La Fiscalía y sus avales al Gobierno: del 8-M al “Delcygate”

Acostumbrada a lidiar con la perenne sospecha de su falta de independencia respecto al Gobierno de turno, la Fiscalía debe ahora sobreponerse, además, al recelo -cuando no abierta desconfianza- que genera cualquier decisión del Ministerio Público respecto al Gobierno y sus socios desde que Dolores Delgado, ministra de Justicia con Pedro Sánchez, se convirtió sin solución de continuidad en fiscal general del Estado el pasado febrero.

Unos pocos meses antes de su designación, aquellos imponderables asumidos en su día por el también fiscal general Conde-Pumpido -sobre la imposibilidad de evitar ensuciarse la toga con “el polvo del camino”- ya habían sido explicitados de forma mucho menos poética por el presidente en aquel lapsus radiofónico en el que enunció el eslogan más pernicioso para la credibilidad de la institución: que la Fiscalía depende del Gobierno.

Como ministra de Justicia, Delgado acordó la sustitución del abogado del Estado de la causa del “procés” -Edmundo Bal, ahora portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, que se negó a retirar la acusación de rebelión- en unas fechas en las que los socios independentistas de Sánchez reclamaban “gestos” al Ejecutivo para sentarse a negociar los Presupuestos. Semanas antes, la publicación de las conversaciones mantenidas con el comisario Villarejo en una comida en octubre de 2009 -a la que también asistieron el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y otros tres mandos policiales- puso contra las cuerdas a la titular de Justicia, que había negado cualquier relación personal o profesional con el ex mando policial.

Todavía como ministra, Delgado reprochó al PP en el Congreso estar acostumbrado a dar “instrucciones y recomendaciones a los fiscales” y defendió que el Gobierno socialista “jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía”, una afirmación que ahora le sobrevuela cada vez que el Ministerio Público tiene que pronunciarse sobre asuntos relacionados con el Ejecutivo.

El último, el “delcygate”, la reunión casi furtiva del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en Barajas en enero de 2020 mientras su avión hacía una escala en el aeropuerto madrileño camino de Turquía. La “número dos” de Nicolás Maduro tiene prohibida la entrada en el espacio Schengen por las sanciones de la Unión Europea a once altos cargos de la Administración bolivariana en junio de 2018 al considerarlos responsables de “violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela”. Ábalos se justificó asegurando que se vio con la vicepresidenta de Maduro para cerciorarse de que no pisaba territorio Schengen, pero tanto Vox como el partido Laócrata denunciaron al ministro socialista -excompañero de Delgado en el Gobierno de Sánchez- ante el Tribunal Supremo.

La decisión de la Fiscalía se ha conocido hace solo unos días en un escrito en el que se opone a que se investigue a Ábalos por prevaricación porque no advierte indicios de que adoptara una resolución arbitraria e injusta al respecto, limitando su actuación al ámbito “estrictamente diplomático”. “Al parecer”, sostiene, Delcy Rodríguez, no llegó a pisar suelo español y se mantuvo “en la zona de tránsito hasta que partió en avión con destino fuera del espacio europeo”.

Eso sí, solo unos días antes, en medio del inagotable enfrentamiento entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, el Ministerio Público pidió el archivo de la querella contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por su gestión en las residencias durante la pandemia al descartar que se le pueda investigar por homicidio imprudente y trato vejatorio.

El futuro procesal de Iglesias

Pero si hay un pronunciamiento que afecta al Gobierno que se espera con expectación ése es el que determinará el futuro procesal el vicepresidente segundo Pablo Iglesias después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón pidiese su imputación por delitos de denuncia falsa, daños informáticos y revelación de secretos por el “caso Dina”. Y es que según el magistrado el líder de Podemos instrumentalizó la investigación sobre el robo a su ex asesora Dina Bousselham y la posterior publicación de sus conversaciones con dirigentes de Podemos -entre ellas una en la que Iglesias aseguraba que “azotaría” hasta que sangrara a la periodista Mariló Montero- para sacar rédito electoral presentándose como «víctima» de una persecución política orquestada por las «cloacas del Estado» y ejecutada por el comisario Villarejo por encargo del PP.

