen” por tres contratos sospechosos

José de la Mata imputa a Andrés Gómez Gordo en el caso del Campus de la Justicia

En segundo plano el ahora comisario Andrés Gómez Gordo tras declarar María Dolores de Cospedal como testigo del «caso Gürtel» en la Audiencia Nacional.Jesús G. feriaLa Razón

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga al comisario Andrés Gómez Gordo por su participación en la sospechosa adjudicación de tres contratos de seguridad para la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, según consta en un auto de 13 de julio, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Gómez Gordo, quien fue director de Planificación y Documentación del Gobierno de la ex presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal, también está imputado en la operación «Kitchen», una de las piezas separadas del ‘caso Villarejo’. La Fiscalía anticorrupción le acusa de haber captado como confidente a Sergio Ríos, el chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas.

A cambio, siempre según las pesquisas del ministerio público, este comisario entregaba alrededor de 2.000 euros mensuales al conductor, quién también había trabajado en el Campus de la Justicia, el proyecto urbanístico de la Administración autonómica con el que Esperanza Aguirre pretendía agrupar las 19 sedes judiciales de Madrid. El juez De la Mata investiga el agujero de más de 100 millones de euros de la Ciudad de la Justicia madrileña.

Gómez Gordo fue director de Seguridad de esta empresa pública madrileña desde diciembre de 2007 hasta octubre de 2009. Y según la investigación desarrollada por el magistrado, fue el responsable de elaborar los informes técnicos de valoración de las ofertas presentadas a tres concursos, por los que esta sociedad pública abonó más de 800.000 euros.

Tal y como consta en el auto, Gómez Gordo participó en 2007 en el contrato de servicio de consultoría y asistencia técnica, que buscaba implantar un sistema integral de seguridad en el Campus de la Justicia madrileño. El presupuesto base de licitación era de 155.000 euros anuales.

Al concurso se presentaron nueve sociedades; y dos de ellas propusieron ofertas más ventajosas que la que resultó adjudicataria: Tecisa 74 SL. Por ejemplo, la propuesta que realizó la firma Technosafe, la más rentable, fue calificada como baja temeraria, por lo que fue rechazada.

Las pesquisas del juez ponen de manifiesto que el informe de valoración de este concurso lo firmó Gómez Gordo. De la Mata cree, además, que la mesa de contratación permanente del Campus de la Justicia ni siquiera intervino en la adjudicación.

El mismo día que se firmó el contrato, siempre según el auto, Gómez Gordo redactó un informe de ampliación de los servicios comprometidos. Y esto supuso un aumento, en concreto de 87.507 euros, en el montante comprometido por la empresa pública.

«El órgano de contratación, vulnerando el sentido y la finalidad de la licitación, procedió a modificar el objeto del contrato desde el mismo día en que éste se formalizó mediante una ampliación de este que supuso un incremento del precio del contrato en cuantía superior al 64%», destaca la resolución judicial, que indica que esta sociedad pública transfirió 223.591 euros.

El segundo concurso sospechoso en el que participó el comisario clave de la operación «Kitchen» fue el de los servicios de vigilancia y seguridad de las obras de la Ciudad de la Justicia.

Tampoco en este caso los responsables de esta empresa de capital público habilitaron una mesa de contratación para valorar las ofertas presentadas. Y Gómez Gordo se encargó del informe de valoración de las mismas. Dio la máxima puntuación a Serygur SA, una empresa que había presentado una oferta por un importe de 183.552 euros.

Sin embargo, la propuesta de la firma Seguridad Integral Madrileña, que era la más baja (172.096 euros), recibió cero puntos en la valoración del apartado económico del concurso. Gómez Gordo consideró que era una oferta «anormalmente baja o desproporcionada». En el resto de apartados técnicos la empresa excluida había obtenido las máximas puntuaciones posibles.

También en este caso, el comisario investigado por el juez De la Mata consideró «imprescindible y justificado» que este servicio de seguridad se prorrogara un año más. Pero con un importe muy superior: 318.257 euros.

El tercero de los contratos bajo sospecha en los que participó Gómez Gordo fue el del control de entradas y gestión de la base de datos en las obras de la fase I del Campus de la Justicia, con un precio anual de 59.280 euros.

Tampoco en este caso se creó una mesa de contratación que analizara las ofertas presentadas, por lo que nuevamente Gómez Gordo se encargó en solitario de las valoraciones. La adjudicación volvió a beneficiar a Serygur, pese a que otra empresa había presentado una oferta más rentable. El comisario también promovió la prórroga del contrato, uno de los tres por los que le investiga el juez De la Mata.

Villarejo le llamaba «Cospedín»

La participación de Andrés Gómez Gordo en la «Operación Kitchen» se fraguó después de que el comisario Enrique García Castaño tratara en 2013 de captar al entonces chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, para conseguir información del ex tesorero del PP. Sin embargo, Ríos desconfió de García Castaño y recurrió a un agente de su confianza, que había sido uno de sus jefes en el Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid: Andrés Gómez Gordo. En esa fecha este agente se encontraba en excedencia porque había sido nombrado director general de Planificación, Documentación y Análisis del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, cargo que no abandonó hasta marzo de 2015.
Según la investigación desarrollada por los fiscales de anticorrupción del ‘caso Tándem’, el empresario Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, fue quien que puso en contacto a Gómez Gordo con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el presunto cabecilla del clan policial. Y este es el motivo por el que este polémico mando policial denominaba «Cospedín» a Gómez Gordo, quien en su declaración como investigado reconoció haber entregado 2.000 euros de los fondos reservados durante varios meses al chófer de Bárcenas.