El juez propone juzgar a Ignacio González por la adjudicación del tren a Navalcarnero

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el “caso Lezo”, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el presunto pelotazo del tren de Navalcarnero, según explican a LA RAZÓN fuentes jurídicas.

Se trata en concreto de la pieza número tres de este caso de corrupción, en el que se investigan los hechos relacionados con la adjudicación en 2007 al Grupo OHL del contrato del ferrocarril entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero.

En consonancia con la petición de la Fiscalía anticorrupción, el magistrado procede contra González, pero también contra Javier López Madrid, Rafael Arturo Martín de Nicolás, Ildefonso de Miguel y Felicísimo Damián Ramos por delitos, según los casos, de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.

Un plan de López Madrid

En el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción de la pieza número tres de este caso, el magistrado confirma la investigación del ministerio público, que asegura que la adjudicación de este contrato obedeció presuntamente a un plan ideado por los investigados Javier López Madrid – consejero de OHL– y Rafael Arturo Martín de Nicolás ‒consejero director general de Construcción Nacional de la constructora‒. Este propósito consistió, según la acusación, en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado del contrato.

Para lograr su plan, siempre según el relato del Ministerio Fiscal, López Madrid y Martín de Nicolás destinaron 2,5 millones de dólares (1,8 millones de euros) al abono de una comisión “ilícita” entre cuyos beneficiarios se encontraban los investigados Ildefonso de Miguel ‒director gerente del Canal de Isabel II‒ e Ignacio González ‒vicepresidente de la Comunidad de Madrid‒.

Villar Mir

García Castellón ha decidido archivar la causa contra el máximo accionista de OHL, Juan Miguel Villar Mir, pero también contra el empresario Tomás García Madrid y el ex cargo de la Comunidad de Madrid Jesús Trabada Guijarro, al no apreciar indicios suficientes de delito en su actuación.