La Fiscalía aún no se ha pronunciado, pero esta misma semana la fiscal del Tribunal Supremo Pilar Fernández Valcarce, que es la encargada de redactar el informe sobre Iglesias, se ha reunido con ocho fiscales de las dos secciones de lo Penal del Alto Tribunal para debatir el asunto y lo volverán a hacer la próxima semana para analizar si los indicios del juez contra el líder de Podemos son suficientes para que el Supremo le investigue y pida su suplicatorio al Congreso.

Desde la mayoritaria Asociación de Fiscales, la presencia de Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado ha suscitado también duras críticas en las últimas semanas. La más contundente, a raíz de la denuncia del “número dos” de la Fiscalía, Luis Navajas, de que dos de los cuatro fiscales de la causa del “procés” -la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal y Fidel Cadena- habrían intentado influirle en su informe sobre las querellas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia, cuyo archivo pidió al no ver indicios de delito. La asociación denunció entonces la situación de “descrédito” que en su opinión atraviesa la Fiscalía por “el nombramiento, sin solución de continuidad, de la diputada del PSOE y ministra de Justicia, como fiscal general” y el “silencio cómplice” de Delgado tras los ataques del teniente fiscal del Supremo a sus compañeros.

La petición de archivo de la veintena de querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia de coronavirus no ha sido la única en la que la Fiscalía que dirige la ex ministra de Sánchez se ha tenido que pronunciar sobre asuntos que afectan de lleno al Gobierno. Ya lo hizo en el “caso Dina” con Pablo Iglesias, cuando Anticorrupción pidió al juez sin éxito el pasado mayo que Dina Bousselham compareciera en la Audiencia Nacional para escenificar su perdón a su antiguo jefe, dado que el delito de revelación de secretos requiere de denuncia de la persona agraviada, y le exculpara de la destrucción de la tarjeta SIM de su móvil. Lejos de eso, García Castellón expulsó al líder de Podemos de la causa –donde estaba personado como perjudicado, aunque la Sala de lo Penal le obligó después a rectificar– y acabó pidiendo su imputación al Tribunal Supremo.

En el “caso Dina” la Fiscalía se vio salpicada, además, tras conocerse los vínculos de uno de los fiscales Anticorrupción del caso, Ignacio Stampa, con la abogada de Podemos, que llevaron a la Fiscalía de Madrid a abrir una investigación y que han provocado incluso que Delgado aparte a Stampa de Anticorrupción con el respaldo unánime del Consejo Fiscal.

No a la “caja B” de Podemos

La investigación judicial sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, socio de coalición del Gobierno de Sánchez, también ha obligado a la Fiscalía a pronunciarse sobre una causa en la que está imputado como persona jurídica el partido de Pablo Iglesias. Primero, lo hizo acotando la investigación a los contratos supuestamente de carácter electoral con la consultora Neurona de cara a las elecciones del 28-A de 2019. El resto de denuncias del ex abogado morado José Manuel Calvente (sobre el pago de sobresueldos o la presunta “caja B”) las consideró meros «rumores, sospechas o suspicacias» o fruto de la "clara animadversión» del letrado hacia Podemos. Y, recientemente, dejando claro que no ve indicios de financiación ilegal pese a respaldar que Podemos siga imputado para garantizar su derecho de defensa.

Más lejos en el tiempo, pero no menos determinante, fue el posicionamiento de la Fiscalía pidiendo el archivo de la investigación por prevaricación contra el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco por autorizar las marchas del 8-M pese a la situación sanitaria, que finalmente acordó la juez Carmen Rodríguez-Medel después de que la abogada del Estado Rosa María Seoane (la misma que sustituyó a Edmundo Bal en el juicio del “procés”) le reprochase su "búsqueda voraz de indicios» contra el Gobierno.