Podemos quiere a los líderes del 1-O libres antes de las elecciones catalanas

Presiona al PSOE para reformar ya el delito de sedición y asegurar con ERC el tripartito

Podemos quiere meter el acelerador y obligar al Gobierno a que la reforma del delito de sedición se encuentre lista antes de las elecciones catalanas. Su prioridad es que de cara a la campaña electoral autonómica los líderes independentistas hoy en prisión puedan participar en ella y así mover el voto independentista para el 14 de febrero con el fin de lograr un tripartito de izquierdas y apoyado en ERC para avanzar hacia un futuro referéndum en el largo plazo. Vestir este movimiento también como un logro morado de cara a las urnas, como un primer objetivo, pero con un segundo movimiento de fondo, que es hacer de hilo conductor para tejer un tripartito con los resultados electorales catalanes. Desde Moncloa ven con buenos ojos un gobierno a tres PSC-ERC-Comunes –tras comprobar el desgaste que otorgan las encuestas a Ciudadanos– pero son conscientes de que para ello, los republicanos deben dar el portazo final a Junts Per Catalunya, pues los estudios demoscópicos dan todavía viabilidad a un nuevo Govern JxCAT-ERC. Para este movimiento es imprescindible la acción del partido morado, como «pegamento» con los republicanos e interlocutor.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, es el hombre puente con el mundo del independentismo y sus conversaciones con ERC son constantes en este sentido, de cara al nuevo gobierno que se pueda formar tras los comicios catalanes. Desbancar al partido de Carles Puigdemont del Parlament es la prioridad y es por ello que la presión sobre el Gobierno es inmensa en este sentido con el objetivo de que aceleren ya la reforma del delito de sedición y la tramitación de los indultos. Presentarlo como un hecho comprobado ante un ERC que no confía en el PSOE y lograr con este gesto que éstos se desvinculen por completo de la otra fuerza independentista. Además, ERC también podría beneficiarse de ello –ante una posible remontada de JxCAT en las elecciones– al argumentar ante sus votantes que su negociación con el Gobierno central da frutos.

De hecho, este mismo domingo Jaume Asens ahondó en su estrategia de presión ante el Gobierno y aseguró en una entrevista a «La Vanguardia» que es el momento de que el PSOE pase «de las palabras y el compromiso público a los hechos». «Ha llegado la hora de la verdad», sentenció. En su opinión su partido «está empujando» a los socialistas para que la reforma del delito de sedición tenga lugar antes de los comicios catalanes. «Hay que hacerlo con la máxima urgencia y que los líderes encarcelados estén en libertad y participando en la campaña electoral», sentenció. Unidas Podemos se ve optimista en que «en tres o cuatro meses» sería posible, pasando por los trámites previos. Asegura que, además ya lo ha hablado personalmente en el seno del Gobierno de coalición y con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pero de momento el avance hacia la reforma es lento. La desjucialización es la única vía por la que apuestan para «desbloquear el conflicto en Cataluña».

Desde Podemos llevan trabajando meses en la letra pequeña de la reforma y las conversaciones con el PSOE han sido constantes. Los morados quieren que en la reforma del Código Penal se ajuste tanto la revisión de los delitos de sedición y rebelión como una rebaja de las penas. En cuanto a los indultos, creen que deberían ir por dos vías paralelas, para que «si una no es suficiente para la libertad de los presos, la otra lo subsane».

El Gobierno se comprometió en su investidura en enero con el mundo independentista a revisar los delitos de sedición y rebelión. En palabras del presidente del Gobierno es «un compromiso firme». Entonces argumentó que «algunas sentencias», en referencia a Estrasburgo, «nos han dicho cuáles son los déficits de nuestro Código Penal cuando hablamos de este tipo de delitos. Nuestro compromiso es actualizar, modernizar y revisar estos delitos vía modificación del Código Penal», sentenció. También lo hizo este mismo mes de septiembre el ministro de Justicia en sede parlamentaria, cuando anunció que arrancaría el trámite parlamentario para dar luz a la rebaja de penas y la puerta abierta a los indultos. Un anuncio que se entendió entonces como un guiño a los Presupuestos Generales del Estado para convencer a los socios, pero de momento el trabajo jurídico no es público y según la versión morada continúa paralizado.