El Parlamento Europeo investigará si Sánchez vulneró las sanciones europeas con la visita de Delcy a Barajas

PSOE y Podemos han tratado de bloquear la apertura de la petición amparándose en que Borrell ya rechazó que hubiese motivos para abrir un expediente de infracción

Varios empleados del Parlamento Europeo apuntalan los últimos detalles del hemiciclo antes de una sesión plenaria en BélgicaOLIVIER HOSLETEFE

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo seguirá investigando la posible vulneración de las sanciones europeas en el conocido como “Delcygate” e incluso enviará una carta al ejecutivo español para pedirle explicaciones. Además, esta comisión también enviará sendas misivas al ejecutivo comunitario y la presidencia semestral alemana.

De esta manera el Parlamento Europeo pedirá explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez sobre el encuentro en suelo europeo, en Madrid, de la vicepresidenta venezolana y del ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, en el mes de enero. La Comisión quiere saber qué medidas adoptó Moncloa para evitar la entrada en el territorio español, y por tanto comunitario, de una persona como Delcy Rodriguez sobre la que pesaba una prohibición expresa al respecto. La número dos de Maduro está incluida en la lista de 36 dirigentes venezolanos sancionados por violaciones de los derechos humanos.

El traslado de la petición ha tenido lugar gracias al posicionamiento a favor de PP y de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, mientras que PSOE y Podemos han rechazado que la petición siguiera su curso en Europa. Tras el debate, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, ha concluido que este asunto requiere seguir siendo investigando.

La Comisión de Peticiones también se dirigirá por carta, para recabar su opinión, a la Comisión Europea, que es, ha dicho Montserrat, “competente para asegurar el cumplimiento del derecho de la UE, de manera que recabe toda la información disponible para conocer que pasó”, y también al gobierno alemán, que este semestre ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y es por tanto responsable del grupo de sanciones del órgano Relex comunitario. Según fuentes europeas, los órganos citados deberán contestar entre un periodo de tres y cuatro meses, como cortesía parlamentaria.

Es un debate que se ha cursado gracias a la petición de una ciudadana con nacionalidad española a fecha de 13 de noviembre de 2017, relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela, y en el que se ha incluido el “delcygate”, debido a la actualidad. Es un debate sin efectos vinculantes pero que sí permite trasladar al gobierno español presión por parte de las fuerzas políticas europeas.

Desde el PP, sus eurodiputados han pedido explicaciones a la Comisión Europea y al Consejo de la UE y han calificado de “grave” que no se tomen medidas para cumplir con las sanciones. En palabras del eurodiputado Leopoldo López Gil, es “aún más grave” que esa actuación no haya tenido respuesta por parte de Bruselas porque “se puede interpretar como luz verde de las instituciones europeas a la falta de voluntad jurídica de los estados miembros de aplicar la restricción de viajes” a las personas afectadas por las sanciones, como Delcy Rodríguez.

Por su parte, la eurodiputada del PP Isabel Benjumea ha asegurado que “la Comisión Europea y el Consejo de la UE tienen la obligación de dar explicaciones y de exigir a España que dé explicaciones porque lo que ocurrió es que se violó un acuerdo de la UE de prohibir que Rodríguez pudiera entrar en territorio de la UE”.

Durante el debate, desde Ciudadanos, el eurodiputado Jordi Cañas ha aplaudido la decisión del PE de seguir investigando el “Delcygate” y ha cargado contra el PSOE por intentar eludir responsabilidades. El europarlamentario naranja ha cargado contra todo intento de blanqueo del régimen dictatorial de Nicolás Maduro y contra el Gobierno de PSOE-Podemos por haber dejado entrar en España a Rodríguez, “violando las sanciones acordadas por la Unión contra el gobierno venezolano entre las que figura la prohibición de entrar en el espacio europeo Schengen”.

Cañas ha respaldado que el Parlamento investigue el caso “porque ha quedado acreditado que el Gobierno de España permitió que se violase la decisión de la UE de impedir a determinados miembros del gobierno dictatorial de Venezuela pisar territorio Schengen”. También ha censurado que la Comisión Europea no haya investigado ya el asunto ni pedido información a España. La Comisión “no puede mirar a otro lado”, ha dicho Cañas.

Desde Unidas Podemos, su eurodiputada Sira Rigo explicó a LA RAZÓN, que su posición era la de rechazar la petición "tal y como ha venido diciendo la Comisión Europea con el Alto representante Borrell a la cabeza, no hay motivos para abrir ningún expediente de infracción a España”. Según refrenda la eurodiputada, “lo llevaron a un pleno y fracasaron”. Según explica la eurodiputada, la Comisión de Peticiones “no es competente” en esta materia y opina que el bloque de la derecha, PP, Vox y Cs, utilizan “las instituciones europeas para desestabilizar al Gobierno de coalición”. Asegura que, este tema “salvo a ellos, a nadie le parece relevante en Europa”.

Delcy Rodríguez llegó a Madrid procedente de Venezuela el 20 de enero de este año, estuvo en la sala VIP de la terminal de autoridades del aeropuerto, se reunió con el ministro José Luis Ábalos y se marchó en un vuelo comercial con destino a Doha. Jordi Cañas logró en febrero que el asunto entrara a debate en el Pleno del Parlamento Europeo, en el que Josep Borrell negó que la Comisión Europea pueda sancionar a España por este motivo, postura que ha vuelto a mantener hoy el ejecutivo comunitario.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, es una de las 36 personalidades del régimen de Maduro que tienen prohibida la entrada en el territorio europeo ( lo que incluye también el tránsito) y cuyos bienes también han sido congelados. Estas sanciones han sido impuestas por los Veintisiete por unanimidad y corresponde a cada país vigilar que estos castigos se cumplen en su territorio. Tras la reunión entre Rodríguez y el ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, la Comisión Europea se limitó a echar balones fuera y señalar que la responsabilidad de la puesta en marcha de los castigos corresponde al Gobierno español.

La UE no tiene competencias en política exterior y, por eso, cualquier decisión requiere la unanimidad de las cancillerías europeas. Precisamente, esta regla que muchas veces bloquea los debates europeos implica que el ejecutivo comunitario no tenga potestad para abrir un procedimiento de infracción a ningún país ante la posible vulneración de sanciones. Una facultad de la que Bruselas sí dispone para otro tipo de violaciones de las leyes comunitarias. Corresponde al Servicio de Acción Exterior asegurarse de la aplicación homogénea de estas sanciones en todos los países europeos, pero hasta el momento no ha trascendido que ningún socio comunitario haya pedido a España ningún tipo de explicación. El máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ya compareció en la sesión plenaria del Parlamento Europeo antes las protestas de las fuerzas políticas españolas y se limitó a señalar la falta de competencias del ejecutivo comunitario en esta cuestión.