«Josu Ternera», una mudanza sin teléfono fijo ni móvil

A «Josu Ternera» le ha pillado en plena mudanza la decisión de la Justicia francesa de autorizar de forma definitiva su entrega a España por una de las cuatro causas por las que está reclamado. El histórico exdirigente de ETA está en libertad desde que el pasado julio el Tribunal de Apelación de París le permitiera salir de la prisión de la Santé a la espera de que se vayan resolviendo las demandas españolas pendientes para sentarle en el banquillo.

Hace solo unos días, el tribunal francés le permitió cambiarse de domicilio para sortear la presión mediática. En busca de una mayor privacidad, José Antonio Urrutikoetxea tiene previsto trasladarse esta misma semana –según ha podido saber LA RAZÓN– a su nuevo hogar parisino, un convento donde un sacerdote amigo le ha ofrecido una habitación en alquiler.

Allí, el ya septuagenario «Josu Ternera» seguirá sin tener teléfono fijo ni móvil, como suele –una rutina que sobrevive a sus muchos años en paradero desconocido fugado de la Justicia– y no podrá salir de casa salvo en los horarios estipulados por el tribunal. Y lo hará siempre con una pulsera telemática en el tobillo que permite su localización en cualquier momento, una de las medidas que le impuso el tribunal para evitar una nueva fuga.

El exjefe de ETA está «tranquilo» según fuentes de su entorno. Sabe que para que se produzca su regreso a España aún tendrán que pasar muchos meses. Tiene todavía dos juicios pendientes en el país vecino y el primero se celebrará, como muy pronto, en junio del próximo año. Ya ha sufrido dos aplazamientos (el último por problemas en las citaciones judiciales) y pueden no ser los últimos.

Urrutikoetxea ya fue condenado, pero ambos juicios se celebraron en su ausencia mientras estaba huido –fue detenido en mayo del pasado año en la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses– y ahora su defensa se ha acogido a su derecho a que se repitan. Hasta que no rinda cuentas con la Justicia gala, «Josu Ternera» no se moverá del país vecino, por lo que fuentes jurídicas apuntan que no será entregado antes de 2022.

Las circunstancias que rodearán su regreso a España presentan, no obstante, un puñado de incógnitas. Si finalmente la Justicia francesa confirma las condenas de prisión en alguna de esas causas (en una de ellas se le impuso una pena de siete años de cárcel por asociación de malhechores), la entrega temporal del exjefe de ETA a nuestro país implicaría –al tratarse de un preso cumpliendo condena– su ingreso en prisión, que solo abandonaría en furgón policial para trasladarse a las sesiones de la vista oral. Muy distinto sería si resultase absuelto en Francia, en cuyo caso, al estar en libertad en el marco de los procedimientos para su entrega, la decisión final correspondería a la Audiencia Nacional.

Por el momento, el exdirigente terrorista ha salido airoso de una de las causas por las que España le reclamaba –seguramente la que más le preocupaba–, pues Francia rechazó la petición española para que sea juzgado por lesa humanidad por su supuesta responsabilidad en los atentados mortales cometidos por ETA durante su jefatura. Sin embargo, hace unos días la Corte de Casación gala ratificó la decisión del Tribunal de Apelación de París de entregarlo de forma temporal (tras el juicio volvería a territorio galo en caso de que esté cumpliendo condena allí) para que la Audiencia Nacional le juzgue por integración en organización terrorista por la financiación de ETA a través de las «herriko tabernas», los locales sociales de la ilegalizada Batasuna.

Autorizada también está la demanda de entrega temporal por el atentado en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza en el que murieron once personas, cinco de ellas niños, pero a diferencia de lo que sucede con el caso de las «herrikos» esta decisión aún no es definitiva y está a la espera de que se pronuncie al respecto la Corte de Casación, ante la que recurrieron los abogados de «Josu Ternera». Sobre el último procedimiento –el asesinato de un tiro en la nuca del directivo de Michelín Luis María Hergueta en Vitoria el 25 de junio de 1980– la Justicia francesa no se ha pronunciado aún.

En estos dos últimos casos, al tratarse de atentados cometidos antes del 1 de noviembre de 1993, fecha de entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea que establece la OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) en materia de cooperación judicial, Francia tramita esas peticiones como demandas de extradición, un procedimiento más farragoso que suele demorarse más tiempo y que no contempla, a diferencia de lo que ocurre con las OEDE, la entrega temporal.

Tras ser detenido, «Josu Ternera» negó al magistrado francés Christophe Seys haber estado en la clandestinidad desde 2002 –cuando se dio a la fuga para sortear su declaración como imputado en el Tribunal Supremo en la causa por el atentado contra la casa cuartel en Zaragoza– y afirmó que se encontraba «implicado activamente» en el «proceso de paz», en referencia a sus encuentros con el socialista Jesús Eguiguren en Ginebra y Oslo en 2005. Incluso esgrimió sin éxito sus «contactos con las altas esferas de poder» por su papel como negociador.

De hecho, en su recurso ante la Corte de Casación para intentar que frenara su entrega a España por la causa de las «herriko tabernas», su defensa volvió a plantear que la Audiencia Nacional le reclama por «motivos políticos», un argumento que la Sala rechazó al considerarlo carente de fundamento, recordándole además que en el auto de procesamiento se relacionan «las actividades de ETA y su estructura organizativa», «el número de víctimas de los ataques atribuidos a esta organización» terrorista y «su participación en reuniones» de la banda criminal, «donde desde el 14 de enero de 1999 ocupó un cargo directivo». La demanda de entrega cursada por la Justicia española para sentarle en el banquillo, concluía el tribunal, «no fue emitida con el propósito de condenar a una persona por sus opiniones políticas».