¿Es necesario regular los mensajes de odio en la red como quiere Podemos?

La pasada semana, en el seno de la Comisión de Interior del Congreso, se dio luz verde a una proposición no de ley de Unidas Podemos que pone el foco en la eliminación de mensajes de odio de las redes sociales. La iniciativa, que fue rechazada por los populares y Vox, no convence a los expertos en derecho consultados por LA RAZÓN. En concreto, el texto presentado pide al Gobierno que tome medidas para agilizar que las plataformas digitales supriman el contenido que incite al odio o a la violencia. Es decir, tal y como señalan los expertos, se insta a las compañías tecnológicas a que ejerzan de jueces.

En concreto, la proposición de ley pide que se garantice que los usuarios de “empresas TIC” tengan información sobre cómo denunciar contenidos que inciten al odio y se simplifique los mecanismo para realizar este tipo de denuncias en solo 24 horas y una hora si se trata de menores.

Ofelia Tejerina, profesora de Derecho de Comillas ICADE y experta en Derecho Informático lo tiene claro: " hay un articulo concreto en el código penal para regular el delito de odio en las redes, además extenso".

En concreto, está desarrollado en el Código Penal, artículo 510. Dice literalmente que se define como “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Además, de lo que señala el Código Penal, “hay varias sentencias qué definen qué puede ser considerado delito de odio”. En este sentido, recuerda que , “un arranque de mal gusto en el que dijeras una bobada”, no puede considerarse un mensaje de odio. Más allá de la definición, la experta hacer hincapié en otro aspecto: el principio de mínima intervención. “En derecho penal, en general, se intervine cuando es estrictamente necesario, es decir cuando los asuntos son graves”. Además, recuerda la necesidad de que sean los jueces y no las empresas privadas quienes “ponderen entre libertad de expresión, información o una injuria”. No en vano, hay que recordar que actos ofensivos como quemar la foto del Rey no es considerado delito.

La experta advierte de un aspecto que no es baladí: “Cada vez por ley se está dando una mayor responsabilidad al sector” de las teologías. Según señala, “empezó siendo una colaboración entre el sector público y privado, pero cada vez más se está convirtiendo a las empresas privadas en autoridades competentes para determinar cuando algo es legal o algo es ilegal” en detrimento de los jueces. En definitiva, según la experta, con este tipo de regulaciones “lo que estamos haciendo de forma velada, es darle poder para decidir lo que podemos ver o no”, ya que ante la duda censuran el contenido que quieren. En cierto modo, de esta manera las empresas tecnológicas tienen el poder de elegir qué podemos ver y que no.

En su opinión comentarios como “marqueses de Galapagar” no es un mensaje de odio, “puede ser ofensivo” y advierte de que cuando los político empiezan a cambiar leyes, “tiene doble rasero según les convenga. Las leyes no se pueden cambiar al gusto del consumidor”, concluye.

La oposición, en contra

El Congreso aprobó la propuesta de Podemos con el respaldo del PSOE y Esquerra Republicana (ERC) mientras que el PP, Vox y Ciudadanos cargaron contra la misma acusando a los de Pablo Iglesias de pretender “atentar” contra la libertad de expresión. “Quieren implantar una Inquisición laica contra todo aquello que rompe sus esquemas ideológicos”, manifestó hace una semana el diputado de Vox Manuel Mariscal.

El popular Eloy Suárez la tachó de “disparate” que los adalides de “lo público” pretendan que las empresas tecnológicas privadas, y no los jueces, decidan sobre lo que está bien o mal en las redes sociales y que además sea Podemos, el partido que “ha señalado domicilios de jueces y diputados para escraches”, los que promuevan ahora esta iniciativa.